Una ley de amnistía a medida de Fujimori también beneficiará a militares con delitos de lesa humanidad

Unos 600 casos de crímenes de lesa humanidad —investigados o en juicio— cometidos por militares o por terroristas de Sendero Luminoso pueden ser afectados por una ley que facilita la amnistía, aprobada el jueves con 15 votos en el Congreso de Perú.

La norma fue propuesta por dos congresistas fujimoristas, uno de ellos un almirante en retiro que representa a marinos enjuiciados por desaparición forzada y asesinatos cometidos en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. El presidente de una organización nacional de víctimas dijo a Público que la ley "crea impunidad para los asesinatos y delitos de lesa humanidad" y expresó la preocupación de los familiares de los asesinados porque no saben de qué forma aplicarán la norma los tribunales.

Luis Arones, presidente de la Coordinadora nacional de organizaciones de afectados por la violencia política (Conavip), lideró un par de marchas al Congreso el miércoles y jueves de la pasada semana por el derecho a reparaciones económicas, en vivienda, salud y educación, y para exigir celeridad en los juicios y el pago de reparaciones civiles ordenadas en las sentencias. Las víctimas y familiares de desaparecidos o asesinados en regiones andinas y amazónicas esperaban que los parlamentarios respaldaran sus pedidos ante el Ejecutivo. Estando allí se enteraron de la aprobación de la ley de impunidad.

"Ha sido un baldazo de agua fría para los dirigentes [de víctimas] de regiones, es una gran preocupación", dijo Arones en el centro de Lima, acompañado de miembros de Conavip, horas después de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Él también lidera, desde la década pasada, la asociación de familiares de víctimas de la masacre de Raccaya-Umasi, cometida por el Ejército en octubre de 1983 en la región Ayacucho. Allí perdió a su primo Benjamín. Los militares asesinaron primero a los varones, y violaron a las mujeres antes de matarlas.

"Raccaya es un caso emblemático, [soldados de] la base militar de Canaria encabezada por el capitán Carcovich mataron a 41 personas, 19 eran niños. Mañana sigue el proceso judicial: con esta ley los asesinos deben estar bailando en puntas de pie porque esto les libera, no sé cómo va a terminar", comentó el jueves el dirigente.

Familiares de las víctimas de Raccaya denunciaron el hecho a la Fiscalía en 2003 y el juicio empezó en 2017. En 2021, durante la pandemia, la sentencia absolvió a los tres militares acusados. Hace un par de meses empezó un segundo juicio solo sobre las reparaciones civiles; uno de los militares acusados murió en el ínterin.

"Seguimos batallando para hacer respetar nuestros derechos, en el transcurso de estos años más de 25 familiares de víctimas [del caso Raccaya] han fallecido, es dolorosa esta situación", añadió el presidente de Conavip.

Advertencias nacionales

El 14 de junio, entre los varios pronunciamientos nacionales e internacionales contra el proyecto de ley, los fiscales peruanos del subsistema de derechos humanos e interculturalidad rechazaron el proyecto de ley porque su aprobación "tendría como consecuencia jurídica la conclusión de diversas investigaciones y procesos penales".

Entre 17 juicios orales de casos emblemáticos que podrían ser afectados, mencionaron el de Raccaya Umasi. Los fiscales señalaron además otros nueve juicios con sentencia, en los que agentes del Estado atacaron a población civil, "en la que se encontraban grupos vulnerables como mujeres, niños y niñas".

Un informe preparado por la fiscal Raquel Cárdenas a inicios de junio, acerca del entonces proyecto de ley, recabó información de más de 30 fiscalías de interculturalidad y derechos humanos, y calculó que unos 600 casos corren el riesgo de ser archivados o concluidos si se aplicara la norma de impunidad. Dichos 600 expedientes involucran 550 víctimas directas, sin contar los familiares de los asesinados o desaparecidos.

Cárdenas, coordinadora de las fiscalías penales especializadas en derechos humanos, pidió al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, emitir un pronunciamiento de rechazo a la iniciativa de ley. Una semana después, la junta de fiscales supremos del Ministerio Público pidió al Congreso archivar el proyecto de ley, entre otros motivos, por ir contra la jurisprudencia internacional de derechos humanos y porque afectaba no solo el derecho a la justicia de las víctimas, sino el de la sociedad a conocer la verdad.

Ley con nombre propio

El abogado del autócrata Alberto Fujimori anunció en junio que pedirá aplicar esa ley en el juicio a su cliente del caso Pativilca, por el asesinato de seis campesinos en 1992, a manos del Destacamento Colina, un comando militar de aniquilamiento creado durante su Gobierno.

