¿Por qué siguen arriesgando sus vidas los inmigrantes para venir a España?
Vía libre para los deportistas
Publicidad
Actualizado:
“DRAMA: NAUFRAGIO frente a #BOJADOR, una #patera con 50 personas. Confirmando al menos 20 personas fallecidas #nomastragedias”. 180 caracteres daban la voz de alarma. Era 12 de mayo y la activista española Helena Maleno alertaba de una nueva barca a la deriva cerca del Sáhara Occidental, a unos 200 kilómetros de la isla de Gran Canaria. La noticia no tardó en confirmarse. Ese mismo día el mar devolvió a la costa africana dos de los cuerpos. Los demás fueron empujados por la marea varios días después. En total fueron 12 personas de Guinea Conakry, Camerún y Costa de Marfil, entre ellos tres niños. Doce que, a pesar de haber sido enterrados sin nombres ni apellidos, tenían una identidad y un motivo para querer arriesgar sus vidas hasta el punto de perderlas: no podían llegar a España de otra forma.
Publicidad
Vía libre para los deportistas
El problema son los requisitos. Para conseguir una autorización de residencia temporal y trabajo que te permita llegar cómodamente en avión a España es imprescindible que un empresario o entidad española te haga un contrato en origen. Primera barrera. Es difícil que hoy, sobre los escombros de una burbuja inmobiliaria dinamitada, y con un 19,8% de paro alguien se decida a buscar mano de obra fuera. No obstante, el verdadero rodillo es el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. La ley especifica que la contratación de personal extranjero solo será posible si “la situación nacional del empleo lo permite”. Esto es, si el trabajo que se quiere desempeñar está dentro del catálogo de oficios que el Servicio Público de Empleo publica cada trimestre. No hay más que fijarse en la lista actual para comprobar qué tipo de migrantes trabajadores necesita nuestro país: Algunos técnicos de marina mercante y, fundamentalmente, deportistas profesionales y entrenadores deportivos. Para ellos sí se dejan todas las puertas abiertas.
Ciudadanos invisibles
Son las once de la mañana y ya hay cola en el 140 de la calle Santa Engracia. Es la sede principal en Madrid de la ONG Karibú - “Bienvenido” en swahili- dedicada desde 1990 a la atención y asistencia humanitaria de personas africanas afincadas en España. Ahora toca reparto de alimentos, en los carritos introducen leche, arroz, pasta, aceite y tomate. La cesta básica de la compra. Pero su labor abarca muchos más ámbitos: legal, formativo, sanitario. Atienden entre cinco y seis mil personas al año y sus listas de inscritos son un termómetro social de la realidad africana. En los 90 procedían de Angola, Ruanda, Costa de Marfil. Ahora la mayoría llega desde Etiopía, Somalia o Camerún. Todos tienen algo en común, lo hicieron sin papeles. “Conseguir llegar aquí no es regalo, ni solución”, insiste Antonio Díaz, director de Karibú. Él empezó a ayudar a estas personas cuando, como el mismo dice, “todavía el Gobierno ni siquiera se había enterado de que había africanos en España”. Por eso sabe bien que venir como irregular implica seguir siéndolo durante al menos tres años más. Es el plazo que se exige para poder conseguir la residencia por arraigo. “Es muy difícil vivir tres años indocumentado, invisible, sin tener la desgracia de que te detengan en la calle. No podemos tener a personas en situación irregular tanto tiempo. Cuanto más pase, más riesgo tenemos de hacer sufrir a una persona”, critica Díaz.
El derecho a migrar
En noviembre de 2015, bajo la presión del éxodo de personas refugiadas en la ruta de los Balcanes y con la conciencia golpeada por la imagen de un niño sobre la arena, la Unión Europea convocaba en la ciudad de La Valeta (Malta) una cumbre para dialogar de una vez por todas sobre los nuevos retos de la migración. Jefes de Estado de gobierno africanos y europeos acordaron “organizar mejor los canales legales para llegar a Europa e intensificar la lucha contra las redes criminales de tráfico de personas”. De hecho, se comprometió la creación de un fondo de 1.800 millones de euros para hacer frente a las causas profundas de la migración irregular en África. Sin embargo, ocho meses después, los países socios apenas han aportado el 4,5% del dinero.
Publicidad