Al menos 38 personas han muerto durante la jornada del domingo durante las movilizaciones contra el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero por el que las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Myanmar, según el balance de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Myanmar (AAPP, por sus siglas en inglés). Mientras, la dictadura militar ha anunciado la imposición de la ley marcial en partes de Rangún.

En total la AAPP ha contabilizado 126 fallecidos "debido a la represión violenta y arbitraria" y denuncia por ello un "drástico aumento" de las víctimas mortales entre los "héroes que han sacrificados sus vidas por la libertad, en la lucha por la democracia, los Derechos Humanos y el fin de la dictadura".

Además, la AAPP denuncia en su web que durante la jornada del sábado fueron detenidas, imputadas o condenadas 2.156 personas. Tres de ellas fueron condenadas: dos a dos años de prisión y otra a tres meses de cárcel, mientras que 73 han sido imputadas y 319 han sido puestas en libertad. Otras 1.837 siguen detenidas.

La AAPP denuncia "disparos contra manifestantes pacíficos, muchos de ellos estudiantes y jóvenes desarmados". En particular recoge que se empleó munición real en Hlaing Tharyar, Shwe Pyi Thar, Okkalapa Sur, Okkalapa Norte, Dagon Norte, Dagon Sur, Thingangyun, Tamwe, Kyi Myin Tine, Rangún, Bago, Mandalay, Loikaw y Hpakant.

En Rangún los enfrentamientos habrían sido especialmente intensos en el distrito de Hlaing Thar Yar, "convertido en un campo de batalla" y donde ha habido al menos 22 civiles muertos y más de 20 heridos, tres de ellos críticos. Las fuerzas de seguridad habrían incendiado varios inmuebles.

Este mismo domingo, el gobierno del Comité Representante de la Asamblea de la Unión formado como gobierno legítimo tras el golpe de Estado, ha anunciado que la población tiene el derecho legítimo a defenderse de los golpistas y ha legitimado a los grupos de autodefensa surgidos tras la asonada.

La junta militar amplía la ley marcial

Mientras, el Gobierno militar ha anunciado a última hora del domingo la imposición de la "ley marcial plena" en partes de la ciudad más importante del país, Rangún, tras los violentos enfrentamientos entre militares y manifestantes.

La norma estará en vigor en los distritos de Hlaing Thar Yar y Shwe Pyi Thar, que pasan a estar directamente controlados por el mando militar de Rangún, que podrá realizar operaciones militares "para garantizar la seguridad, el estado de Derecho y la paz de una forma más eficaz", según explica la propia orden.

La medida ha sido adoptada después de que China, principal valedor a nivel internacional de los golpistas, pidiera protección para los negocios chinos y seguridad para sus inversiones y ciudadanos. Varias fábricas chinas han sido incendiadas en Rangún durante los disturbios de este fin de semana.

Mientras, los militares están obligando a los funcionarios y trabajadores de sectores clave a dejar la huelga indefinida convocada como parte del movimiento de resistencia civil contra el golpe de Estado.

Por su parte, el Consejo Especial de Asesoramiento para Myanmar, un grupo de expertos internacionales en el que participan antiguos responsables de la ONU, han expresado este domingo su "grave preocupación ante una inminente escalada de la represión militar con consecuencias fatales" y por ello pide una "intervención política internacional inmediata".

"Hasta ahora la respuesta internacional ante el golpe de Estado ha sido débil. Está enviando un mensaje peligroso a los generales sobre la ausencia de repercusiones significativas por sus ataques violentos contar el pueblo de Myanmar", ha añadido el grupo.

El portavoz del gobierno militar, Zaw Min Tun, reiteró el jueves que se está haciendo un uso "mínimo" de la fuerza para dispersar las protestas, aunque justificó los registros en fincas privadas en busca de "instigadores" y "agitadores" para "garantizar la seguridad y el estado de Derecho".