La norma que aprobó la Comisión Permanente del Congreso hace una interpretación forzada de la vigencia de dos instrumentos internacionales a los que Perú se adhirió en 2002 y 2003, y establece que prescriben de acuerdo a la norma nacional los delitos anteriores a julio de 2002. Es decir, deja fuera los crímenes que causaron más de 69.000 muertos en los 20 años de guerra interna entre las fuerzas armadas y los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

"Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional", dice la ley aprobada este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso. El Parlamento peruano tiene 130 miembros y está en receso hasta fin de mes. Antes de entrar en pausa dieron facultades legislativas a la comisión permanente.

La norma añade que nadie puede ser procesado o sancionado por crímenes de lesa humanidad por hechos cometidos antes de julio de 2002, "bajo sanción de nulidad o responsabilidad funcional", añade, como una advertencia a los jueces.

El Ejecutivo puede oponerse a las normas que dicta el Congreso y no promulgarlas, pero el presidente del Consejo de Ministros y portavoz del Gobierno, Gustavo Adrianzén, respalda la ley de amnistía hace días. El lunes 1 de julio, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó al Estado peruano archivar o no emitir dicha norma, en respeto a la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta —crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo Colina en el régimen de Fujimori—. Adrianzén sostiene que la aprobación de la ley es una muestra de la "soberanía" del Estado. En una entrevista en televisión la noche del jueves, dijo que no descartaba que Perú se salga del sistema interamericano de justicia.

Estado paria en derechos humanos

"Hay una corte de justicia supranacional que está excediendo de una manera ya insólita sus facultades y llegando al extremo de maniatar a los poderes del Estado diciéndoles que no puede hacer tal cosa y un Estado soberano no lo puede admitir. Es un exceso que ha merecido un rechazo del Ejecutivo", comentó Adrianzén. Esta es la segunda vez que el régimen autoritario que encabeza Dina Boluarte, en alianza con el fujimorismo, desacata sus obligaciones ante la Corte IDH. La anterior fue permitir la excarcelación del autócrata Fujimori pese a no haber cumplido una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

El régimen de Boluarte se sustenta desde diciembre de 2022 en un Parlamento de mayoría fujimorista y sus aliados de ultraderecha. Con la norma que facilita la prescripción de crímenes de lesa humanidad, Perú se aparta más de sus obligaciones internacionales en cuanto a la justicia y los derechos humanos.

En las semanas previas a la segunda votación de la ley, varias instancias del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas también expresaron su rechazo. El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, incluyó a Perú en su alocución sobre la situación de derechos humanos en el mundo. "En meses recientes, en Perú, el Congreso ha propuesto una serie de iniciativas legislativas que pueden deteriorar la independencia judicial y electoral, y revertir importantes logros en justicia transicional", expresó Turk en la 56º asamblea del Comité de Derechos Humanos de la ONU a inicios de junio.

En otro comunicado del mes pasado, el Comité de la ONU contra la Desapariciones Forzadas advirtió de que el proyecto de ley "contraviene las normas internacionales y corre el riesgo de aniquilar los progresos realizados para combatir la impunidad de las desapariciones forzadas y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas".

Algunos militares en el retiro que combatieron en el conflicto armado interno (1980-2000) contra el terrorismo son congresistas y esta ley beneficia a sus excolegas enjuiciados o sentenciados. Además, desde los años 90, el fujimorismo es negacionista de los crímenes cometidos por los militares entre 1980 y 2000. El congresista Alejandro Aguinaga, del fujimorista Fuerza Popular, estuvo acusado por crímenes ligados a las esterilizaciones forzadas cometidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, pero el juicio fue anulado en 2023 por la Corte Suprema.

Desde 2004, los tribunales han dictado 35 sentencias por graves violaciones a los derechos humanos que son considerados crímenes de lesa humanidad. Con esta ley, los que fueron sentenciados pueden pedir anulación de sus condenas por masacres de civiles y los acusados en decenas de juicios en curso o que están por empezar podrían alegar que ya no corresponde el proceso. La norma también puede favorecer a presos que pertenecieron al grupo terrorista Sendero Luminoso y han sido condenados por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, horas después de que el Congreso votó la ley, el Poder Judicial informó de una resolución del 26 de mayo sobre los casos Pativilca y La Cantuta. Un juzgado rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita que habían solicitado los abogados de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el jefe de facto de las fuerzas armadas en su régimen, entre otros acusados. Los jueces pueden no aplicar la ley de impunidad por considerarla inconstitucional, pero también debido a otro principio jurídico.

Henry Mercado, abogado de la ONG Paz y Esperanza explicó a Público que la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados internacionales, establece que un país no puede adherir a un convenio y luego legislar de manera que restrinja la vigencia del instrumento. Mercado defiende a víctimas en casos de masacres cometidas por el Ejército, como Putis y Huanta en la región andina de Ayacucho.

El riesgo, pese a esa señal del Poder Judicial, es que en Perú también hay magistrados negacionistas.