Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) y condenado a ocho años de prisión por varios casos de corrupción, ha sido liberado este domingo por un recurso de habeas corpus otorgado el día anterior por el juez Diego Javier Moscoso, de la Unidad Multicompetente de Santa Elena, capital de la provincia costera del mismo nombre.

El exvicepresidente lleva en prisión desde finales de 2017 tras ser condenado en tres casos de corrupción: uno de ellos por asociación ilícita relacionado con la trama de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, otro por recibir dinero ilegal para su movimiento político y un tercero por cohecho en un juicio relacionado con contratos petroleros, que continúa tramitándose.

Acompañado y protegido por policías y rodeado de simpatizantes, Glas ha salido de una prisión de la localidad andina de Latacunga visiblemente contento, entre los gritos de apoyo y aplausos de decenas de "correístas" que han organizado una caravana de vehículos para acompañarlo hasta la costera Guayaquil, ciudad donde reside. Aunque deberá seguir con las causas pendientes con la Justicia y tiene prohibido abandonar el país, podrá alojarse en su casa.

El "correísmo" habla de "persecución política"

El caso judicial de Glas y de otros dirigentes del "correísmo", incluido el propio exmandatario, ha sido considerado por ese movimiento como una "persecución política" por parte de Lenín Moreno y de otros grupos de derechas críticos con el Gobierno de Correa.

En una carta difundida en Ecuador, Sonia Vera, integrante del equipo de la defensa legal internacional de Glas, aseguró que el exvicepresidente es víctima de lawfare (persecución judicial).

El reconocimiento del habeas corpus sencillamente pone "en cumplimiento el artículo 426 de la Constitución, que ordena que los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación", destacó Vera.

El actual Gobierno de Ecuador recurrirá la sentencia

El Gobierno de Ecuador no está de acuerdo con la liberación del exvicepresidente y recurrirá a los tribunales. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha requerido al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, que agote "todos los mecanismos de impugnación de la sentencia".

Asimismo, Jiménez, en un escrito, ha advertido que será necesaria la coordinación con la Procuraduría (Defensa del Estado) y la Fiscalía para que las acciones contribuyan al "buen desarrollo de los procesos penales propuestos en contra de dicho ciudadano".

Al respecto, la Fiscalía General de Ecuador ha recordado que sobre Glas "pesan tres sentencias, dos de ellas ya ejecutoriadas (en firme) por los delitos de asociación ilícita y cohecho, además de un proceso de peculado (malversación) cuya apelación está pendiente de resolver". "Sin embargo —ha remarcado— las acciones constitucionales interpuestas por el ciudadano en mención escapan de la competencia de esta institución".