En la clínica Quiete de Udine ha comenzado esta mañana el protocolo de interrupción gradual de la alimentación y la hidratación de Eluana Englaro, de 38 años, la mujer italiana que lleva 17 en estado vegetativo. El neurólogo que ha llevado el caso de Eluana todos estos años, Carlo Alberto De Fanti, ha asegurado que a partir de hoy se seguirá el protocolo establecido.

La mujer está ingresada desde el pasado día 2 en la clínica de Udine, en el noreste de Italia y, según De Fanti, el equipo de voluntarios le suspenderá progresivamente la alimentación -aunque sin retirar la sonda nasogástrica- hasta su muerte, como ha autorizado la Justicia italiana tras la petición de su familia. El equipo de voluntarios seguirá un estricto protocolo médico para esta operación y, según los expertos, Eluana Englaro tardará varias semanas en morir.

Después de que el padre pidese que se respetaran en silencio los últimos días de su hija, hoy la tutora legal de la italiana, Franca Alessio, también ha hablado, tal y como recoge La Repubblica: 'Pienso que todo se está desarrollando como estaba previsto: desde esta mañana. El protocolo establecía que después de tres días comenzara la reducción de la alimentación. Los tres días han pasado y no habiendo intervenido factores nuevos, se procede como se había previsto'.

Mientras tanto, en Roma el Consejo de Ministros de Berlusconi aprobaba por unanimiadad el decreto-ley que prohíbe suspender la alimentación e hidratación a Eluana. 

Tras una larga discusión, el Consejo de Ministros ha aprobado por unanimidad el decreto-ley a pesar de la carta recibida por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que se expresaba en contra de la medida y abogaba por una ley sobre testamento biológico.

Según el artículo 87 de la Constitución italiana, el decreto-ley tiene que ser firmado por el Presidente de la República y publicado en el Boletín Oficial del Estado, de manera que la ratificación definitiva se encuentra ahora en manos de Napolitano.

El líder del partido Italia de los Valores, Antonio Di Pietro, dijo que el decreto-ley 'crea un peligroso precedente para la democracia'.