“Fue una masacre, una desaparición forzada en la que participó el Estado por medio de sus cuerpos policiales y el ejército”, afirma rotundamente el periodista Luis Daniel Nava. La versión que sostiene el Gobierno de Enrique Peña Nieto plantea que los 43 estudiantes habrían sido asesinados e incinerados por miembros de un cártel. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por expertos independientes concluyen que no existen pruebas para afirmar que los estudiantes no sigan con vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado de graves irregularidades en la versión oficial y la ONU ha documentado 34 casos de detenciones arbitrarias y torturas.

Jacob Morales, periodista que ha cubierto el caso de Ayotzinapa explica que los hechos han sacado a la luz la compenetración que existe entre la policía, el Gobierno y organizaciones criminales en el país. “Ayotzinapa marca un antes y un después en México, pero es sólo la punta del iceberg”, dice. “Nos estamos ahogando con la violencia, nos estamos ahogando con nuestros muertos, nos estamos ahogando con nuestra sangre, nos estamos matando entre nosotros”, lamenta con un hilo de voz, pero lo recupera al hablar del coraje y la lucha que los familiares llevan a cabo para buscar a los desaparecidos.

Según el Índice Global de Impunidad de 2018, el 99,3% de los delitos permanecen impunes en el país. Con 2.529 homicidios en 2017, Guerrero es uno de los estados con más asesinatos, y México cuenta con más de 30.000 desaparecidos. Ambos periodistas coinciden en que el contexto de violencia está estrechamente ligado al aparato Gubernamental actual, la corrupción, los grandes empresarios, el narcotráfico y las transnacionales; “precisamente en los lugares donde se están dando más asesinatos es en los lugares donde más riqueza natural se conserva, y, a la vez, donde la gente más está defendiendo el territorio, como en Guerrero y en Chiapas”, apunta Nava.

Los 43 estudiantes eran normalistas, hijos de campesinos y de familia humilde. Las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución Mexicana con un modelo basado en valores sociales, en la construcción de la solidaridad, el respeto a la tierra y en contra del individualismo, un modelo en riesgo de desaparecer. No es casualidad, según Nava, “quieren quitar del camino a los estudiantes que pudieran ser un sujeto activo en la lucha de las comunidades”.

Cambio de Gobierno, ¿un hilo de esperanza?

La reciente victoria de López Obrador en las elecciones ha arrojado un rayo de luz a los familiares de los 43 desaparecidos, ya que promete la creación de una comisión investigadora de la verdad. “Hasta el momento son sólo promesas y no considero que se vaya a cumplir porque sería un proceso muy largo, primero tendría que hacer que la justicia funcionara y ahora mismo el narcotráfico controla toda la vida pública”, contrarresta Nava.

Periodismo para los olvidados

La persecución, el miedo, la desaparición forzada, asesinatos, violencia e impunidad. Es a lo que tienen que enfrentarse a diario defensores de Derechos Humanos, activistas, maestros, estudiantes y periodistas en México. “Son solo cifras, han desaparecido las historias personales. Nos toca a nosotros rescatar las historias de la gente que lucha a contracorriente”, dicen convencidos los periodistas que, a pesar de estar amenazados de muerte, afirman tener una obligación moral de volver a su país y seguir dando voz a las comunidades indígenas y a las familias que siguen buscando justicia. De momento se encuentran en Barcelona dentro del marco del proyecto “Barcelona protege a periodistas de México”, del Ayuntamiento y la organización Taula per Mèxic.