Uno de los personajes más temidos del antiguo régimen egipcio y figura de la represión, el exministro de Interior, Habib al Adly, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en un tribunal de El Cairo para defenderse de su presunta implicación en casos de corrupción y blanqueo de capitales por los que se le podría condenar a entre 3 y 15 años de cárcel si se le encuentra culpable.

Adly, de 73 años, fue ministro de Interior entre 1997 y 2011, y ayer compareció en el tribunal con la indumentaria blanca propia de los presos. El acusado negó todos los cargos y el magistrado accedió a una petición de la defensa que requirió más tiempo para examinar los documentos sobre los que se fundamenta la acusación. El juicio se reanudará el próximo 2 de abril.

El exministro de Interior apenas pronunció en la sala unas pocas palabras en un tono muy mesurado y tranquilo para negar los cargos, pero su abogado se encaró con el letrado de una organización de derechos humanos que pidió al juez que permitiera la entrada en la sala de las cámaras de televisión para que se pudiera filmar al detenido.

Mubarak cesó a Adly el 31 de enero, apenas una semana después de que se iniciaran las protestas en la plaza Tahrir. Unos días después, las autoridades lo incluyeron en una lista de personalidades que no podían viajar al extranjero, se le congelaron las cuentas bancarias y fue arrestado bajo la acusación de corrupción. Se estima que durante los 13 años que ha desempeñado el cargo ha amasado una inmensa fortuna. Recibió, por ejemplo, un millón de dólares de una constructora, según la acusación.

El régimen de Mubarak quería que el desorden fuera grande

Para las organizaciones de derechos humanos, Al Adly ordenó a la Policía utilizar fuego real contra los manifestantes durante los primeros días de las protestas en el centro de El Cairo a finales de enero, lo que causó la muerte de un gran número de personas en la primera semana de la revuelta. Por este caso todavía se le está investigando.

Mientras se desarrollaba la vista, grupos de personas se habían congregado frente al tribunal para exigir que se aplique al acusado la pena de muerte por haber ordenado que se practicara la tortura a detenidos políticos, principalmente islamistas. Varias tanquetas del Ejército se desplegaron en la zona para mantener el orden durante el primer juicio contra una personalidad del régimen de Mubarak.

A Al Adly también se le ha acusado de haber ordenado a la Policía que abandonara las calles con el fin de crear el caos. El régimen de Mubarak quería que el desorden fuera grande y que los delitos comunes se multiplicaran, como de hecho ocurrió, para que la gente pidiera a la Policía que restableciera el orden y acabara con las protestas.