MADRID.- La detención de Julian Assange es ilegal. Así de rotundo se ha mostrado el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ante la situación del fundador de Wikileaks, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace más de tres años. Los expertos de Naciones Unidas exigen a Reino Unido y Suecia que "pongan fin a la privación de libertad" y recuerdan a ambos países que sus opiniones son "jurídicamente vinculantes".

El comité de la ONU ha hecho público los resultados de su investigación, adelantada este jueves por la BBC. En el texto, el Grupo de Trabajo pide a las autoridades británicas y suecas ya no sólo que acaban con su persecución a Assange, sino que también le reconozcan el "derecho de compensación".

Los expertos repasan el caso del fundador de Wikileaks recordando que estuvo diez días en aislamiento en diciembre de 2010 en una prisión británica a petición del fiscal sueco, tras lo cual fue puesto bajo arresto domiciliario durante 550 días antes de solicitar asilo a Ecuador y refugiarse en su Embajada en Londres en junio de 2012. Durante este tiempo, el australiano "ha sido sometido a distintas formas de privación de libertad: la detención inicial en la prisión de Wandsworth seguida por el arresto domiciliario y su confinamiento en la Embajada ecuatoriana".

"Tras concluir que hubo una privación continuada de la libertad, el Grupo de Trabajo también ha considerado que la detención fue arbitraria porque estuvo bajo aislamiento durante la primera fase de la detención y por la falta de diligencia del fiscal sueco en sus investigaciones, que tuvieron como resultado la prolongada detención de Assange", insisten los expertos de la ONU en su documento.

No obstante la decisión no ha sido unánime. Según ha precisado el Grupo de Trabajo en su comunicado, una de sus miembros, de nacionalidad australiana como Assange, "se recusó de participar en las deliberaciones", mientras que otro miembro "estuvo en desacuerdo con la postura de la mayoría y consideró que la situación de Assange no es de detención y por tanto queda fuera de las competencias" de este ente.

Partidarios de Assange se manifiestan en el exterior de la embajada ecuatoriana en Londres. - EFE

En 2014, Assange llevó su caso ante la ONU por presunta "detención arbitraria", puesto que el Reino Unido tiene la obligación de arrestarlo y entregarlo a las autoridades suecas. El Gobierno sueco emitió una orden de arresto en 2010, después de que el australiano fuera acusado de la comisión de supuestos delitos sexuales contra dos mujeres en 2010. Dos años después, en mayo de 2012, Reino Unido falló a favor de su entrega a Suecia, por lo que se vio abocado a solicitar asilo.

Hasta la fecha, Assange ha negado todos los cargos, y teme que el verdadero fin de su detención sea extraditarle después a Estados Unidos, que pretende juzgarle por las revelaciones de Wikileaks. Las informaciones y cables de la organización han salpicado directamente a una docena de agencias federales estadounidenses, como el FBI, la CIA o la NSA, poniendo sobre la mesa varios excesos y vulneraciones de derechos humanos cometidos por EEUU y otros países.

A pesar de que la ONU ha recordado que la resolución emitida este viernes es jurídicamente vinculante "en la medida en que están basadas en normas internacionales de derechos humanos" de obligatoria aplicación, tanto Reino Unido como Suecia han rechazado la opinión de los expertos. Las autoridades británicas han avisado de que la investigación de Naciones Unidas "no cambia nada" y han insistido en que tienen la obligación de arrestar a Assange y extraditarle a Suecia. 

"Rechazamos completamente cualquier afirmación de que Julian Assange es víctima de una detención arbitaria", ha señalado un portavoz del Gobierno británico. "Reino Unido ya ha dejado claro a la ONU que contestaremos formalmente la opinión del Grupo de Expertos", ha precisado. Asimismo, como ya había declarado este jueves, Londres ha incidido en que ha sido Assange quien "voluntariamente ha evitado su arresto legal optando por permanecer en la Embajada ecuatoriana".

Por su parte, el Ejecutivo sueco ha mostrado su disconformidad con la resolución del Grupo de Trabajo y ha asegurado que el fundador de Wikileaks no corre ningún riesgo de ser deportado a otro país en caso de ser arrestado en Suecia puesto que no ha recibido hasta la fecha ninguna solicitud de extradición en su contra.