La pandemia de la covid-19 ha incrementado todavía más la urgencia de unas reglas de juego de mayor rigurosidad para acabar con la exorbitante hegemonía de las grandes tecnológicas en el mercado. La aceleración que ha cobrado la transición hacia la economía virtual con los nuevos –y ya instalados– servicios de teleasistencia sanitaria y los programas académicos telemáticos o el teletrabajo, no ha hecho sino elevar la posición de dominio de la bigtech (gran tecnológica)

Google se ha erigido en el centro de gravedad de las iniciativas oficiales para diluir su poder en un mundo en el que proliferan por todas las latitudes innovadoras aplicaciones (apps) de entrega domiciliaria de alimentos y bienes de consumo, para reuniones virtuales o de fitness, y en el que se reclama una vigilancia de mayor rigor y eficacia contra las plataformas que rodean las fronteras monopolísticas de sus negocios.

La iniciativa de la Justicia americana es de un calado notable, pero debe perfilar aún si pretende acabar con la posición de dominio de Google o reforzar con este litigio judicial su actual armazón antitrust (antimonopolio) para poner coto a la multinacional y, con ella, a los ejecutivos de Silicon Valley, que se han labrado durante décadas un espacio prioritario entre los lobbies industriales que campan en la Casa Blanca, donde han reinado por encima de cualquier otro sector productivo.

Sea como fuere, de momento, es una querella específica, contra un comportamiento concreto y una firma determinada, pero que ha activado un instrumental –las normas antimonopolísticas federales–, de especial rigidez, notables prohibiciones para preservar la libertad para hacer negocios en la primera economía global y su principio de la libre competencia, y que en contadas ocasiones han logrado retorcer el codo de los poderosos departamentos de asesoría de las multinacionales que han sido denunciadas por atentar contra sus preceptos. De hecho, en su historial existe una serie de antecedentes de amplias reestructuraciones industriales y de mercados e, incluso, de juicios de los que han emergido nuevas empresas; también en el sector tecnológico.

Bhaskar Chakravorti resalta en Foreign Policy la fortaleza y supremacía de las normas antitrust americanas y describe cinco factores que ayudan a entender la trascendencia del pleito abierto contra la firma que dirige Sundar Pichai, desde que sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, le cedieron el trono en diciembre del pasado año; hasta entonces, CEO y presidente de Alphabet, el conglomerado de empresas de Google, respectivamente.

¿Resulta unánime el concepto y significado de "antitrust"?

En absoluto. Se acabaron los días de las leyes Standard Oil, Clayton o la Comisión Federal del Comercio, de comienzos del siglo XX, o la etapa dorada de las normas antimonopolio, entre 1940 y 1970, cuando la competencia era definida como un antídoto al fascismo. En la actualidad, su jurisprudencia se decanta entre dos escuelas.

La primera, predominante desde 1960, considera el impacto sobre los consumidores como la prueba de fuego para determinar si existe o no monopolio. La segunda otorga prioridad en la investigación a la estructura del mercado o el poder de las empresas que operan en él, es decir, que incorpora a los posibles perjuicios al consumidor el impacto sobre las partes esenciales de las compañías (stakeholders): empleados, suministradores o potenciales competidores, entre otros.

Esta última alternativa va ganando adeptos. Hace algo más de un año, 181 consejeros delegados de Business Roundtable, –la poderosa organización de ejecutivos de firmas multinacionales estadounidenses que, entre otros objetivos de su misión no lucrativa, según sus estatutos– dice tratar de reconvertir el capitalismo, declararon, en línea con la regeneración del sistema capitalista, su compromiso de defensa de todos los stakeholders. No se acercaron a la deseada unanimidad, y ni Google ni su grupo protector, Alphabet, firmaron el manifiesto.

Pero muestra un botón del cambio de criterio y de expectativas de algunas de las corporaciones de mayor dimensión de EEUU. El caso Google, cuyos cargos federales señalan al bloqueo de acceso a su motor de búsqueda, lo que dificulta e interrumpe acciones y servicios de smartphones y de exploradores de Internet y crea desventajas competitivas a sus competidores y la obstrucción a nuevos rivales, por sus normas de selección de sus ránquines de búsquedas, podría acabar bajo la interpretación más amplia de la segunda de las escuelas antitrust. Algo que dificultaría que el emporio Google saliera indemne del proceso o con sanciones poco ejemplarizantes.

