Las elecciones legislativas en Pakistán, previstas inicialmente para mediados de enero, se celebrarán en febrero, tal y como ha confirmado hoy el president-general Pervez Musharraf: 'Estamos estudiando una fecha en la que podamos disolver todas las asambleas simultáneamente y celebrar elecciones para la Asamblea Nacional y cuatro asambleas provinciales'.

Su anuncio se produce pocas horas después de que hablase con el presidente estadounidense, George W. Bush, por primera vez desde que impusiera el estado de excepción, urgiéndole a celebrar elecciones y dimitir como jefe de las Fuerzas Armadas.

Musharraf ha añadido que 'tras haber calculado todo, debemos celebrar las elecciones antes del 15 de febrero de 2008. Durante los últimos meses he estado diciendo que las elecciones se celebrarían a tiempo (...) Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo'.

Sin embargo, el estado de excepción se alargará todavía 'durante dos meses más', según el fiscal general  Malik Mohamad Qayyum.

Siguen las protestas 

Mientras tanto, 'miles' de activistas del Partido Popular de Pakistán (PPP), liderado por la ex primera ministra Benazir Bhutto, han sido detenidos desde la imposición del estado de excepción en Pakistán, según un portavoz de esta formación.

Abbas aseguró que el PPP mantiene la convocatoria de una marcha entre la ciudad de Lahore y la capital del país, Islamabad, para el próximo día 13 con el fin de luchar 'contra el estado de excepción, por unas elecciones libres y por los derechos del pueblo'.

'El fiscal general de Pakistán (Malik Qayyum) ha dicho que gracias al estado de excepción ya no hay atentados con bomba. Pero para mí lo que eso demuestra es que el Gobierno ha patrocinado los atentados', denunció Abbas. 

El ultimátum de Bhutto 

La líder del PPP y ex primera ministra Benazir Bhutto lanzó ayer un ultimátum al presidente y general, Pervez Musharraf, para que levante el estado de excepción en el país o, de lo contrario, movilizará a sus partidarios el día 13. 

Musharraf declaró el estado de excepción el pasado sábado, escudándose en el deterioro de la ley y el orden y en las 'injerencias' del poder judicial en las actividades del Gobierno.