Pandilleros El presidente de El Salvador autoriza a usar "la fuerza letal" contra las maras

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este pasado domingo que "el uso de la fuerza letal está autorizado" para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el fuerte aumento de los homicidios registrado desde el viernes y atribuida a las pandillas, las llamadas maras, acusadas de la mayoría de asesinatos que son cometidos en el país centroamericano.

El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, también instruyó que los elementos de la Policía y del Ejército darán prioridad a atender la escalada de homicidios en medio de la pandemia de COVID-19, lo que supone un duro golpe a la estrategia de contención con la vigilancia de los uniformados en la calle.

"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", indicó el mandatario desde su cuenta de Twitter y señaló que "las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia".

Añadió que "el Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".

Bukele señaló que de hacerlo, el Ministerio Público "podrá caer en el delito de omisión".

Según informaciones de la prensa local, el Gobierno no ha desmentido que el viernes se registraran 23 homicidios en todo el país y otros 10 en la zona oriental del país entre sábado y domingo.

"Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos", subrayo Bukele.

Agregó que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada "deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados".

Sin entrar en detalles, llamó a la oposición política a "que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo".

Actualmente, las fuerzas de seguridad del país disponen de unos 23.000 policías y más de 7.000 militares para la atención de la pandemia, y se desconoce cuantos elementos de estos serán delegados para controlar el alza de asesinatos.

Las autoridades no han detallado si los homicidios del viernes están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por la covid-19.

De acuerdo con informaciones de la prensa local, las principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 que poseen unos 60.000 miembros, ordenaron a los pobladores de la zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte.

Una de las primeras medidas aplicadas por Bukele para enfrentarse a la subida de las muertes violentas fue la instauración de un estado de "emergencia máxima" en la prisiones a raíz de la "información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí".

La mañana del domingo, el Gobierno decidió mezclar a los miembros de pandillas rivales en las celdas en las diferentes prisiones del país, en las que se encontraban separados por grupos.

El número de asesinatos del viernes vino a romper la tendencia de la cifra diaria de homicidios de un dígito registrada durante la administración de Bukele, quien llegó al Ejecutivo el 1 de junio de 2019.

También se colocó como una de la cifras más altas de muertes violentas registradas en un solo día para el actual Gobierno.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.

El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de homicidios, mismas que se han reducido paulatinamente desde 2015 con 103 por cada 100.000 habitantes hasta un índice de 36 en 2019.