Pedro Castillo será procesado también por rebelión. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú ha aprobado la formalización del procedimiento contra el expresidente por dicho delito. La decisión judicial, tomada por el juez Juan Carlos Checkley, permite así a la Fiscalía solicitar la detención preventiva de Castillo. La prisión preliminar dictada en su contra culminaba este miércoles.

De hecho, el Ministerio Público ya ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario, detenido desde el 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso después de anunciar la disolución de la Cámara y la instauración de un Gobierno de excepción. Castillo, además de los delitos de rebelión y conspiración, cargos por los que se enfrentaría a entre 5 y 10 años de cárcel,  será investigado como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Junto al expresidente, la Fiscalía también ha pedido prisión preventiva para el ex primer ministro Aníbal Torres. Como antiguo asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración. A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana.

Antes de oficializarse el procedimiento, la Justicia peruana había rechazado la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar. El exmandatario, que esperaba poder acabar su detención este miércoles, había hecho un llamamiento a sus seguidores para manifestarse a su salida tras cumplirse "siete días de una injusta y abusiva detención". 

Mientras, las protestas desatadas tras su destitución continúan. El nuevo Gobierno de Dina Boluarte ha avisado de que evalúa decretar el estado de emergencia en todo el país. De momento, el Ejecutivo que lidera ha anunciado la declaración de emergencia en la Red Vial Nacional y el despliegue del Ejército en las calles para proteger puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las movilizaciones que se han reproducido en varias regiones.

Hasta la fecha, los enfrentamientos con la Policía durante las protestas, en las que se pide al nuevo Gobierno que disuelva el Congreso y convoque elecciones presidenciales, se han cobrado la vida de al menos seis personas, según ha confirmado el Defensor del Pueblo, que llegó a hablar de siete muertos. Entre los fallecidos hay dos menores de edad de 15 y 16 años. Otros tres tenían 18 años y el último tenía 38. Hay también cientos de heridos.