Perú El suicidio de Alan García agudiza el debate sobre la acción de la Justicia en casos de corrupción

Quienes conocieron de cerca al expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) reconocen su preocupación por pasar a la historia. Su secretario Ricardo Pinedo reveló que en una ocasión le pidió que en su lápida se grabara: “Algo hizo por el Perú”. Con o sin esa inscripción en la lápida, sin duda, su última decisión lo acerca a su objetivo de ser parte de la historia. Quizás cabe preguntarse si lo hará por su legado político, por ser –si así lo determina la Justicia– uno de los políticos más corruptos del país, o por la trágica forma en que eligió morir.

El exmandatario falleció hace justo una semana tras dispararse un tiro a la cabeza cuando la policía iba a detenerlo en su casa para cumplir con una orden de detención preliminar por el caso Odebrecht. Antes de suicidarse, dejó listo el contenido de sus memorias y una carta para su familia que habría escrito cinco meses antes. La hipótesis de un suicidio planeado va ganando terreno.

Pero si algo ha logrado Alan García con su inesperado final ha sido abrir un debate acerca de la aplicación de la justicia en la macrocausa que investiga la constructora brasileña Odebrecht y que en el país andino salpica a otros tres expresidentes –Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)– y también a la líder de oposición Keiko Fujimori, hoy en prisión preventiva por el mismo escándalo.

Políticos opositores y defensores de Alan García han levantado un discurso victimizador de la figura del expresidente. Acusan a la Justicia de “perseguir” y hace un uso “abusivo” de la ley, y al gobierno del presidente Martín Vizcarra de permitirlo. Desde el partido aprista, al que perteneció el exlíder peruano, el congresista Mauricio Mulder habló la semana pasada de una “persecución disfrazada de derecho” a la que calificó de “fascista” y “enfermiza”. Además, responsabilizó al gobierno de tener a García como un “trofeo”; mientras que su par Jorge del Castillo se refirió a los hechos como un “abuso del derecho”.

Frenar las investigaciones

“Hay una campaña muy intensa en contra de las investigaciones y del equipo especial que las promueve”, cuenta el sociólogo y excongresista Sergio Tejado, quien conoce bien la trayectoria de Alan García por liderar la comisión parlamentaria que investigó la gestión de su segundo mandato. Creada a finales 2011, esta instancia indagó en algunos casos específicos, entre ellos el de los narcoindultos: 5.500 conmutaciones de pena (algunas con pago a cambio) que se otorgaron bajo el mandato de García Pérez, 3.000 de las cuales a narcotraficantes.

“El fujimorismo, con su mayoría en el Congreso, y el APRA, que con solo cinco diputados tiene mucha experiencia política e influencia, han protagonizado intentos desesperados para tumbar el acuerdo de colaboración con Odebrecht, y frenar a los fiscales y sus investigaciones. Lo que se busca es que no se investigue a nadie, es parte de una campaña”, afirma Tejado.

 Políticos opositores y defensores de Alan García han levantado un discurso victimizador de la figura del expresidente

Sobre la idea de presentar a Alan García como una víctima, el politólogo y docente universitario José Alejandro Godoy explica que el partido aprista se creó hace casi un siglo y que durante mucho tiempo “sufrió persecuciones” que terminaron por instalar hasta hoy la idea de “buscar un mártir”. Según el académico, esa victimización, pero, “no ha calado en la opinión pública peruana, que observaba a García como una figura impune dentro de la política, con muy poca credibilidad y –para muchos– responsable de los casos de corrupción que se le imputaron”.

En los últimos días también el presidente Vizcarra endureció su tono contra la justicia luego de que el juez impusiera tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski, que a sus 81 años se encuentra ingresado en una clínica por una afección cardíaca. En una entrevista en TVPerú, Vizcarra interpeló directamente a la justicia “como ciudadano” y espetó: “¿Las medidas de carácter excepcional se están considerando exclusivamente como carácter excepcional? Es la reflexión que hago para fiscales y jueces. Y ese es el equilibrio que tienen que buscar”.

El grupo de fiscales a cargo de la macrocausa Odebrecht, coordinado por Rafael Vela, defiende la adopción de este tipo de medidas más duras durante la fase de instrucción de un caso, sobre todo cuando hay “alta posibilidad de fuga”, como señala la resolución contra Kuczynski. Según el Ministerio Público, el expresidente participó “de acuerdos corruptos” en su etapa ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Las palabras del jefe de Estado emplazaron a José Domingo Pérez a solicitar respeto “a la independencia de la Administración de justicia".

José Alejandro Godoy insiste que ese respeto ha llegado de parte de la opinión pública, que tras “el hartazgo” provocado por los casos de corrupción en el país ha respaldado el equipo investigador. Un apoyo que tuvo su máxima expresión a principios de este año, cuando el entonces fiscal general Pedro Chávarry decidió descabezar a los principales responsables de las investigaciones, Vela y Pérez. La decisión levantó una multitudinaria movilización ciudadana que acabó con la vuelta de los fiscales a sus puestos, y forzó la renuncia de Chávarry.

Caso Cuellos Blancos

El proceso contra los líderes políticos peruanos se desarrolla, además, en medio de una reforma del poder judicial provocada por el estallido, el año pasado, del caso de los Cuellos Blancos. Se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción judicial que involucró a magistrados y fiscales y que terminó apartando de sus cargos al ministro de Justicia de entonces, al fiscal nacional y varios jueces. “El escándalo de los Cuellos Blancos terminó dando impulso al caso Lava Jato porque varias de las figuras cuestionadas no pudieron controlar la investigación”, asegura Godoy.

Uno de los mayores escándalos de corrupción judicial

Para Sergio Tejado, ese escándalo también fue un punto de inflexión para el caso Odebrecht. El exparlamentario recuerda que bajo la administración de García Perez, “él controlaba todo”. Y ejemplifica: “Había fiscales de militancia aprista, muy cercanos a él y las investigaciones se cerraban porque las ordenaban los propios fiscales”. En su opinión, después de los Cuellos Blancos, García se dio cuenta de que ya no controlaba el poder judicial y que tarde o temprano sería juzgado, aunque sus amigos más cercanos supieran que él nunca hubiera permitido que lo sacaran esposado de su casa y lo metieran en la cárcel.

A partir de este martes, Perú conocerá más detalles sobre las artimañas corruptas en las que participaron sus exautoridades políticas. Quien fue representante de Odebrecht en el país andino, Jorge Barata, declara hasta el viernes ante el fiscal José Domingo Pérez en Brasil. Todo lo que se sepa ahí contribuirá a construir el recuerdo público de Alan García, la sentencia que –le guste o no– lo acompañará para siempre en los libros de historia.