La policía irrumpió ayer al alba en la gran escalinata de la Ópera de la Bastilla de París para desalojar a unos 160 trabajadores sin papeles que ocupaban ese insigne lugar de la capital francesa. La operación, que acabó con 43 detenidos, tenía el objetivo de tapar la parte visible de un movimiento la huelga emprendida desde octubre pasado por unos 6.000 trabajadores extracomunitarios que exigen criterios claros de regularización.

Eran las siete de la mañana. Un retén de unos 160 sin papeles, acompañados por sindicalistas y otros activistas, se despertaba una mañana más en la escalinata que habían ocupado hace una semana. Desde el interior de la Ópera surgió un escuadrón de gendarmería disparando granadas lacrimógenas. Cuando los huelguistas bajaron despavoridos, en la acera les esperaba un segundo escuadrón. Y la tenaza se ciñó sobre los sin papeles.

Las pedradas y los bastonazos que siguieron fueron, según la Prefectura de Policía de París, consecuencia de que 'un grupo de los sin papeles regresaron hacia los agentes una vez que la operación había terminado'. Raymond Chauveau, coordinador del sindicato CGT para la lucha de los sin papeles, desmintió esa versión, afirmando que los policías cargaron desde el principio con granadas lacrimógenas. Varios testigos confirmaron a Público esta versión.

Fue el director adjunto de la Bastilla, MartinAdjari, quien había solicitado la intervención que vino como anillo al dedo al Gobierno, deseoso de mantener en el mayor grado de invisibilidad a esta segunda gran huelga de los sin papeles de la era Sarkozy. Tras la primera huelga de 2008, esta segunda busca obligar al Ejecutivo a aceptar criterios nacionales claros de regularización en vez del sistemaarbitrario caso por caso a nivel de prefecturas.

Todos los partidos de izquierda condenaron ayer la operación. Verdes, neotrostkistas del Nuevo Partido Anticapitalista y el Frente de Izquierdas apoyaron además la exigencia de tener una definición de leyes de regularización a nivel nacional.

Chauveau de la CGT volvió a dejar claro por qué los 6.000 huelguistas y sus apoyos mantienen esa exigencia. 'Son trabajadores que están aquí, trabajan desde hace años, pagan impuestos. Están privados de derechos porque no les dan papeles. ¿Cómo podemos aceptar que en nuestro país una parte de los trabajadores sea privado de derechos?', comentó.

La dirección confederal de la CGT, principal sindicato francés, explicó en un comunicado que la negativa del Gobierno a fijar criterios de regularización son 'maniobras del ministro de Inmigración, Eric Besson, que exacerban el dumping social en el mundo del trabajo, para gran beneficio de los patrones-delincuentes. Al actuar así, el Gobierno es objetivamente el cómplice de ellos'.