Maltrato Animal Animalistas cargan contra una ley que dificultará las denuncias por maltrato animal en granjas de Ontario

Una nueva ley conocida como Ley de Seguridad contra Intrusos y Protección de la Seguridad Alimentaria aprobada este miércoles en Ontario restringirá la capacidad de los trabajadores en granjas para denunciar el maltrato animal.

En concreto, la nueva legislación conduce a que sea ilegal que los trabajadores busquen y expongan situaciones como el maltrato animal en las granjas, las violaciones de las leyes de seguridad y las malas condiciones en las que se que podrían engendrar patógenos que amenazasen la salud pública.

La organización nacional de derecho animal Animal Justice ha denunciado que esta nueva ley es similar a otras leyes que han sido declaradas inconstitucionales por los tribunales de Idaho, Utah, Iowa, Kansas y Carolina del Norte.

Además, más de 40 expertos canadienses escribieron al Gobierno en febrero para informarles que el proyecto de ley era inconstitucional porque ataca la libertad de expresión y podría hacer ilegal el periodismo de investigación en granjas y mataderos. 

"Hoy es un día oscuro para los animales en Ontario, y para la transparencia y la libertad de expresión", ha señalado la abogada Camille Labchuk, directora ejecutiva de Animal Justice. "La ley mordaza de Ontario empeora mucho la situación de los animales", ha señalado.

"En 2020, los ciudadanos esperan una supervisión pública significativa", señala Labchuk

"Los empleados que denuncian irregularidades son a menudo la única forma en que el público tiene que ver cómo son las condiciones en las granjas. Las denuncias se han transmitido en los medios de comunicación, revelando sufrimientos horribles y conduciendo a condenas por crueldad animal. En 2020, los ciudadanos esperan una supervisión pública significativa para los animales de granja, no una ley inconstitucional que inevitablemente será revocada por los tribunales después de un costoso desafío legal", ha señalado.

Además, la asociación de Periodistas Canadienses para la Libre Expresión, la Asociación Canadiense de Periodistas y la Asociación Canadiense de Libertades Civiles también se han mostrado en contra de esta nueva legislación, ya que a su juicio, viola el derecho a la libertad de expresión.