Dos jueces han paralizado la inminente ejecución de siete presos de Arkansas (EEUU) que estaban a punto de cumplir su pena de muerte. Sus inyecciones letales estaban previstas en cadena y a realizarse en tiempo récord (11 días) porque uno de los medicamentos estaba a punto de caducar.

La decisión de las autoridades, que iban a suministrar las inyecciones letales a partir del próximo lunes, fue contestada nacional e internacionalmente. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea instó hace días al gobernador de Arkansas a que conmutara las siete ejecuciones (una de ellas había sido suspendida con anterioridad). 

La UE "se opone al castigo capital",  porque no la consideran un "elemento disuasorio del crimen" y representa una "negación inaceptable" de la dignidad e integridad humana y no puede ser justificado "bajo ninguna circunstancia", según la nota enviada al otro lado del charco. 

Sin embargo, el gobernador de dicho estado, el republicano Asa Hutchinson, había justificado su decisión de programar ocho ejecuciones (una ya fue suspendida antes) en 11 días, entre el 17 y el 27 de abril, porque a finales de mes caduca el suministro estatal del sedativo midazolam, uno de los tres medicamentos de las ejecuciones.

Ante la posibilidad de no tener más suministro, dada la dificultad de conseguir ese medicamento y la reticencia de las farmacéuticas a que sus productos se usen para la pena capital, el estado optó por llevar a cabo las ejecuciones antes de que caduque el actual.

Estos ajusticiamientos romperían la moratoria "de facto" de la pena de muerte vigente en ese estado norteamericano desde noviembre de 2005. Arkansas, qeu no ejecuta a ningún preso desde dicho año y que era uno de los estados donde la pena de muerte permanecía estancada en los tribunales por los litigios contra sus protocolos, se convertiría ahora en el primer estado de EEUU en llevar a cabo tantas ejecuciones en tan poco tiempo desde la reanudación en 1977 de la pena de muerte en EEUU. A día de hoy, la pena capital es ilegal en sólo 19 de los 50 estados norteamericanos.

Sin embargo, dos jueces han impedido que el gobernador siga adelante con sus planes. Uno de ellos es Wendell Griffen, del condado de Pulaski, que emitió el viernes una orden temporal que prohíbe al estado usar uno de los tres medicamentos previstos para las ejecuciones, el bromuro de vecuronio. ¿El motivo? La empresa que se lo vendió, McKesson, presentó una denuncia en la que alega no haber sido informada de que iba a utilizarse para aplicar la pena capital.

La orden, que la Fiscalía General del estado anunció hoy que llevará al Supremo estatal, establece que Arkansas no usará el bromuro de vecuronio obtenido de McKesson hasta que así lo dictamine esa misma corte, donde está prevista una audiencia de urgencia el martes.

Poco antes de la decisión del juez Griffen, la Corte Suprema de Arkansas suspendió  la ejecución de Bruce Ward, el primero que iba a ser ejecutado el lunes, de 60 años, que se suma a la suspensión de la de Jason McGehee días antes.

Así, de las ocho ejecuciones previstas inicialmente en un plazo récord de 11 días dos están suspendidas y seis en duda tras la decisión del juez de prohibir temporalmente el uso de uno de los medicamentos.