Los fantasmas de ‘shock’ de antaño por todo lo que rodea el periplo de Carles Puigdemont en Europa tras el 1-O regresaron la noche del jueves. Poco antes de la medianoche saltaba la noticia de que la policía italiana lo había detenido en la isla de Cerdeña cuando se disponía a participar en eventos con varios líderes municipales independistas sardos.

Todo el mundo se pregunta qué pasará ahora. Para ello es necesario remontarse al último verano. La sentencia clave de la detención es la que emitió el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado 30 de julio. El auto quitaba la inmunidad parlamentaria al ex presidente de la Generalitat y a los eurodiputados independentistas Toni Comín y Clara Ponsatí. 

Luxemburgo daba por hecho que las euroórdenes no iban a ejecutarse y, por lo tanto, estimaba que no había riesgo de detención. Pero 'de facto' solo blindaba los desplazamientos a Estrasburgo para que los eurodiputados pudiesen ejercer sus funciones públicas. La máxima instancia judicial europea alegaba que no estaba probado de que los eurodiputados catalanes corriesen el riesgo de ser detenidos. "Los diputados no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen (Bélgica)", afirma la sentencia.

La cuestión de fondo es que el equipo de Puigdemont defiende que las euroórdenes están suspendidas hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie. Mientras que para el Tribunal Supremo se trata de un procedimiento que sigue activo y que nunca se había desactivado.

"El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida", ha alegado su abogado defensor Gonzalo Boye.

¿Qué pasa ahora?

Las opciones de que Carles Puigdemont sea extraditado a España son mínimas. Al menos hasta que la corte de Luxemburgo no se pronuncie sobre la cuestión de fondo a las preguntas del juez Pablo Llarena sobre cómo deben ejecutarse las euroórdenes. Nadie moverá ficha antes de este fallo. De hecho así, lo asume el propio TGUE en su sentencia. Hasta que el Tribunal de Justicia no emita un dictamen nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas”.

De momento, el líder independentista está detenido a esperas de pasar a disposición judicial y ya ha contado con la visita de un abogado italiano. En este caso, la situación es diferente a sus detenciones que ya vivió por parte de Bélgica en 2017 y de Alemania en 2018, ya que todo el proceso está condicionado a que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. El juez instructor del país transalpino tendrá que decidir si dar la libertad cautelar o mantenerlo en prisión mientras se revisa el caso.

En paralelo, lo previsible es que los abogados de Puigdemont presenten medidas cautelares al Tribunal General europeo, como ya ocurrió en el pasado. La sentencia de julio del propio órgano así lo estima: “Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda […] en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro”.

Este es un procedimiento abierto contra el Parlamento Europeo por su condición de inmunidad como eurodiputado, por lo que la cámara que lidera David Sassoli tendría también que presentar sus propias alegaciones en el marco de 15 días. No obstante, el juez europeo podría decidir otorgar las cautelarísimas mientras se resuelve el caso para blindar los derechos políticos que le corresponden como eurodiputado.

¿Fallo de cálculo o premeditado?

Muchos se preguntan si el movimiento de Puigdemont es torpeza, un fallo de cálculo o una provocación. El boom del 'procés' y de la causa independentista ha perdido mucho impacto mediático en Bruselas. Las ruedas de prensa salvajes o la expectación internacional cada vez que aparecía el líder independentista fue con los años dando lugar a la discreción y el sosiego en Waterloo. 

Todo llega, además, en un buen momento de forma de Esquerra Republicana. Con este telón de fondo, surge la incógnita de si la maniobra responde a un movimiento calculado para volver a poner el 'caso Puigdemont' en el centro de la diana mediática o de si se trata de un paso en falso por agarrarse a la interpretación que sus abogados hacen de la última sentencia en la que el TGUE no veía riesgo de detención.