¿Es Google el nuevo Microsoft?

En absoluto. Tampoco. A pesar de que entre los expertos en Competencia se sitúa el caso contra Standard Oil como "el Google de sus días". La petrolera de John Rockefeller acaparó todos los negocios de la industria de refino americana en las últimas décadas del S. XIX hasta que, en 1911, fue declarada por el Tribunal Supremo de EEUU "una estructura monopolística".

La Ley Sherman –el primer gran compendio de medidas antitrust–, exigió su desmembración, de manera que el holding se dividió en 34 empresas independientes. O de que otros analistas juzguen el caso Google "casi una copia en carbón" del affaire Microsoft de 1998. Las analogías existen, pero resulta peligroso identificarlas como guías legales o como precedentes jurisprudenciales. Entre otras razones porque, a diferencia de Standard Oil, en los años de tránsito a la pasada centuria, el sector petrolífero operaba bajo un escenario tecnológico estable.

En cambio, en los años de los gigantes digitales, de las bigtechs, el salto en innovación es meteórico. O, dicho en otros términos: una decisión judicial poco contundente podría reflejar que la causa del problema monopolístico es la tecnología obsoleta de los rivales de Google y que la resolución pasa por quién gane la carrera de la digitalización. Las analogías con Microsoft tampoco son muy sensatas porque su navegador Explorer se había construido con su propio hardware. Es decir, que perdía efectividad fuera del sistema operativo de la empresa que, por entonces, gobernaba Bill Gates. Pero el motor de búsqueda de Google opera con otros propietarios y tiene acuerdos con firmas como Apple –y otras tecnológicas– para acceder a sus datos de usuarios. En consecuencia, el caso Google es un problema de la industria tecnológica actual en plena lucha competitiva por la digitalización y de cuya resolución judicial dependerá el presente y el futuro del sector.

¿Existe un consenso bipartidista para evitar que reine Silicon Valley?

La polarización social que han dejado traslucir las elecciones americanas y los cuatro años de la Administración Trump no invita al optimismo, pero no es de descartar la cooperación demócrata y republicana en una línea de actuación: la búsqueda de fórmulas que permitan regular apropiadamente las bigtechs. Un planteamiento de ello sería la fusión, en una poderosa agencia, de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos la –FDA, autoridad que concede la licencia de vacunas farmacéuticas–, que traería consigo un nuevo arsenal regulatorio con requerimientos minuciosos y exigencias costosas para la industria tecnológica.

Pero puede que no sea necesario siquiera. Los demócratas, en la Cámara de Representantes, han elaborado un informe de 450 páginas en el que concluyen que existe un monopolio restrictivo de las firmas tecnológicas americanas y mandatos para lograr un clima de libre competencia en el país. Si bien el Senado, de mayoría republicana, ha sometido a interrogatorios a ejecutivos de las bigtechs en comisiones de investigación sobre el poder acumulado por sus multinacionales.

Los primeros son más propensos a acabar con el monopolio en el ámbito de Internet y pretenden aplicar una Glass Steagall Act –la ley de separó el negocio de banca comercial de la de inversión en el credit crunch de 2008– que fuerce a las empresas de comunicación y de redes sociales a establecer sus propias plataformas digitales y obligarlas a separar estas divisiones de otras áreas, en especial, de los beneficios que recaban por gestión y tratamiento de datos de sus usuarios. Trayectoria que chocaría, sin embargo, con la visión republicana, que ve en esta consigna de separación de negocios un creciente temor y una propuesta extrema.

¿Traerá el caso Google cambios normativos que eleven los derechos de los consumidores?

En realidad, el único resguardo adicional a los usuarios para cobijarse del poder de Google y del resto de grandes tecnológicas es una agencia de protección de datos, con capacidad de manejo de las vanguardias digitales, y de actuación en materia de competencia. Iniciativa que debería implicar una cesión de los derechos de propiedad de los consumidores de sus datos personales y de la gestión de acceso a los mismos. Y por la que los usuarios podrían exigir una compensación por su consentimiento.

