Marruecos lleva a los tribunales por cuarta vez al periodista Ignacio Cembrero, víctima del espionaje con Pegasus

El Reino de Marruecos no ceja en su empeño por silenciar al periodista español Ignacio Cembrero, que se enfrenta al cuarto intento del país vecino de conseguir una resolución judicial en su contra, esta vez, a raíz del espionaje masivo con el sistema Pegasus.

Este martes, Cembrero, veterano corresponsal en el país y experto en el Magreb, tendrá que acudir a una audiencia previa en un juzgado de Madrid. El régimen de Mohamed VI ha interpuesto una demanda civil por "acción de jactancia" contra él para intentar que se retracte sobre varias de sus afirmaciones que relacionan presuntamente a Marruecos con el espionaje masivo a periodistas, personalidades políticas y activistas mediante el software israelí Pegasus. 

La acción de jactancia, recuerda el periodista en declaraciones a Público, es "una reminiscencia del Derecho medieval" que aún figura en el Código Civil español, aunque numerosos juristas piden su retirada por anacrónica y por su desuso. Según fuentes jurídicas, este recurso intenta que no se hable de una cuestión controvertida que puede perjudicar a un tercero mientras haya una situación de incertidumbre.

En concreto, Marruecos acusa a Cembrero de jactarse sin pruebas de que él mismo fue víctima de un espionaje marroquí por este software que se infiltra en los teléfonos móviles. El país considera que estas afirmaciones dañan la imagen de Marruecos y que no tienen fundamento. Cembrero recuerda que sus informaciones se basan en investigaciones de medios, consorcios internacionales y en las conclusiones de un informe del Parlamento Europeo que aprecia numerosos indicios. Reporteros Sin Fronteras también considera que "muy probablemente fue vigilado por Marruecos".

El periodista de El Confidencial subraya que este es el cuarto lance judicial de Marruecos contra él y que responde a una "persecución continua" y a una estrategia de "acoso" contra él para "amedrentar". Marruecos y le acusó de enaltecimiento del terrorismo ante la Fiscalía y la Audiencia Nacional en 2014, aunque el caso quedó archivado. Posteriormente, fue demandado por lo civil por un alto cargo de los servicios secretos marroquíes por daños al honor, aunque tampoco prosperó.

Ahora recurre a esta vía civil, ya que un Estado no puede querellarse por daños al honor ni a la propia imagen, según el marco jurídico de los países europeos, que solo reconoce este derecho a personas físicas o jurídicas, algo que reconoce Marruecos en el propio escrito de acusación, al que ha tenido acceso Público. Si esta demanda prosperase, además de la posible rectificación, el periodista también podría ser condenado a abogar las costas del proceso judicial, que podrían ser "muy elevadas", dice, teniendo en cuenta el bufete de abogados que ha contratado Marruecos para ejercer su representación.

En el centro del espionaje masivo

El consorcio de medios Forbidden Stories ya publicó en 2021 una lista de 10.000 números de teléfono que fueron hackeados con Pegasus, entre los que se encontraban jefes de Estado, políticos, activistas y periodistas, incluido el de Cembrero. También, el diario británico The Guardian reveló que había 200 teléfonos españoles más que habían sido espiados, entre ellos, los de altos cargos del Gobierno español, y también figuraba el número del periodista.

El Ejecutivo denunció también en esos momentos ante la Audiencia Nacional que habían sido infectados con Pegasus los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que se había intentado acceder al teléfono del ministro de Agricultura y ex embajador español en Rabat, Luis Planas.

Las investigaciones internacionales aseguraban que Marruecos había sido cliente de la compañía israelí que comercializa entre Gobiernos este sistema de espionaje. La ex ministra de Exteriores Arancha González Laya también fue espiada por este software durante la crisis fronteriza y diplomática con Marruecos de mayo de 2021, que acabó costándole el puesto. En una entrevista, Laya dijo: "Todo sirvió en la crisis con Marruecos: escuchas, denuncias y campañas de prensa".

Cembrero considera que esta denuncia va "más allá de Pegasus" y que se debe al malestar que están causando en la Casa Real marroquí determinadas informaciones del periodista sobre Ceuta, Melilla, al conflicto del Sáhara Occidental y, sobre todo, la ausencia constante del rey Mohamed VI en Marruecos y los problemas políticos que está generando su estrecha relación con los hermanos Azaitar, tres boxeadores íntimos del rey.

También recuerda que el reino alauita ha intentado sin éxito acciones judiciales en Francia, donde también se ha publicado que Marruecos puede estar detrás del espionaje a políticos y periodistas galos, entre ellos, al presidente Emmanuel Macron. Cembrero se siente, en realidad "afortunado", ya que no cree que esta nueva denuncia prospere.

Sin embargo incide en que son numerosos los periodistas reputados y blogueros marroquíes que están en prisión actualmente después de publicar informaciones comprometidas sobre la espionaje marroquí, la casa real o asuntos sensibles. Todos están acusados de crímenes sexuales, apostilla, lo que dificulta la defensa y el seguimiento de estos casos por organizaciones internacionales de derechos humanos.

El abogado de Pinochet

Para esta denuncia, Marruecos ha contratado los servicios del abogado Ernesto Díaz-Bastién López. Entre sus defendidos estuvieron el dictador chileno Augusto Pinochet cuando el juez Baltasar Garzón pidió al Reino Unido su extradición, en 1998, para juzgarle en España por violaciones a los Derechos Humanos. También ejerció defensa del traficante sirio Monzer Al Kassar, que está en prisión de EEUU desde 2008 por una condena a 30 años por venta de armas a las FARC y tráfico de droga. Sin embargo, en 1995, Díaz-Bastién logró su absolución de Al Kassar ante la Audiencia Nacional española por el secuestro del buque italiano Achille Lauro.

Poco después, el abogado se se asoció con el traficante sirio y constituyeron la empresa Conastra Trading Company, dedicada a la compraventa internacional de bienes, cuya sede estaba en Marbella.

No son los únicos casos polémicos en los que este letrado se ha visto envuelto. En marzo de 2021, el fiscal José Grinda, encargado de la lucha contra las mafias en España, remitió un escrito a su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que reclama que traslade a la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, una petición de "amparo" ante "los ataques" que ha sufrido del abogado Ernesto Díaz-Bastién. En esta ocasión ejercía la defensa del empresario ruso Ilya Traber, prófugo de la Justicia española y uno de los principales acusados del caso Troika contra la mafia rusa en España o Tambovskaya.

Según la Fiscalía General, Traber ya había amenazado con atentar contra el fiscal Grinda y su familia. Y según especifica el propio fiscal en su petición de amparo, la Guardia Civil elaboró el 6 de marzo de 2018 un informe que concluía que este empresario ruso había decidido matarle tras su intervención en el juicio que se estaba celebrando en la Audiencia Nacional contra el propio Traber, que está en búsqueda y captura.