El sistema chileno de pensiones, administrado por compañías privadas, es objeto de discusión por los bajos montos que ofrece, inferiores al 70% del sueldo de los trabajadores, lo que ha arreciado el debate sobre la revisión de este mecanismo, vigente desde 1980, durante el mandato del dictador Augusto Pinochet. Los trabajadores critican las ingentes ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que en 2012 sumaron 582 millones de dólares, mientras éstas creen que la solución está en aumentar la aportación (ahora del 10% del salario) y los años de cotización.

'Yo estuve imponiendo hasta los 60 años, me jubilé con 30 años de cotización y a estas alturas gano 104.000 pesos (218 dólares, ó 168,5 euros)', cuenta Norma Vargas, de 75 años, que trabajó como operaria en una industria y como lavandera y planchadora. Con esa pensión, es su hijo quien se encarga de pagar 35.000 pesos (73 dólares, ó 56 euros) mensuales por un crédito que pidieron para pagar 1,8 millones (3.773 dólares, ó 2.915 euros) por una operación del nervio trigémino en el sistema público de salud, que es de copago, dice Norma, que cocina cada tres días para así ahorrar gas.

Más de la mitad de los pensionistas chilenos reciben una prestación de sólo 243 euros mensualesSegún Joaquín Vial, consejero del Banco Central, cerca del 60% de cotizantes que comenzaron a ahorrar en 1980 recibirá una pensión de solo 150.000 pesos mensuales (314 dólares, ó 243 euros). En estas condiciones, no es extraño ver a personas de hasta 75 u 80 años en activo, pues, aunque los hombres se pueden retirar a los 65 años y las mujeres a los 60, muchos deciden seguir trabajando sin jubilarse o bien compatibilizar el trabajo con la pensión, como hizo la propia Norma hasta después de los 70 años.

Al 30 de abril pasado, los fondos de pensiones acumulaban 80,199 billones de pesos (unos 168.133 millones de dólares, ó 129.894 millones de euros), que suponen un aumento interanual del 6,2% real, según la Superintendencia de Pensiones.

'De acuerdo con las estadísticas del propio sistema, 1 de cada 3 pesos cotizados va a los bolsillos de los administradores', asegura el economista Manuel Riesco. Añade que 'los otros 2 pesos se usan para prestarlos a los grupos financieros o para jugarlos en la ruleta de los mercados internacionales', donde las AFP depositan los ahorros de los cotizantes para obtener rentabilidad.

El sistema, basado en la capitalización individual, en la que cada empleado tiene una cuenta personal de ahorro con miras a su vejez, fue implantado en Chile, bajo el diseño del economista José Piñera Echenique, en noviembre de 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. Los trabajadores que ya estaban en activo pudieron decidir entonces si continuaban en el antiguo sistema o se cambiaban al nuevo, que hoy tiene diez millones de afiliados.

En su momento, muchos países latinoamericanos imitaron el sistema diseñado por Piñera. Algunas corrientes liberales, incluso, defendieron ese modelo para la reforma de las pensiones en España.

En él, cada trabajador puede elegir la administradora y el fondo en que depositará su dinero, con cinco opciones, desde el A, que es el de mayor riesgo, hasta el E, el más conservador. Las AFP achacan las bajas pensiones a que muchos trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida y piden elevar la edad de jubilación o subir el porcentaje de cotización, del actual 10% del sueldo hasta el 13%.

El Gobierno de Sebastián Piñera propuso el 1 de mayo reducir la aportación al seguro de cesantía (desempleo) para aumentar un punto, hasta el 11 %, la cotización a las AFP. 'Con ello se estaría dando un paso en la dirección correcta', según la empresarial Asociación de AFP, que considera que la tasa del 10 % 'es una de las más bajas a nivel internacional, en especial por el aumento en la expectativa de vida'.

Otros expertos y políticos, como la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010), apuestan por la creación de una AFP estatal. Pero otros van más allá, y piden acabar con el actual mecanismo y volver al antiguo sistema de reparto, como defiende la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), principal sindicato del país. 'Urge terminar con las AFP y avanzar hacia un sistema público de reparto solidario, de carácter tripartito y con garantía estatal, que devuelva la dignidad a los trabajadores al momento de jubilarse', reclamó su presidenta, Bárbara Figueroa, durante una protesta el pasado 29 de abril.

El economista Manuel Riesco ve factible esta solución: 'Si se termina el sistema de AFP, el Estado se tendría que hacer cargo de las pensiones, que tienen un costo de 2 billones de pesos anuales (unos 4.192 millones de dólares), pero el Estado ya está poniendo un billón para compensar, entre otros, a los que cotizaron en el antiguo sistema'.