Con este poder, sin embargo, los consumidores tendrán una posición de confrontación real sobre los tentáculos de las bigtechs. Sin embargo, el caso Google se queda corto en estos propósitos. La demanda sólo investigará la supuesta cesión contractual del servicio por el que Google prioriza su motor de búsqueda a otras compañías y si esta práctica se considera una ventaja competitiva dominante.

Dado el número cada vez más amplio de multinacionales tecnológicas y el enorme abanico de negocios que son susceptibles de indagación, que del asunto Google se derive una acción concertada sobre toda la industria es altamente improbable. A no ser que la estrategia legal alargue con más supuestos con indicios delictivos el sumario, y obligue a una negociación abierta con el sector y a la creación de una agencia digital.

¿Ha cambiado la Gran Pandemia el planteamiento de la Justicia americana?

Es irónico que se haya lanzado una apertura judicial justo en plena epidemia de la covid-19 y después de largas décadas de inactividad, cuando los hogares se han llenado de conexiones y ya se teletrabaja en casa y se puede iniciar trámites de teleasistencia médica o seguir cursos académicos online. Y han salido a relucir desigualdades en el acceso a Internet. El problema es que el caso Google se adentrará en una cuestión de dominio con sus rivales empresariales. Sin entrar a valorar, como se encargarán de hacer cumplir los propios abogados de la firma californiana, de la brecha social que puede ocasionar en el terreno de la educación o la sanidad.

Aunque cualquier acción contra las tecnológicas debería tener en cuenta que el acceso a Internet es una necesidad, no un lujo y que los rúteres deben proveer de todas las ventajas de un servicio que no es el adecuado para casi la mitad de la población de EEUU. Algo que podría llegar a considerarse una crisis nacional.

Google se defiende diciendo que es, sobre todo, un suministrador de acceso a Internet para las empresas. Pero incluso, visto desde esta óptica, Google Fiber, su megaproyecto para el sector privado, ha dejado en EEUU un rastro de anomalías técnicas a firmas proveedoras de Internet, a compañías de telefonía y cable y ha generado, incluso, interferencias a satélites que orbitan sobre la Tierra. De ahí que haya un frente legislativo que quiere aprovechar la iniciativa judicial contra Google que ponga el acceso a la tecnología online en el frontispicio de las revisiones que emergerán, muy presumiblemente, de este caso.

Pero subyace la duda de si finalmente serán la piedra angular de una futura regulación que facilite el uso de la telemedicina o de programas docentes online. Y los interrogantes sobre si una investigación de mercado pueda ampliar su red al conjunto de bigtechs. Aunque las espadas están en alto. Al fin y al cabo, es una de las históricas y enormes causas antitrust, la de mayor dimensión en esta generación, y un salvoconducto con el que poder actuar contra la poderosa armada empresarial estadounidense.

El caso Google no será suficiente

Los cambios de hábitos de consumo hacia el universo online, la transformación de industrias en bloque, como la relacionada con la asistencia telemática de servicios sanitarios, el impulso hacia el teletrabajo o las nuevas pautas académicas digitales seguirán generando un tráfico de datos y de información cruzada en la Red –de particulares y entre compañías– que seguirán ocurriendo en plataformas desreguladas en su mayor parte. En manos de multinacionales que han elevado sus niveles de competencia a una posición dominante y que se han erigido en las más poderosas corporaciones globales por capitalización bursátil.

Los emporios que las manejan y que se han acostumbrado a este poder monopolístico siguen succionando datos, desatendiendo derechos de propiedad y disfrutando de un sistema diseñado para maximizar sus beneficios, escribe en otro artículo en Foreign Policy, Dipayan Ghosh, que también lo expresa de otro modo gráfico y elocuente: "han construido un estamento unilateral de poder sobre lo que los ciudadanos vemos o consumimos en el ecosistema mediático digital". Los consumidores dejan información que, en principio, no nos ofrece dudas de seguridad, sin tener conocimiento de que son usados para su beneficio económico, político e intelectual.

