El Tratado de Libre Comercio con Canadá, caballo de Troya de las multinacionales en Europa

Nuevas dosis de opacidad y nuevas ventajas para las empresas frente a los estados son, grosso modo, las claves del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, según el informe de varios organismos internacionales, Vendiendo la Democracia, que ha visto la luz este mismo miércoles.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, alerta de que el polémico CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), no sólo servirá para reducir aranceles, como se empeñan en recordar sus promotores, sino que además brindará nuevos poderes a las multinacionales, y servirá como campo de pruebas de lo que vendrá después: el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Bruselas, el polémico TTIP, que la UE negocia con sigilo, impermeable a las críticas de fuerzas políticas y organizaciones sociales que alertan sobre sus peligros, y sobre el excesivo peso de las multinacionales en las negociaciones.

A mediados de los 90 apenas había constancia de una docena de demandas de empresas a estados; a finales de 2013 eran 568

Ambos acuerdos son similares en esencia, e incorporan un mecanismo de protección de inversiones (ISDS), que permitirá a las empresas denunciar a los estados en los que realicen inversiones, en caso de que estos países apliquen cambios normativos que a juicio de las empresas perjudiquen a sus inversiones. Sin embargo, el acuerdo con Canadá va un paso más allá, y también recoge el derecho de las empresas a denunciar a los estados de verse perjudicadas las "expectativas legítimas" sobre sus inversiones, en virtud de una "cláusula de trato justo y equitativo". Por no hablar de la suerte de cláusula zombie que incorpora el CETA, y que permitirá a las multinacionales seguir demandando a los países en los que inviertan 20 años después de disolverse esta alianza.

El mecanismo ISDS sólo permite que las empresas denuncien, no los estados. En vez de recurrir a los tribunales nacionales, las corporaciones acuden a tribunales arbitrales, que zanjan con laudos irrevocables estos litigios. Las disputas suelen durar años, y obligan a los estados a afrontar costes millonarios, ganen o pierdan. Según el estudio, la inclusión de este mecanismo sirve para conceder aún más poder a las empresas, mientras los estados se enfrentan a árbitros que actúan "con una clara tendencia a interpretar las leyes en favor de los inversores". 

Si las empresas no se ponen de acuerdo con los estados para designar a los árbitros, la pelota pasa al tejado del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID), dependiente del Banco Mundial. Para los autores del documento, esto supone "dejar al zorro vigilando el corral de las gallinas", en un sistema en el que ya contemplan el "conflicto de intereses de los árbitros", que cuentan con potestad para decidir qué demandas admitir, aunque sean "frívolas o infundadas", y no pueden ser juzgados por las decisiones que adopten en estos procesos -cualquier juez puede ser condenado por prevaricación, pero no estos árbitros-.  Por todo ello, el estudio considera el ISDS un arma contra los estados, que en muchas ocasiones les condiciona, impidiéndoles aplicar cambios normativos por temor a las denuncias de las multinacionales.

Los estados dedican una media de seis millones de euros a costear estos procesos, que suelen durar años

Las cifras hablan por sí solas: frente a la docena de demandas de empresas a estados documentadas a mediados de los 90, en 2013 ya eran más de 568, por lo que también ha crecido el número de estados que se oponen a incluir el ISDS en sus alianzas comerciales. El hecho de que tanto la UE como Canadá cuenten con sistemas judiciales sólidos es otro de los argumentos del estudio, que considera totalmente innecesario recurrir a los tribunales arbitrales.

En su análisis, el documento se remite a los datos del acuerdo entre Canadá, EEUU y México (NAFTA), para recordar que Ottawa ha perdido o se ha visto obligada a llegar a acuerdos en seis de los 35 casos en los que ha sido demandada por empresas estadounidenses o mexicanas, por lo que ha tenido que gastar más de 142 millones de euros en compensar a las multinacionales, gastos procesales aparte.

Los abogados especializados más cotizados cobran hasta 800 euros por hora, y los árbitros se embolsan cerca de 2.400 euros por día de trabajo sin contar con dietas, transporte y alojamiento. De hecho, como denuncia un estudio reciente, los estados dedican seis millones de euros de media a costear estos procesos, que acostumbran a dilatarse durante años. Es un negocio en manos de unas pocas empresas europeas y estadounidenses, que concentran la inmensa mayoría de estos lucrativos casos.

En los arbitrajes, los abogados cobran hasta 800 euros por hora, y los árbitros cerca de 2.400 por día, sin contar con las dietas

Vendiendo la Democracia: Cómo las reglas de protección de inversiones del CETA amenazan los servicios públicos en Canadá y en la UE es el último informe publicado por más de una docena de organizaciones canadienses y europeas, como el Transnational Institute, el Observatorio Corporativo Europeo o el Centro Canadiense de Alternativas Políticas: organizaciones sociales, think tanks y ONGs que concluyen su análisis pidiendo a los legisladores que renuncien a incluir el ISDS en el tratado con Canadá, pero también en alianzas como el TTIP.

Alianzas que, en palabras de Pia Eberhardt, coautora del informe, son "arriesgadas y muy peligrosas". La investigadora del Observatorio Corporativo Europeo denuncia a Público la actitud de las autoridades europeas, que responden a las críticas con "propaganda" y se empeñan en seguir adelante con acuerdos como el CETA o el TTIP, a pesar de que la oposición a este tipo de alianzas sigue creciendo.

Este lunes, en Madrid, el Parlamento Europeo celebró un seminario sobre el  TTIP en el que PP y PSOE volvieron a enumerar los supuestos beneficios que traerá el polémico acuerdo, sacudiéndose de paso las acusaciones de falta de transparencia en las negociaciones. Un acto de "propaganda" en opinión de Podemos, IU y Equo, que no fueron invitados al evento, y que denunciaron la falta de voces críticas en el encuentro.

Con el CETA, las filiales de multinacionales estadounidenses en Canadá también podrán demandar a los estados europeos

Florent Marcellesi, portavoz de Equo en la Eurocámara, comparó este lunes el acuerdo de Bruselas con Canadá y la alianza con EEUU, asegurando que el primero es "el hermano mayor del TTIP". Lo cierto es que las negociaciones del CETA también han sido tachadas de opacas, y el ISDS que incorpora es "aún más peligroso" que el del TTIP, como recuerda Eberhardt, pero esto sólo es la punta del iceberg. De hecho, los investigadores temen que el acuerdo con Ottawa sirva como una suerte de caballo de Troya de las multinacionales: el CETA no sólo será una alfombra roja para las empresas canadienses, sino que también podrá ser esgrimido por las filiales de multinacionales estadounidenses, que cuentan con un peso importante en la economía de Canadá.

En septiembre de este año, representantes europeos y canadienses escenificaron en Ottawa el fin de las negociaciones del tratado, pero no será hasta 2016 cuando comience a aplicarse, de ser ratificado por los 28.

Las fuerzas partidarias de estas alianzas sostienen que generarán riqueza y empleo, pero evitan leer la letra pequeña de estos acuerdos. Mientras, el número de detractores del CETA y el TTIP sigue creciendo, denunciando que estos tratados son la consagración del modelo neoliberal que tanto gusta a las élites económicas, y que restarán soberanía a los estados que los firmen.