Los opositores se rinden a Evo Morales

Los prefectos (gobernadores) opositores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Tarija, Mario Cossío, han firmado un preacuerdo para iniciar el diálogo con el Gobierno boliviano para resolver el violento conflicto en el que se encuentra sumido el país, donde en los últimos días han muerto 30 personas.

Bolivia ha comenzado a desactivar la temida guerra civil. "No estamos solos en el proceso de transformación", dijo ayer un reforzado Evo Morales. En 48 horas, el presidente pasó a la ofensiva.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) garantizó que no tolerará una ruptura democrática en Bolivia y las Fuerzas Armadas probaron su lealtad a Morales. Detuvieron al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y recuperaron el control del departamento.

Con estas cartas, Morales forzó a los opositores de la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) al diálogo. El Ejecutivo y los rebeldes empezaron a trabajar en un documento para encontrar una salida a la crisis política boliviana.

El mismo sienta las bases para el diálogo y constituirá las comisiones de trabajo entre el Ejecutivo y las autoridades departamentales. Se buscarán fórmulas para compatibilizar las competencias nacionales y departamentales en torno a los recursos naturales, principalmente la distribución de tierras y de la renta del gas.

El preacuerdo recoge todos los asuntos que han enfrentado a ambas partes y establece que las conversaciones comenzarán el próximo jueves en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia.

Mario Cossío, el prefecto de Tarija que representa a la Media Luna, ha sido el arquitecto del diálogo junto al vicepresidente Álvaro García Linera. El documento fija las bases, agenda y metodología de esta negociación así como los actores de las conversaciones.

También establece que participarán como "facilitadores" del diálogo varias instituciones: la Iglesia católica, la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El nudo gordiano de la crisis política boliviana es el choque entre los estatutos autonómicos de la Media Luna y la nueva Constitución indigenista impulsada por Morales. "Recién estamos discutiendo la compatibilización" de los proyectos, aseguró el presidente, quien hizo un guiño a la oposición: "la autonomía es irreversible".

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile respaldaron de forma unánime a Morales y ofrecieron, por primera vez en la historia del continente, una salida a un conflicto sin la intervención de los Estados Unidos.

En cambio, el papel del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, fue central. La matriz energética brasileña depende en un 50% del gas de Bolivia, que tiene la segunda reserva de gas del continente. Tanto el Gobierno como la oposición boliviana ven en Brasil al hermano mayor de Suramérica.

La presencia de Lula en Santiago el lunes reveló que sus condiciones para participar se habían cumplido: una tregua entre Morales y los opositores, el llamado al diálogo, y mutis por el foro respecto a Estados Unidos. Pese al pedido del presidente venezolano Hugo Chávez, Washington no fue mencionado.

El documento final, de nueve puntos, rechaza de forma tajante cualquier intento de "golpe civil o ruptura del orden institucional" que comprometa la integridad del territorio boliviano. Además, creó una comisión para investigar la "masacre de Pando" y otra para "facilitar" el diálogo entre el Gobierno y los rebeldes.

El fiscal general de Bolivia, Manuel Uribe, instruyó el martes un proceso penal contra el prefecto pandino Leopoldo Fernández "por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta".

El Gobierno de Evo Morales lo acusa de incumplir el estado de sitio y lo responsabiliza por la muerte de 15 campesinos, la desaparición de 106 personas y por los 34 heridos.

El gobernador, atrincherado en el edificio de la prefectura, fue detenido al mediodía de ayer por las Fuerzas Armadas en Cobija, la capital de Pando. El Ejército también detuvo a 11 líderes cívicos e incautó armamento.