El TiSA obligará a los Estados a hacer leyes que cumplan sus pactos secretos

Las leyes económicas que los Estados aprueben en el futuro vendrán impuestas por acuerdos secretos entre medio centenar de gobiernos aliados de EEUU y de la UE, sin que parlamentarios ni ciudadanos conozcan los verdaderos motivos por los que se legisla a favor de las grandes corporaciones multinacionales incluso cuando se está perjudicando los intereses públicos.

El TiSA restringe la capacidad del Gobierno para moldear el mercado

Es en el mismo Preámbulo del cuerpo central del TiSA, en el punto 3 del Artículo I-I sobre el Alcance de las Disposiciones Generales, donde se estipula: "En el cumplimiento de las obligaciones y compromisos bajo el Acuerdo, cada partícipe [país firmante del acuerdo] debe adoptar todas las medidas razonables a su disposición para asegurar su cumplimiento por los gobiernos regionales y locales y por las autoridades y organismos no gubernamentales dentro de su territorio".

Los proveedores de servicios no precisarán tener conexión ninguna con las personas o comunidades que dependen de ellos, ni compromiso o responsabilidad a largo plazo con esos países

En este cuerpo central del TiSA es donde se establecen las restricciones más extremas a la acción de los gobiernos de cada país firmante, porque el acuerdo secreto trata todos los servicios como mercancías comercializables y niega todas sus funciones sociales, culturales, mediambientales, laborales o de desarrollo. La gente no es considerada como ciudadanos o miembros de sus comunidades, sino simplemente como "consumidores".

TiSA barre de golpe con todos los derechos soberanos de los gobiernos , pues limita el empleo y alcance de todas las herramientas legales a su disposición, como leyes, regulaciones, reglamentos, procedimientos, decretos, decisiones administrativas

El conjunto de las normativas que se están negociando secretamente en el marco del TiSA barre de golpe con todos los derechos soberanos de los gobiernos en cuanto al crucial comercio de servicios, pues limita el empleo y alcance de prácticamente todas las herramientas legales a disposición del Ejecutivo, como leyes, regulaciones, reglamentos, procedimientos, decretos, decisiones administrativas y cualesquiera otra forma de regular el mercado.