Si las órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI) se cumpliesen, Muamar Gadafi compartiría muy pronto prisión con media docena de genocidas africanos que están siendo juzgados en La Haya.

Ayer, el tribunal dictó orden de busca y captura contra el dictador, su hijo Saïf el Islam y el jefe del servicio secreto libio, Abdulá el Senusi, los tres acusados de crímenes contra la humanidad. Según la CPI, existen pruebas suficientes para juzgarlos por su responsabilidad en los ataques contra la población civil cometidos por sicarios del dictador desde el inicio de la revuelta popular, a mediados de febrero.

El fiscal de la institución, Luis Moreno Ocampo, había abierto una investigación en tiempo récord sobre los bombardeos del Ejército del régimen contra su propia población y las pruebas presentadas son para la jueza 'suficientes' para sospechar que Gadafi ejercía 'control absoluto' sobre las Fuerzas de Seguridad libias que 'en menos de dos semanas, mataron o hirieron a cientos de civiles'. Según el tribunal, el arresto de Gadafi y sus dos familiares es imprescindible para que la investigación pueda continuar y se esclarezca el alcance de su responsabilidad.

Lo cierto es que Gadafi tiene muchas más posibilidades de acabar muerto o en el exilio que en una celda en La Haya. La OTAN, que ya atentó contra su residencia matando a varios de sus familiares, asegura desde hace semanas que su objetivo no es liquidar al dictador, sino aplicar la resolución de la ONU que limita las operaciones a un solo fin: la protección de los civiles. La orden de busca y captura 'pone de manifiesto el creciente aislamiento del régimen de Gadafi. Él y sus secuaces necesitan comprender que el tiempo se les está agotando rápidamente', aseguró el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a través de un comunicado.

La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, defendió la tarea del tribunal y recordó que 'los crímenes más serios', como los cometidos por Gadafi, 'no pueden quedar impunes'. La organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) también agradeció la rapidez del tribunal, que con esta es la segunda orden que dicta contra un jefe de Estado en ejercicio, tras la del presidente de Sudán, Omar Hasan al Bashir.

Sin embargo, HRW pidió no 'confundir' la vía judicial con la militar. La Haya 'ha lanzado la señal de que la ley puede llegar incluso a aquellos que se creen inmunes', proclamó la organización en un comunicado, en el que señaló que este es el comienzo de la 'reparación' para las víctimas.