Mafia El Estado italiano negoció con la Cosa Nostra para frenar los atentados en los noventa

Un tribunal de Palermo (sur de Italia) condenó hoy a siete personas, entre políticos, policías y jefes mafiosos a varios años de prisión al considerarles partícipes en una negociación entre el Estado y la mafia en la década de 1990 para frenar la violencia.

El general del cuerpo de Carabineros Mario Mori y el comandante Antonio Subranni fueron condenados a 12 años de prisión, el coronel Giuseppe de Donno a 8 años y el exsenador y colaborador del ex primer ministro y líder de Forza Italia Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri (ya en prisión), a 12 años de cárcel.

El capo mafioso Leoluca Bararella ha sido condenado a 28 años de cárcel por amenazas al Estado, mientras que a otro jefe criminal, Antonino Cinà, le aplicaron 12 años. Por último han condenado con 8 años a Massimo Ciancimino, hijo del que exalcalde de Palermo, el mafioso Vito Ciancimino, y que con sus declaraciones permitió la apertura de la investigación sobre la colaboración entre la mafia, la política y los servicios secretos.

Los delitos imputados han quedado prescritos para el mafioso arrepentido Giovanni Brusca y ha sido absuelto el que fuera ministro del Interior entre 1992 y 1994, Nicola Mancino, acusado de prestar falso testimonio sobre los hechos investigados. Este declaró su "alivio" en declaraciones a los medios: "Ha acabado mi sufrimiento aunque siempre he estado convencido de que en Palermo se haría justicia", celebró.

Entre los imputados se encontraba el máximo dirigente de la mafia siciliana Cosa Nostra, Totò Riina, que sin embargo falleció el 17 de noviembre pasado a los 87 años de edad en la sección para presos de un hospital de Parma (norte) por sus múltiples cadenas perpetuas.

Este proceso judicial, iniciado en 2013 tras cinco años de investigaciones, indagaba en la presunta negociación entre políticos, policías, altos funcionarios y mafiosos sicilianos durante la década de 1990 para cesar los atentados con los que Cosa Nostra intimidaba al Gobierno para que detuviera su ofensiva.

En ese periodo fueron asesinados representantes del Estado como el parlamentario democristiano Salvo Lima en 1992 o, ese mismo año, los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borselino, además de los atentados en Florencia (centro), Milán (norte) o Roma.

Según la acusación, las autoridades de la época, políticos y agentes de los carabineros ofrecieron a los mafiosos descuentos de pena o la atenuación de las mismas para los ya encarcelados a cambio de abandonar los ataques y poner fin a su sangrienta estrategia.

La Justicia consideró que esta política se llevó a cabo e incluso se sacó del severo régimen de aislamiento reservado a mafiosos, conocido como 41Bis, a numerosas personas encarceladas por pertenencia a una asociación criminal.

Otro de los hechos relevantes durante la investigación es el polémico y fallido arresto del sucesor de Riina al frente de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, en 1995, impedido según la acusación por el general de los carabineros Mario Mori. En este proceso llegó incluso a testificar el 28 de octubre de 2014 el por entonces presidente de la República, Giorgio Napolitano.

Tras la sentencia en primera instancia del Tribunal de Palermo, el candidato a primer ministro por el Movimiento Cinco Estrellas, Luigi di Maio, declaró que "la negociación entre el Estado y la mafia existió" y agradeció a los magistrados su labor por la verdad.

Uno de los fiscales que han ejercido la acusación, Vittorio Teresi, dedicó la sentencia a Borsellino, Falcone y "a todas las víctimas inocentes de la mafia", según recogen los medios locales.