Es, pues, un modelo que trasciende de la acción de la Justicia americana contra Google. De ahí que, desde la publicación estadounidense sobre diplomacia internacional se lance a los cuatro vientos la necesidad de que demócratas y republicanos pacten una respuesta urgente al efecto acelerado que la Gran Pandemia ha hecho emerger en el ecosistema digital. En la dirección de confeccionar una regulación rigurosa sobre Internet. Una agenda reformista que ataque con el cumplimiento de nuevas reglas de juego al corazón del negocio de Google, Facebook, Twitter y el resto de bigtechs. A sus métodos de captación de información y datos personales, a los que aplica sofisticados algoritmos, de alta opacidad, y que luego emplean en campañas de publicidad de dudosa veracidad, mediante plataformas con crecimientos agresivos que, además, inculcan principios y normas democráticas elementales. En tres campos concretos.

El primero de ellos, a través de una comprensible ley de privacidad federal. Bajo las prerrogativas de, por ejemplo, la California Consumer Privacy Act de 2018, que obliga a las tecnológicas a someterse a normas regulatorias y que se asemeja a la Europe’s General Data Protection Regulation o GDPR, que fue diseñada para proteger la privacidad individual online. Una prioridad máxima si se pretende avanzar en iniciativas como las divisas digitales en medios nacionales de pagos, como ya se han encargado de admitir los principales bancos centrales. Así como para establecer criterios de alta veracidad en la publicidad digital. Pero también para dar cobertura y dotar de reglas de juego claras a un sector, el tecnológico, que aporta más del 10% al PIB americano.

En opinión de Ghosh una normativa estadounidense a imagen y semejanza de la europea, con tintes de convertirse en acervo universal, fortalecería los derechos de los consumidores y daría a la industria un reto y un itinerario claro para asumir una transformación digital más justa y fulgurante. El segundo componente de un hipotético y futuro ordenamiento regulatorio de Internet tendría que poner el foco en la transparencia. Las tecnológicas recopilan información personal pero no revelan para qué y cómo la emplean. Lo que contrasta con la percepción social.

Según un sondeo de Pew Research Center, el 79% de los estadounidenses adultos está preocupado por el uso de sus datos por parte de las compañías, el 81% cree que es el gran negocio de las bigtechs y un porcentaje similar siente que no ejercen ningún control sobre su información personal.

El tercer y último factor que debe articular el armazón legal tiene que ver con la aplicación de una normativa más precisas en materia de competencia para configurar un terreno de juego común en el planeta en el que las firmas digitales puedan operar bajo unos mismos criterios. Es decir, unas leyes antitrust, que supriman la sensación que existe en la sociedad y los mercados de que los ejecutivos de las bigtech tienen manga ancha para actuar libremente con los datos de las personas y empresas en el espacio online.

La visión desde Europa

El Viejo Continente hace algún tiempo que ha tomado cierta conciencia de que es el momento de actuar; de poner en marcha una política tecnológica, y guarda esperanzas de que con la era Biden en EEUU la cooperación, también en este terreno, sea fructífera. Pero su planteamiento, a la espera de las iniciativas que emprenda la nueva Administración demócrata, difiere de forma substancial de la americana. Mientras la Justicia de EEUU actúa contra Google y Alphabet y un panel de la Cámara de Representantes elabora reformas para doblegar el enorme poder de las firmas de Silicon Valley, la UE ya ha impuesto sanciones por prácticas anticompetencia a Google por valor de 8.200 millones de euros por comportamiento monopolístico en el e-commerce y en su buscador y los sistemas operativos de móviles. Al tiempo que busca la imposición de tributos sobre Apple, Amazon o Facebook –y el resto de grandes corporaciones americanas– para que sufrague sus beneficios en suelo europeo. Mientras la llamada tasa Google sigue su evolución y se tramita en socios como Francia o España.

