La izquierda europea choca con el megaplan de inversión de Juncker por el fiasco de Castor

Era como chocar contra una pared, desde dónde sólo se emitía un mensaje: "No. No escucho nada que diga que el problema está en el modelo". El representante de la Comisión Europea en la mesa redonda era educado y amable, pero una pared que no parecía entender lo que había ocurrido en España con el fiasco de Castor, la plataforma de gas que ocasionó más de mil terremotos frente a la costa de Vinaroz (Castellón), en 2013 y que va a costar a los consumidores de gas españoles la friolera de 4.700 millones de euros.

Castor es el proyecto experimental de un macroplan de inversión, consistente en que involucrar a las empresas privadas en las grandes construcciones de infraestructuras financiadas con dinero público aportado por el Banco Europeo de Inversiones. Conocidos como project bonds (proyectos de bonos) e impulsados por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, este modelo pretende inyectar 21.000 millones de euros públicos para, en teoría, movilizar 315.000 millones del sector privado e impulsar la economía europea en plena crisis.

Pablo Echenique (Podemos): Castor es " capitalismo de amigotes"

Estas son las cuentas de Castor: su construcción ha costado 500 millones de euros a Florentino Pérez y los promotores , financiados por el Banco Europeo de Inversiones (300 fueron puestos por la entidad y otros 200 a través de líneas de crédito). Se colocó en una falla activa, no se hicieron estudios de sismicidad adecuados, empezó a inyectar gas un mes después de recibir el dinero del BEI, ocasionó más de mil terremotos, la empresa renunció al proyecto y el Gobierno acaba de pagar una indemnización de 1.350 millones de euros por este negocio fallido, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo que le favorecía a no indemnizarlos.

Los consumidores españoles tendrán que pagar 4.731 millones de euros por el fiasco, ya que la indemnización se convertirá en deuda a colocar por los banco al 4,27% a 30 años, cuando varias de esas entidades participaron en la financiación de la plataforma. Cuando escuchó la astronómica deuda de 4.731 millones que pagarán los consumidores de gas españoles sin comerlo ni beberlo, el rostro del representante de la Comisión Europea expresó asombro mientras anotaba las palabras de los representantes de los vecinos afectados. Y se transformó en consternación ante la indignación del eurodiputado de Podemos Pablo Echenique: Castor es " capitalismo de amigotes", un proyecto económico nulo con "un contrato draconiano donde el único que podía perder era el pueblo de España y al final se han cumplido los vaticinios".

"Todo el riesgo corre a cargo del contribuyente", remachó Echenique. Y, entonces, Giorgio Chiarion-Casoni, el funcionario de la Comisión Europea asintió: "Estoy de acuerdo y no hago comentarios al respecto". Era el único representante en una mesa redonda que celebró la izquierda europea esta semana y a la que no asistió el financiador del fiasco, el Banco Europeo de Inversiones. Estaba invitado a este encuentro oficial, pero la víspera excusó su asistencia. Así que Casoni dio la cara por la Comisión y por el BEI, a pesar de que en varias ocasiones dijo desconocer los detalles de Castor.

Castor es el primer proyecto experimental del megaplan de inversión Juncker que planea lanzar la Comisión Europea, a pesar de todas las señales de alerta. De ahí la importancia del encuentro en el Parlamento Europeo organizado por Los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE) e Izquierda Unitaria (GUE) junto con la sociedad civil directamente afectada, como es la Plataforma de Vecinos de Vinaroz.

La izquierda europea está alarmada. Tanto Castor como otro proyecto en Italia financiado de forma experimental han resultado un fracaso. Ambos han sido costeados con el modelo que Juncker pretende expandir en toda Europa: incluye la emisión de 60.000 euros en bonos garantizados por el presupuesto de la UE, a través del BEI, para que las empresas privadas emprendan proyectos de infraestructuras y energética. Casoni explicó en la reunión que, tras el inicio de la crisis, las empresas privadas no quieren correr ningún riesgo.

Castor ha demostrado que no hubo un correcto control previo del proyecto (la auditoría llamada due dilligence), según Ernest Urtasun, eurodiputado por ICV, quien dejó una pregunta en el aire: "¿Cuál es la capacidad de la Comisión Europea para analizar los más de cien proyectos que han anunciado los Estados miembros?" para el megaplan de inversión Juncker, teniendo en cuenta que no ha habido un control previo correcto en Castor.

Jordi Sebastiá (Los Verdes): "En Castor se abandonan los principios de los que ellos hablan de libre mercado, para socializar las pérdidas"

Jordi Sebastiá, eurodiputado de Compromís (Los Verdes/ALE), denunció que las inversiones no se estaban controlando y que el caso Castor confirma una vez más una tendencia: la socialización de las pérdidas. "Si hablamos de inversión privada, ¿dónde queda el riesgo? En Castor se abandonan los principios de los que ellos hablan de libre mercado, para socializar las pérdidas".

Paloma López, de IU Europa, fue a más: no sólo se utilizan fondos públicos para financiar actividades privadas, sino que los costes son superiores a lo que pagaría el Estado si realizara estos proyectos. El megaplan, en general, favorece las inversiones masivas impuestas por "los grandes oligopolios" de la energía y el cemento, en lugar de optar por modelos de desarrollo social o de apoyo a las pymes.

En el caso del fiasco italiano, la construcción en cuestión consiste en un pequeño tramo de la autopista del norte A-4 que bordea la ciudad de Mestre y la bahía de Venecia y es conocido como Passante di Mestre. Los 45 kilómetros del proyecto se presupuestaron en 750 millones y han costado 1.400 millones. La justicia italiana lleva ya un centenar de detenidos por este fiasco, entre empresarios, policías y hasta un alcalde.

Los 45 kilómetros de la autopista italiana se presupuestaron en 750 millones y han costado 1.400 millonesLas organizaciones italianas presentes en la conferencia, como Opzione Zero, denunciaron en la reunión que esta construcción es sospechosa de fraude y de infiltración mafiosa. Es más, su portavoz Rebecca Rovoletto leyó las conclusiones de un informe de la Fiscalía italiana en el que revela que esta obra tiene una infiltración mafiosa nueva -que no corresponde a la mafia clásica- y que la colocación de bonos para financiar estas obras propicia el blanqueo de capitales.

De ahí que las ONGS italianas hayan pedido la intervención de la oficina antifraude de la Unión Europea, Olaf.Víctor Tormo, diputado por las Cortes valencianas, explicó en la reunión que en el proyecto Castor desde el principio se estaban ocultando datos " vitales para la opinión de los ciudadanos" y denunció que la plataforma fue desplazada en las coordenadas geográficas en vista de que el gobierno catalán estaba siendo muy exigente con los requisitos medioambientales, para colocarlo en la Comunidad Valenciana, en manos del PP. "Han sido capaces de poner un proyecto encima de una falla activa para no hacer alegaciones", denunció.

Tomó la palabra un representante de Vinaroz para aportar una fotografía, la imagen de la empresa constructora de Castor (Escal UGS, controlada por ACS) en el momento de recibir los 500 millones del BEI: tenía 10 trabajadores -el 45% de plantilla fijo-, 25 directivos y un capital social de 5,5 millones de euros. Ahora, el Gobierno español ha dado a esta empresa 1.430 millones de euros públicos.El representante de la Comisión anunció que el megaplan de inversión seguirá adelante, tras una evaluación que se realiza ahora. Reconoció que Castor quizá sea un proyecto de estudio paradigmático pero, insistió, no veía problema alguno al instrumento de financiación por el BEI. No lo veía cuestionado a pesar del fracaso.