No terminan las idas y venidas del exministro franquista Rodolfo Martín Villa con la justicia argentina. Imputado desde 2014 por delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, la jueza María Servini de Cubría ha impuesto al represor una fianza de 21.250.000 pesos (más de un millón de euros) a cambio de la exención de prisión. La defensa ha recurrido la decisión de la magistrada.

Servini estableció la fianza en concordancia con una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que revocó el 22 de agosto un fallo de su juzgado en el que denegaba por segunda vez su exención de cárcel.
Por considerarla desorbitada, el exministro recurrió el pasado miércoles la caución dictada por la jueza a través de su abogado Fernando Goldaracena. La Cámara de Apelaciones ha fijado este lunes una audiencia para el 11 de septiembre en la que obliga al defensor de Martín Villa a comparecer para explicar los motivos de su nueva apelación, ya sea de manera oral o escrita.

La exención de prisión del exministro, por lo tanto, sólo será efectiva cuando se cumpla con la fianza, según las condiciones que establezca finalmente la Cámara de Apelaciones una vez haya escuchado al abogado de Martín Villa, que puede pedir una prórroga de la citación.

Fuentes de este tribunal explicaron a Público que si un imputado demuestra su incapacidad para pagar la cantidad fijada por la justicia, ese condicionante puede inclinarse a su favor, aunque las cauciones también se determinan en base a los hechos imputados, que en este caso, son de gran magnitud porque atañen delitos de lesa humanidad que no prescriben. La Cámara de Apelaciones reconoce que es más difícil obtener información en un caso como éste, dado que el acusado reside en un país extranjero.

El caso de Martín Villa presenta la particularidad de que, al menos en el papel, el imputado ha manifestado su deseo de colaborar con la justicia argentina, e incluso asegura que desea aportar datos históricos de los hechos investigados, de acuerdo al tribunal de segunda instancia. En su alegato para conseguir que se anule la orden de detención que pesa sobre él en Argentina, Martín Villa ha reivindicado su voluntad de ser interrogado por Servini en Buenos Aires, aunque también ha sugerido que la declaración indagatoria se realice a través de los consulados argentinos en España.

En una entrevista concedida a este diario, la jueza ya explicó que no puede efectuar interrogatorios a distancia, en virtud de la legislación argentina y del tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987. Mientras no se resuelva la fianza que debe pagar para confirmar su exención de prisión, continuará vigente la orden de detención sobre el exministro fraquista, uno de los quince imputados, de los veinte originales, que quedan vivos en la causa.

Martín Villa fue imputado en la causa por ordenar, en calidad de ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinadas cinco personas. Al momento de conceder al represor la exención de cárcel con el condicionante de la fianza, la Cámara de Apelaciones alegó dos premisas.

El tribunal consideró que Servini no había fundamentado las razones por las que el exministro franquista fue involucrado en el expediente por hechos ocurridos durante la transición, aunque la magistrada alegó en una de sus resoluciones que su período de investigación abarca desde 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, hasta 1977.

La Cámara también observó que Martín Villa no tuvo por qué haber tenido noticias de la causa hasta que fue notificado de su orden de captura con fines de extradición. Su actitud de mostrarse proclive a declarar por los medios que fuere también fue otro de los argumentos que aceptó el tribunal para revocar la negativa de Servini de concederle la exención de prisión. Durante 2016, la magistrada intentó desplazarse hasta en tres ocasiones a Madrid para interrogar a los represores de la dictadura imputados en su causa, pero tanto la justicia española como el Gobierno de Mariano Rajoy impiden hasta ahora esa posibilidad.