Sin embargo, pese a ello, las bigtechs siguen siendo dominadoras. En el mercado de la publicidad online y del e-commerce del mercado interior. En medio de este escenario, la Comisión presiona para promover propuestas legislativas conjuntas con la Eurocámara que expandan los controles, su capacidad regulatoria y los instrumentos de supervisión sobre las llamadas puertas blindadas de las plataformas digitales; entre las cuales, podrían figurar medidas para dividir y forzar reestructuraciones de firmas. Aunque no se espera un progreso substancial hasta finales de 2021. De ahí que toda acción concertada con la nueva Administración Biden sea una garantía de éxito adicional. Sobre todo, si el recorrido judicial en EEUU contra Google fuerza una revisión legislativa de calado.

Entretanto, desde departamentos como el de Competencia, de la danesa Margrethe Vestager, y de Mercado Interior, del francés, Thierry Breton, se perfilan medidas antitrust con un nuevo instrumental de persecución por competencia desleal y multas de mayor cuantía, que desencadenar un punto de fricción con las acciones legislativas estadounidenses y colapsar el entendimiento.

Oliver Guersent, responsable del brazo armado de la Comisión en materia de Competencia, cree que los esfuerzos de Google por permitir más opciones de búsqueda en su herramienta "es un primer paso positivo", surgido de la iniciativa sancionadora de la Unión. Pero no ha supuesto la entrada de un número nutrido de competidores en el negocio, tal y como admitió en un reciente foro regulador organizado por la Red de Competencia Internacional.

Aunque se cura en salud y advierte que "nuestro objetivo, nuestro remedio, es restablecer el proceso de libre competencia porque ninguna autoridad en esta materia del planeta puede garantizar el funcionamiento de mercados específicos dentro de un espectro equilibrado de concurrencia abierta de empresas y agentes económicos". Sino tan sólo "parar comportamientos anti-competitivos y restaurar las condiciones de libertad empresarial, pero sin imponer un número determinado de rivales, elevar el negocio u obtener compensaciones", como recoge la agencia Bloomberg.

Quizás un primer paso en la dirección regulatoria adecuada venga del lado impositivo. Porque en la cumbre del G-7 del verano de 2019, se dio luz verde a la creación de una tasa digital global y se estableció como criterio general que Google, Facebook o Apple deberán pagar su obligación fiscal en los países donde generan sus ingresos. Incluso si no tienen declarada en un territorio su centro operativo. La superación del concepto de sede corporativa como principio esencial y excluyente para calcular la base imponible de las multinacionales a la hora de tributar por los distintos Impuestos de Sociedades -y que les ha conducido a auténticas obras de ingeniería fiscal y financiera para llevar sus pagos a paraísos fiscales o territorios de baja tributación- es la raíz de la docilidad tributaria de la que se han beneficiado las bigtechs. Y uno de los borrones de más dimensión de la OCDE, organismo encargado de estudiar, desde 2013, un cambio doctrinal de calado, las llamadas Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Un compendio de recomendaciones y requisitos destinados a proporcionar mayor transparencia fiscal y a la que se adhirió el G-20 e instituciones como la UE para evitar la elusión de impuestos por parte empresas que se acogen lagunas legales o mecanismos fiscales dañinos que existen en ciertos ordenamientos tributarios. Y que parecen haber claudicado ante la persistencia del concepto de sede social.

El mandato del G-7 es la piedra filosofal sobre la que edificar el entramado global que vigile la libre competencia y devuelva a los estados la soberanía impositiva en beneficio de las bigtechs. Porque, además, sus ministros de Finanzas y gobernadores de sus bancos centrales acordaron fijar una tasa sobre ellas para acabar con la agresiva competencia fiscal entre las naciones, algunas de las cuales se afanan en buscar reclamos tributarios para atraer negocios de grandes multinacionales que "encuentran muchas formas de evadir impuestos", admitía su comunicado oficial. Un cauce para avanzar en regulación previo a la Gran Pandemia que ha agudizado la necesidad de instaurar gravámenes específicos al sector y que cobra mayor justificación tras el escrutinio de las autoridades de competencia europeas en suelo irlandés, donde ha comprobado que la baja tributación por Sociedades del socio monetario europeo y sus amplias exenciones a las multinacionales tecnológicas para que se instalen en su centro de innovación de Dublín, han generado un dumping fiscal extraordinario con el resto de miembros de la UE.