El Gobierno de Bukele en El Salvador hace gala de su política represiva con el traslado a prisión de 2.000 nuevos pandilleros

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado el traslado de 2.000 nuevos pandilleros a una prisión de alta seguridad construida en un valle rural a las afueras de la ciudad de Tecoluca, a 74 kilómetros al sur de la capital. El Gobierno del país centroamericano ha presentado este Centro de Confinamiento del Terrorismo como "la cárcel más grande de América". En su perfil de Twitter, el mandatario presume de su política represiva y alardea de tener encerrados a más de 4.000 hombres en el edificio "más criticado del mundo".

Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Con esto, ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. pic.twitter.com/A2oTUIYubW

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2023

Las imágenes que ha dejado el movimiento de reos están dando la vuelta al mundo. Hace poco más de un mes se produjo el primero de los traslados, que provocó la movilización de multitud de familiares de los detenidos a las afueras de los centros penitenciarios. Ahora, otros 2.000 salvadoreños son llevados al calabozo. En las fotografías, los pandilleros aparecen sentados en el suelo, con las cabezas rapadas y sus característicos tatuajes. Se distribuyen por filas, semidesnudos y apilados. Unas ilustraciones que, para algunos, recuerdan la dura realidad de los campos de concentración.

Bukele inauguró esta megacárcel con un claro objetivo: que nadie se pudiese escapar de allí. El recinto tiene unas 23 hectáreas y los muros se han levantado en tiempo récord. La oposición y las organizaciones de derechos humanos se han mostrado muy críticas con la violencia, la tortura y las persecuciones arbitrarias que está perpetrando el Ejecutivo del país.

Varios pandilleros son conducidos a una megaprisión aislada en un valle de El Salvador, en febrero de 2023. — Secretaría de Prensa de la Presidencia / Reuters

"Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población", ha señalado el dirigente salvadoreño después de anunciar el traslado. Aunque el populismo que promueve Bukele encuentra respaldo en la mayoría de la población, cansada de soportar períodos de extrema tensión, los expertos en la materia critican su postura. "Generar más cárceles nunca va a ser una respuesta integral a una situación de violencia", ha explicado Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, en unas declaraciones que recoge Página 12.

La estrategia del Gobierno nacional, más allá de pregonar vídeos e imágenes de los hechos, es bastante opaca. Las autoridades no aportan demasiada información y solo hacen referencia al recorrido histórico que la violencia ha tenido en el país. Los abusos de poder y la prorrogación del régimen de excepción que lleva vigente más de un año representan el modus operandi del equipo de Bukele. Entre las medidas que ha impulsado el dirigente, destaca la rebaja de 16 a 12 años de edad para imputar delitos penales a los niños vinculados a las pandillas.

Un grupo de hombres en una de las celdas del centro penitenciario. — Secretaría de Prensa de la Presidencia / Reuters

Las imágenes difundidas esta semana han despertado la preocupación de numerosos organismos. Los reos vivirán hacinados en celdas sin apenas iluminación. En los vídeos que ha hecho públicos el Ejecutivo se aprecian cientos de individuos vestidos con apenas un calzón blanco, con la cabeza baja y rostros de inquietud.

Más de 60.000 pandilleros entre rejas

Esta cárcel fue construida para recluir a los más de 64.000 pandilleros detenidos hasta el momento, bajo el paraguas del régimen de excepción decretado por el Congreso a petición de Bukele. Estas bandas, conocidas como maras, suelen utilizar recursos como la extorsión y las armas para cometer hechos delictivos que afectan a buena parte de la población. El centro penitenciario, formado por ocho pabellones, carece de patios y áreas de recreo. El objetivo del Gobierno es responder al exceso de violencia con más coacción, una decisión que la comunidad internacional no comparte y que las organizaciones humanitarias han condenado desde el principio.