La prensa francesa volvió a imponer ayer el ritmo de su pulso con el presidente Nicolas Sarkozy acerca de sus relaciones con la multimillonaria dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Pero la gran novedad de la jornada vino esta vez de la magistratura. La Unión Sindical de Magistrados (USM) decidió saltar a primera línea para formular al Ejecutivo una incómoda solicitud: que permita la designación de un juez instructor independiente sobre el caso. Algo que Sarkozy, de momento, no ha podido o querido permitir.

'La pregunta que planteo a la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, y a Nicolas Sarkozy es simple: ¿qué tienen que ocultar para no querer que se designe a un juez de instrucción independiente?'. Con esta frase, espetada a las ocho de la mañana por Christophe Régnard, presidente de la USM, se desayunaron los miembros del Gobierno de François Fillon.

La Fiscalía de Nanterre abre una 'investigación preliminar'

Un Ejecutivo que había estado empleándose a fondo para intentar parar una ola funesta. La que sube desde el martes, cuando una testigo afirmó ante la policía que Sarkozy recibió de parte de Bettencourt, en marzo de 2007, 150.000 euros en metálico para la financiación ilegal de su campaña presidencial.

La acusación fue formulada por Claire Thibout, ex contable de la fortuna de la multimillonaria. El primero de los detalles que dio la contable que 50.000 euros en metálico fueron sacados de una cuenta de Bettencourt en un banco de Francia fue confirmado ayer por la policía, según el diario Le Monde. La policía financiera confiscó también ayer los cuadernos de Thibout, por lo que más detalles Sarkozy recibió supuestamente otros 100.000 euros desde cuentas en Suiza podrán ser verificados por las autoridades en breve.

Desde mediados de junio, la prensa ha ido deshojando la margarita de las relaciones del equipo Sarkozy con la multimillonaria. Cada revelación, al ritmo de varias por día, desmentía las afirmaciones del Gobierno en cosa de minutos. Desde las reuniones con la multimillonaria del ministro del Trabajo, Eric Woerth, hasta el empleo de su esposa, Florence Woerth, en el bufete de gestión de fortuna que organizaba la evasión fiscal de L'Oréal, todo ha sido puesto sobre la mesa, especialmente por la página web de información Mediapart.

El ministro Woerth se querella por calumnias contra quienes lo acusan

Pese a ello, no se ha permitido el nombramiento de un juez de instrucción independiente para incoar un sumario que abarque en su globalidad todos los indicios racionales sobre una presunta 'toma ilegal de interés', 'evasión de impuestos', 'blanqueo de fraude fiscal' o posible 'corrupción de agente público'. Y Woerth anunció ayer que presentará una demanda por 'denuncias calumniosas'.

Antes al contrario, la juez independiente que se ocupaba de una querella familiar entre la multimillonaria y su hija, Isabelle Prévost-Desprez, fue excluida del resto del dossier, el que afecta al Gobierno, a su pasividad con los impuestos de la multimillonaria, y a la posible financiación ilegal de Sarkozy y de su partido, la gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP).

Clave en ese cerrojazo judicial es un personaje muy conocido en los cenáculos del poder parisino. Se trata del fiscal de Nanterre (ciudad del oeste de París) Philippe Courroye. No sólo es que, como fiscal, hoy dependa directamente de las instrucciones de la ministra de Justicia. No sólo es que su nombre siempre haya estado históricamente ligado al de Sarkozy, incluso cuando era juez de instrucción en París.

Lo peor del asunto es que Courroye aparece citado él mismo, en persona, como uno de los posibles implicados en el caso L'Oréal. En una grabación de conversaciones privadas sobre evasión fiscal y querellas, entre Bettencourt y su consejero fiscal, Patrice de Maistre, Este hace alusión a la posibilidad de que Courroye que 'conocemos muy bien' bloquee toda acción judicial desfavorable a la multimillonaria. Eso es lo que parecía ayer, puesto que Courroye anunció que abría una 'investigación preliminar' sobre todo el affaire.

Las 'investigaciones preliminares', que tardan años o décadas en no conducir a nada y sí bloquean todo sumario judicial independiente, son una gran tradición francesa.