Un total de 444 sospechosos de consumo y tráfico de drogas fueron asesinados en Filipinas en agosto en operaciones policiales como parte de la campaña antinarcóticos emprendida por el presidente, Rodrigo Duterte.

El dato se traduce en catorce muertes al día durante el pasado mes en estas redadas de la Policía, según datos oficiales de la Agencia Antidrogas de Filipinas (PDEA, en inglés).

Desde el arranque -el 1 de julio de 2016- de la conocida como "guerra contra las drogas" hasta el pasado 31 de agosto de este año, un total de 4.854 sospechosos han sido asesinados y 155.193 han sido arrestados en un total de 108.058 operaciones antidroga en todo el país.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Right Watch o Amnistía Internacional, elevan la cifra de muertos de la guerra antidrogas a 15.000 debido al clima de impunidad de la campaña, en la que también participan "vigilantes" o grupos vecinales armados.

Pocos en Filipinas creen a Duterte

Según la Policía, todas estas muertes en operaciones fueron personas que se enfrentaron a los agentes, aunque una encuesta publicada esta semana reveló que sólo el 27% de los filipinos cree ese argumento.

Un 26% considera que la Policía Nacional de Filipinas miente, mientras que un 47% está indeciso respecto a esa cuestión, según una encuesta publicada esta semana por la consultora privada Social Weather Survey (SWS).

El 96% de los filipinos declararon que es importante capturar vivos a los sospechosos para el éxito de la campaña antinarcóticos, que todavía goza del respaldo mayoritario del 78% de la población.

"Los filipinos aspiran a lograr una sociedad libre de crímenes al detener la propagación de la criminalidad y luchar contra el flagelo de las drogas", indicó sobre los resultados del sondeo el portavoz presidencial, Harry Roque.

Las operaciones antidrogas en estos dos años y dos meses han logrado hasta la fecha la confiscación de drogas ilegales y equipos de laboratorio por un valor de más de 24.000 millones de pesos (442 millones de dólares o 376 millones de euros), según la PDEA.