Hace meses que se esperaba este encuentro. Cada detalle ha sido pensado, se ha peleado en los tribunales, se ha planificado con cuidado por parte de los dos protagonistas: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Sérgio Moro, el magistrado que ha revolucionado el país con la investigación Lava Jato.

Lo que en teoría sólo debería ser un interrogatorio se ha convertido en una pelea de boxeo o en una especie de final de la Copa del Mundo que retrata una vez más la polarización que desde hace tres años se vive en el gigante suramericano. La ciudad de Curitiba será el escenario del primer cara a cara entre ambos. Por un lado, se encuentra el juez, defendido por un movimiento ciudadano anticorrupción que se mostró a favor del impeachment contra Dilma Rousseff y que se define fundamentalmente por un profundo antipetismo. Y por otro, Lula da Silva, símbolo de una izquierda todavía representada por el Partido de los Trabajadores, pero profundamente dividida, desprestigiada y en crisis.

Y en el fondo la Operación Lava Jato, encargada de investigar el mayor escándalo de corrupción del país, en el que al menos un centenar de políticos de los principales partidos del Gobierno de Temer y de la oposición están en tela de juicio por sobornos y desvíos de dinero millonarios de la estatal petrolera Petrobrás.

Batalla personal

El juez Sérgio Moro es visto como un héroe para la mayoría de los curitibanos y valorado muy favorablemente por el 57% de los brasileños, según una última encuesta de Data Folha. "Él y el fiscal Dallagnol son los únicos que pueden salvar el país”, comenta a Público la quiosquera Elenice Accordi, que trabaja frente al Tribunal de Justicia Federal donde declarará Lula. Pero los polémicos métodos del magistrado le han creado un importante número de enemigos entre la izquierda brasileña que también defiende las investigaciones anti corrupción pero no a cualquier costa.

Al mando de la Operación Lava Jato, Moro ha puesto de moda las detenciones preventivas, las delaciones premiadas y las filtraciones a la prensa en lo que asociaciones como Jueces para la Democracia han definido como una “posible manipulación del proceso”. Desde el primer momento, el expresidente Lula se convirtió en su mayor crítico por definir las delaciones premiadas como armas con las que “se puede conseguir que el preso diga cualquier cosa”, y las filtraciones a los medios como una fórmula para que “los sospechosos sean juzgados por la prensa antes que por la Justicia”, ha repetido sin cesar el sindicalista.

Pero el mayor enfrentamiento entre el expresidente y el magistrado se produjo en marzo de 2016, cuando Dilma Rousseff intentó nombrar a Lula ministro y Moro respondió con una filtración de unas escuchas telefónicas ─que serían ilegales─ en las que se daba a entender que Rousseff le ofrecía el cargo a su antecesor para protegerlo legalmente con el foro privilegiado, un beneficio que obtienen los políticos del Ejecutivo por el que sólo son juzgados por el Tribunal Supremo y no por la justicia ordinaria. Debido a esas escuchas, Lula no pudo ser nombrado ministro y su caso volvió a la justicia ordinaria, hoy en manos del curitibano.

Miembros del PT, durante una marcha en apoyo a Lula en Curitiba. - REUTERS

La animadversión entre juez y acusado se ha hecho patente hasta el último minuto. Los abogados de Lula presentaron una lista de 86 testigos, a lo que el juez Moro increpó que entonces el expresidente debería acompañar las 86 declaraciones en Curitiba. Finalmente se denegó la petición de Moro. A su vez por parte del expresidente se solicitó que la declaración de este miércoles fuera grabada y televisada en directo: “Quiero que los brasileños me escuchen, no tengo nada que esconder”, dijo el sindicalista. Pero el magistrado se negó a hacer ese tipo de excepción.

Por último, los abogados de Lula también solicitaron que el interrogatorio, además de ser filmado por el responsable del Ministerio Público, también pudiera ser registrado por el cámara del Instituto Lula para que no sólo se enfocaran los gestos del presidente sino también los de Moro, de modo que una posible manipulación de las imágenes de parte de la Fiscalía no afectara al exmandatario. Esa medida excepcional también fue denegada, al igual que el Habeas Corpus que presentó a última hora de este lunes la defensa de Lula pidiendo la anulación del proceso por “no tener tiempo de leer las 100.000 páginas de pruebas presentadas a última hora por parte de la acusación”. Hasta este mismo martes a última hora de la noche la defensa de Lula ha vuelto a pedir la anulación del interrogatorio, esta vez ante el Tribunal Supremo, por no tener acceso al expediente completo.

“Con las celdas abiertas”

Los medios de comunicación han dado a conocer cada detalle de la guerra abierta entre juez y exmandatario y la batalla se ha extendido a los movimientos sociales que apoyan cada uno de los bandos con Curitiba, ciudad del mandatario y donde empezó Lavo Jato, como escenario. Del lado del ex presidente Lula, está el Movimiento Sin Tierra (MST), el Frente Brasil Popular y la Central Única de Trabajadores (CUT) que han organizado actividades en la ciudad de apoyo al expresidente.

