Los magistrados antimafia claman contra la 'ley mordaza'

El proyecto de ley mordaza italiana es "una espada de Damocles sobre la justicia". Lo expone a Público Antonio Ingroia, uno de los fiscales antimafia más conocidos de Italia. Ingroia no está solo en sus temores. El proyecto de ley ideado por el Gobierno de Silvio Berlusconi para poner trabas al uso de micrófonos y escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales y para prohibir la difusión en la prensa de estas pesquisas ha movilizado en su contra a la mayoría de magistrados, a la prensa y a un sector importante de la sociedad.

Es más, esta norma que dificultaría la lucha contra la criminalidad organizada preocupa también a otros países, como Estados Unidos, y organizaciones internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han osado el gesto inédito de reñir públicamente a un país europeo.

"Todos estamos siendo investigados. No hay verdadera democracia en Italia", dice Berlusconi

La derecha italiana aprobó la norma en el Senado el 10 de junio, con un método expeditivo que impide la votación de enmiendas de la oposición o la disensión dentro de las filas berlusconianas. Pero la presión en contra es tan fuerte que está creando grietas en los partidos en el Gobierno y ya hay quien pide suavizar la ley en su paso definitivo por la Cámara de Diputados.

Al rival interno del primer ministro, Gianfranco Fini, que ya limó el texto en su paso por el Senado, se le ha sumado uno de los más fieles aliados de Berlusconi, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi. Ambos piden negociar la norma con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que tiene prerrogativas para devolver el texto al Parlamento.

El mismo Berlusconi, que defiende la ley en aras de la privacidad del ciudadano "todos estamos siendo investigados; no hay verdadera democracia en Italia", dijo hace unos días el primer ministro, es consciente de que lo tiene cada vez más difícil para salirse con la suya.

Lo ha confesado a su manera: la ley se quedará en agua de borrajas porque "a los magistrados izquierdistas no les gustará y recurrirán al Constitucional que, por lo que me dicen, se cargará la norma". De hecho, uno de los pocos constitucionalistas que se había mostrado favorable a poner freno a las escuchas, Augusto Barbera, asegura hoy que "varios puntos de la ley son claramente inconstitucionales".

La ley limita a un máximo de 75 días la posibilidad de grabar las llamadas telefónicas de un sospechoso, y aunque este plazo se puede prorrogar cada tres días, hace falta el permiso de tres magistrados. La norma, además, impide instalar micrófonos en casas o coches privados.

Los magistrados claman al unísono que la norma "pone de rodillas" su labor investigadora. Los fiscales Antonio Ingroia, experto en Cosa Nostra, Nicola Gratteri, azote de la calabresa Ndrangheta, y el número dos de la Dirección antimafia de Italia, Alberto Cisterna, recuerdan a este periódico que los grandes éxitos contra la mafia han llegado en los últimos 20 años gracias a la ley de 1991 que legalizó las escuchas.

EEUU ha mostrado su preocupación por las consecuencias en la lucha contra el crimen

Incluso algunos magistrados consultados por Público que admiten que en los últimos años algunos colegas abusaron de este instrumento, defienden a ultranza la ley actual pues consideran que ya hay otras maneras para frenar abusos.

"¡Cuántos delitos han impedido las escuchas, cuántas matanzas, cuántos asesinos arrestados, cuántos ciudadanos salvados!", exclama Ingroia. Él mismo, objetivo de la mafia, ha salvado su piel gracias a las escuchas. Otro ejemplo: el proceso conducido por el asesinado juez Falcone que llevó a la cárcel a casi 500 mafiosos en 1991 se destapó gracias a una escucha. Ingroia añade que muchos mafiosos han sido detenidos gracias a la pista descubierta en la persecución de un delito común.

Nicola Gratteri niega que los magistrados estén espiando a media Italia. Los mafiosos, explica, suelen "cambiar de teléfono cada 48 horas. En dos años, 50 personas utilizaron 10.300 números". Gratteri considera que además es el método más adecuado desde el punto de vista legal y presupuestario: "La escucha es el medio más económico y garantista que existe". No sólo porque los grandes negocios criminales se hacen a menudo vía telefónica. También porque "la alternativa es instalar cuatro o cinco patrullas de policía que pueden perder al perseguido en el tráfico y que cuestan entre 2.000 y 3.000 euros diarios a las arcas públicas".

"Caer en la oscuridad investigadora", sería, como define Ingroia, la consecuencia de esta ley. Una medida que preocupa ya fuera de las fronteras italianas, dada la presencia internacional del crimen organizado. Cisterna ha escrito en La Stampa que el Gobierno de Estados Unidos podría haber presionado ya a Berlusconi para frenar la aplicación de la ley mordaza.

Más claramente se expresa el periódico The Wall Street Journal: "Si es verdad que los capos de la mafia descorcharán el champán con la aprobación de esta ley, no sólo sufrirán los periodistas y los fiscales", advierte el diario conservador.

Los fiscales consideran que la norma "pone de rodillas" su labor investigadora

"No es una ley que defiende la privacidad del ciudadano, sino la del poder", ha publicado el escritor antimafia Roberto Saviano. "En una investigación se graban centenares de detalles, historias de traiciones" que son "el terror del poder político y empresarial". Pues se destapan no sólo la corrupción, sino las miserias de los personajes públicos.

Saviano cita, por ejemplo, una grabación telefónica en la que Berlusconi presiona a un alto cargo de la televisión pública RAI para que dé trabajo a varias actrices.

El mes pasado dimitió el ministro de Desarrollo Económico italiano, Claudio Scajola, por las filtraciones a la prensa sobre unas pesquisas de la fiscalía de Perugia por la compra de un apartamento junto al Coliseo de Roma con dinero negro. Con la nueva ley, nadie se habría enterado de que era un presunto corrupto.

La prensa considera que la medida sólo tiene una intención intimidatoria contra la profesión periodística. Como ha contado el director de La Repubblica, Ezio Mauro, a este periódico, "está en juego el derecho de los ciudadanos a ser informados". O en palabras del escritor Andrea Camilleri: "Se reproduce el ataque a la libertad propio del fascismo". Centenares de miles de ciudadanos han firmado ya en contra del proyecto de ley.