Le Pen enfrenta una posible inhabilitación mientras presiona al Gobierno con una moción de censura por los Presupuestos

El juicio por presunta financiación irregular del partido de Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, ha llegado a su fin este miércoles en París. La defensa de la ultraconservadora se centró en evitar una posible inhabilitación que podría impedirle postularse en las elecciones presidenciales de 2027. La sentencia ha sido fijada para el próximo 31 de marzo.

Durante casi dos meses de audiencias, la dirigente asistió regularmente al Tribunal Correccional. A la salida del juicio, Le Pen ha afirmado que su estrategia política seguirá adelante independientemente del desenlace judicial, asegurando que este proceso tendrá "cero consecuencias políticas" y descartando que sus decisiones estén influenciadas por la posibilidad de una condena.

Entre sus amenazas políticas más destacadas, la líder de la extrema derecha contempla presentar una moción de censura al Gobierno de Michel Barnier si no se modifican los presupuestos, lo que podría desestabilizar el Ejecutivo actual.

La Fiscalía pide cinco años de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 300.000 euros para Marine Le Pen

En el ámbito judicial, su abogado, Rodolphe Bosselut, ha criticado duramente la solicitud de la Fiscalía, que pide una condena de cinco años de cárcel, de los cuales dos serían firmes, además de una multa de 300.000 euros y una inhabilitación de cinco años. Según Bosselut, la exigencia de que la inhabilitación sea inmediata es "injusta" y causaría un perjuicio político irreparable.

La defensa argumentó que los hechos imputados ocurrieron antes de la entrada en vigor en 2016 de la ley Sapin 2, que establece la inhabilitación automática para políticos condenados por malversación en el ejercicio de un cargo público.

En concreto, Le Pen enfrenta acusaciones de malversación de fondos públicos debido al supuesto uso indebido de cuatro asistentes parlamentarios, quienes habrían trabajado para el Frente Nacional (FN) –la formación de la ultraderechista, ahora llamado Agrupación Nacional– en lugar de cumplir sus funciones en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2016.

Según Bosselut, esta práctica no fue exclusiva del FN, sino que era común entre partidos opositores europeos y carecía de intención fraudulenta. Asimismo, subrayó que una condena afectaría a quienes quisieran apoyar en 2027 a Le Pen, que en las presidenciales de 2022 recibió 13 millones de votos.

El abogado también consideró que su clienta no debería ser tratada de manera diferente por su apellido. Y es que la actual líder de la formación ultraconservadora es hija de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional. Este ha sido condenado en múltiples ocasiones por minimizar el holocausto nazi, lo cual provocó la suspensión de su militancia en mayo de 2015.