El MST ocupó la antigua estación de trenes de la ciudad y a lo largo del martes hasta la mañana del miércoles llegaron 60 autobuses desde diversos puntos del país con representantes de estos movimientos. “Venimos para apoyar al mejor presidente que ha tenido este país”, decía Ana Rosa da Silva, que venía del interior de Sao Paulo. “Moro quiere ver preso a Lula para que no pueda presentarse en 2018, ese es el único motivo de este juicio”, decía Pedro Marques, campesino de 47 años del sur de Paraná, que lleva acampando desde el lunes de noche con su mujer y sus cuatro hijos.

Del lado del juez Moro está el movimiento ciudadano de Apoyo a la Lava Jato que acampó durante casi un año frente al Tribunal Federal de Justicia y que hace una semana fue expulsado de la zona para evitar problemas con la llegada de Lula. Pero lo que sí se mantuvieron fueron los carteles publicitarios a la entrada de la ciudad pagados por un grupo de empresarios que no han dado su nombre, en los que aparecía la caricatura de Lula entre barrotes con la siguiente frase: “Bienvenido a la República de Curitiba, te esperamos con las celdas abiertas”.

Manifestantes del movimiento "Viene a la calle" instalan un inflable con la imagen de Lula vestido de presidiario. - EFE

La República de Curitiba es otro movimiento social creado hace un año que se define por ser “anti corrupción”, defender al juez Moro y a la Fiscalía de la ciudad y por su profundo odio al Partido de los Trabajadores. En su página con 400.000 seguidores y un blog que alcanza dos millones de visitas no sólo señalan a Moro y a Dallagnol como los “salvadores de Brasil” sino que insultan a los campesinos del MST definidos como “vándalos y terroristas”.

Las autoridades han preparado un perímetro de 150 metros alrededor del edificio para la llegada de Lula al Tribunal de Justicia Federal. Zona a la que sólo podrán acceder la prensa y los vecinos. Las concentraciones de los grupos de apoyo a Lula se darán en el centro de la ciudad en el área conocida como Boca Maldita, mientras que los defensores de Moro se reunirán en el Centro Cívico, separados por tres kilómetros de distancia.

Los efectivos de seguridad de la ciudad se han reforzado, aunque el secretario de Seguridad, Wagner Mesquita, no ha querido dar cifras. Sólo ha señalado que la organización se ha pensado como para “un gran evento”. El teniente Hetzel, que estaba a cargo de la seguridad en los alrededores del Tribunal Federal, da cuenta de la división comenta a Público: “Lo que va a pasar este miércoles es un símbolo de cómo está Brasil, divido, radicalizado, es una pena que la gente no se dé cuenta que detrás de cada bando hay intereses, no es blanco y negro”. Y aclara: “Lo digo desde mi punto de vista personal, no como policía”.

La acusación

“No odio a Lula como muchos de los de por aquí, pero nos ha robado, nos ha engañado, todos los políticos se han llevado dinero y hoy en día Moro es el único que se preocupa por acabar con la corrupción del país”, declara Evaldir Pinheiro, jubilado de 72 años, que resume el sentir general de Curitiba hacia el expresidente y el juicio. Lula no se sienta en el banquillo de los acusados como jefe de ninguna "cuadrilla criminal", como le definió el fiscal Deltan Dallagnol, que junto con Moro se ha convertido en los ídolos de los curitibanos. El exmandatario tendrá que responder por la acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero y de haber recibido supuestamente 3,7 millones de reales (alrededor de un millón de euros) de parte de la constructora OAS a cambio de favorecerla con una serie de contratos con la estatal Petrobrás.

Según la acusación, Lula habría gastado ese valor en un apartamento triplex en el litoral de Sao Paulo, que fue reservado por la familia de Lula pero no comprado, y también a través del pago de un alquiler de una empresa que almacenaba los regalos que el expresidente había recibido durante sus mandatos y que él mismo reconoció que al dejar el Gobierno no tenía espacio para guardarlos.

Hasta el momento no hay prueba material de que Lula intercediera directamente en la firma de los contratos de OAS con Petrobrás, pero el fiscal Deltan Dallagnol afirma que como Lula era presidente del Gobierno y era quien indicaba a los directivos de la petrolera tendría el poder de “obligar” a llevar a cabo esos negocios y por ello Lula sería, todavía en palabras de Dallagnol, “el comandante máximo del esquema criminal”.

Según la acusación, las otras pruebas serían que tanto el apartamento como el contrato con la empresa de almacenaje estaban a nombre de la constructora OAS, y Lula estuvo interesado en comprar dicho triplex, y sus regalos estarían guardados bajo llave de la empresa en cuestión. La defensa de Lula ha presentado “todas las pruebas” que indican que el expresidente nunca fue dueño del apartamento, a pesar de que en algún momento se interesara por el mismo, y no considera “una conducta irregular” lo relativo a la empresa de almacenaje.