El Gobierno brasileño ha optado por la austeridad para mantener la inflación bajo control y evitar el recalentamiento de la principal economía de América Latina.

Los recortes anunciados, por unos 50.000 millones de reales (22.000 millones de euros), han generado afiladas críticas contra la presidenta, Dilma Rousseff, pese a que se concentran en los gastos corrientes de los ministerios y no afectarán a los programas sociales ni a las inversiones del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que debe hacer frente a la carencia de infraestructuras que pone en riesgo el desarrollo del país.

Sin embargo, uno de los planes sociales en los que mayor hincapié hizo Dilma durante la campaña ha resultado afectado: el programa Minha casa, minha vida, diseñado para facilitar la compra de una primera vivienda a las familias brasileñas, en un país cuyo déficit habitacional se calcula en seis millones de viviendas. Este plan sufrirá un recorte del 40%: de 12.700 millones de reales pasará a dotarse con 7.600 millones.

La decisión del Gobierno ha despertado suspicacias dentro del propio Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Dilma. Según el diario Folha de São Paulo, varios petistas advirtieron al Ejecutivo de que será difícil cumplir con la promesa de que se mantendrán los presupuestos del área social y del PAC. Dentro y fuera del PT, muchos creen que la meta de austeridad fue demasiado ambiciosa. Las principales críticas han venido del ala izquierda del PT y de la Central Única de Trabajadores, molesta con el Gobierno por impulsar una subida del salario mínimo hasta los 545 reales, lejos de los 580 que pedían los sindicatos.