MÉXICO.- Al regresar a México de una visita de Estado a Francia el presidente Enrique Peña Nieto entonó este viernes un mea culpa por la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán hace seis días.
"El Gobierno de la República no ha evadido su responsabilidad, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente", afirmó Peña Nieto en un acto público en el estado suroccidental de Michoacán en el que se anunció una importante inversión para el país.
El gobernante comenzó su discurso en ese acto, retrasado varios minutos de la hora señalada, haciendo referencia directa a un caso que "marcó el ánimo" de los mexicanos esta semana, como él mismo reconoció.
Explicó que el inicio del acto en Michoacán se postergó precisamente porque estuvo en una reunión con miembros del gabinete de seguridad del Gobierno para conocer el estado de las investigaciones en torno a la huida del narcotraficante.
Relató que desde que supo del suceso, que le tomó camino a Francia, estuvo "dando puntual seguimiento" a las labores que inmediatamente ordenó a sus colaboradores para dar con el criminal y a las acciones para buscar a los cómplices.
El mandatario dijo entender la "indignación", la "frustración" y el "enojo" de los mexicanos por lo sucedido, y compartir esas emociones como presidente del país y como ciudadano.
Sin embargo, aclaró que México no va a resolver este tema "sólo mediante enojos" y "llenándose de ira". Continuó diciendo que "la única manera de poder revertir este agravio será la recaptura" de Guzmán y "asegurar que quienes eventualmente hayan incurrido en un acto de complicidad sean castigados con el peso de la ley", añadió.
"Estoy seguro y tengo la confianza plena de que así como hubo el valor, el coraje y la determinación de nuestras Fuerzas Armadas y de las áreas de seguridad de orden federal para lograr su aprehensión el año pasado, de igual manera vuelva a haberlos para lograr su reaprehnesión", añadió.
Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, se fugó el pasado 11 de julio del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (centro del país), a través de un túnel de kilómetro y medio que conducía a una casa a medio construir fuera de la cárcel.
La fuga, presumiblemente posibilitada por la corrupción de los guardas del presidio, es la segunda del capo después de su huida de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, el 19 de enero de 2001.
7 funcionarios pasan a disposición judicial
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) mexicana puso a disposición de un juez a 7 funcionarios públicos de entre las 41 personas interrogadas tras la fuga del capo Joaquín Guzmán de un penal de máxima seguridad hace seis días, según han informado fuentes federales.
"Siete servidores públicos fueron consignados (llevados ante el juez), lo que significa que hay elementos suficientes para presumir su responsabilidad", indicó la fuente.
Una vez consignados, el juez encargado del caso "tendrá 72 horas para determinar su situación jurídica, es decir, si procede su puesta en libertad o hay que dictar un auto de formal prisión para que sean procesados", agregó.
La fuente señaló también que el delito que se les atribuye es el de evasión de presos, aunque probablemente se agregue el de asociación delictiva y alguno más.
Los funcionarios serán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, situado en Guanajuato, donde están a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
"El Ministerio Púbico de la Federación continúa con esta investigación, en la que actuará en contra de todas aquellas personas, sean o no servidores públicos, que participaron, de cualquier forma, en los hechos del pasado 11 de julio", puntualizó la PGR.
El diario mexicano El Universal indicó en su edición electrónica que "otros 11 (funcionarios públicos) han sido liberados, entre los que se encuentran dos mujeres y nueve hombres custodios".
Por su parte, el diario Milenio señaló que los liberados suman 15 y que han sido puestos en libertad con la condición de comparecer ante el Ministerio Público federal cada vez que sean requeridos si surgen nuevas pistas en la investigación.
Tras comparecer ante una comisión del Congreso mexicano, la titular de la PGR, Arely Gómez, afirmó que se lleva a cabo una "investigación exhaustiva" para determinar "la probable responsabilidad de todos los servidores públicos" que pudiera colaborar, por acción u omisión, en la huida.
La fiscal comentó que existen "avances significativos", entre ellos en materia pericial, aspecto en el que se localizaron y levantaron 186 indicios, 143 de ellos se encontraron en el túnel y predio, los 43 restantes, en la celda número 20.
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