Israel se niega a devolver los cuerpos de los atacantes palestinos muertos a tiros
Medidas cuestionadas por los tribunales
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JERUSALÉN.- Israel ha tomado una serie de medidas para, en nombre de su seguridad, frenar la actual ola de violencia y, con ello, aumentar aún más la presión sobre los palestinos. Entre las iniciativas aprobadas, el Gobierno de Netanyahu ha decidido no devolver a sus familias los cadáveres de los autores de los últimos ataques que han sido disparados por las fuerzas israelíes. El Ejecutivo defiende que al tomar esta decisión evita que los funerales se conviertan en manifestaciones que alienten a la violencia.
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Medidas cuestionadas por los tribunales
La batería de medidas no acaba ahí. El gabinete de seguridad del Ejecutivo ha decidido asimismo revocar los derechos de residencia a los palestinos acusados de delitos de "terrorismo", lo que afecta fundamentalmente a los del territorio ocupado de Jerusalén Este, que no tienen nacionalidad israelí pero si residencia, y confiscar las propiedades de quienes lleven a cabo ataques. Las autoridades israelíes también reforzarán las tareas de demolición de casas de los responsables de ataques y prohibirá que se vuelva a construir en esos lugares. Iniciativas similares han sido posteriormente canceladas por los tribunales israelíes, que han cuestionado la legalidad de ese tipo de medidas.
La región cumple este miércoles hoy dos semanas consecutivas de violencia, con ataques y disturbios en los que han muerto siete israelíes y 30 palestinos, incluidos niños. Según fuentes policiales israelíes, a once de ellos se les mató a tiros tras perpetrar o intentar perpetrar ataques mediante apuñalamientos y atropellos.
Nueva escalada en la política de seguridad de Israel
Muchos de los ataques registrados desde comienzos de octubre han sido llevados a cabo por residentes de Jerusalén Este, el sector predominantemente árabe de la ciudad. Israel considera, en un desafío a la comunidad internacional, que todo Jerusalén forma parte de su territorio, por lo que la decisión de cerrar los barrios árabes supone una nueva escalada en la política de seguridad.