JERUSALÉN.- El Estado de Israel ha pedido a los tribunales que obliguen a la organización no gubernamental Rompiendo el Silencio a que descubra los nombres de los soldados y oficiales que han denunciado los excesos de la ocupación de manera anónima para protegerse de posibles represalias. La demanda se ha formulado a petición del Ejército ante un tribunal de la localidad de Petah Tikva, en el centro del país, durante un juicio “clasificado”, según ha revelado el semanario Makor Rishon, un periódico que se identifica con los colonos que viven en la Cisjordania ocupada y da a gran parte de su contenido una orientación fuertemente religiosa.

Rompiendo el Silencio se fundó en 2004 y desde entonces ha recogido centenares de testimonios de militares que han servido en los territorios ocupados y que han decidido dar un paso al frente y denunciar los abusos de todo tipo que comete el Ejército. Su característica dominante es que se trata de una asociación de veteranos excombatientes. Sus actividades han sido criticadas con mucha dureza tanto por el Ejército como por destacados políticos, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, que consideran que el trabajo que realiza la organización se basa en la mentira y la especulación y causa un daño prácticamente irreversible a Israel ante la opinión pública extranjera.

Rompiendo el Silencio ha recogido centenares de testimonios de militares que han decidido dar un paso al frente y denunciar los abusos que comete el Ejército

Las entrevistas con militares publicadas por esta ONG han originado que la policía militar abra una investigación sobre ocho de los cientos de incidentes denunciados acerca de la última invasión de la Franja de Gaza de 2014, denominada Margen Protector. Los testimonios indican que el Ejército cometió crímenes de guerra, dio a sus subordinados órdenes ilegales y violó las leyes internacionales.

Con la mayor discreción posible

La fiscalía del Estado y el Ejército han declinado hacer comentarios sobre la denuncia argumentando que se trata de una denuncia “clasificada”. Todo indica que las autoridades quieren llevar el caso adelante dentro de la mayor discreción posible para no hacer propaganda a la ONG y para evitar que tenga repercusión en el extranjero.

El argumento central de la petición de la fiscalía es que el Ejército necesita más detalles y acceso a los oficiales y soldados denunciantes para que sus testimonios puedan investigarse. Sin embargo, Rompiendo el Silencio se niega a facilitar los datos que exige el Ejército puesto que los militares realizaron sus denuncias bajo la condición de que su identidad se mantendría en secreto.

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El año pasado el coronel Erez Raban, de la policía militar, manifestó que al Ejército le resulta muy difícil investigar los testimonios recogidos por Rompiendo el Silencio ya que no incluyen detalles precisos sobre los incidentes y los lugares donde ocurrieron, ni de las unidades implicadas en ellos. Algunos de los testimonios sobre la operación Margen Defensivo incluyen, entre otros incidentes, los disparos de una unidad blindada contra el conductor de un vehículo, el atropellamiento de un ciclista, el atropellamiento deliberado de vehículos palestinos, el robo de propiedades palestinas, abrir fuego contra un hombre de avanzada edad en varias ocasiones y matar a una mujer deficiente mental.​

Acoso a los soldados denunciantes

Con anterioridad el Ejército ha acosado a militares que han ofrecido su testimonio a Rompiendo el Silencio y tras una exposición de fotografías tomadas por soldados en la ciudad de Hebrón, el Ejército interrogó a varios de ellos cuyos nombres no se ocultaron pero no abrió ninguna investigación sobre las denuncias de esos soldados. En diciembre último el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, manifestó que el Ejército había intentado identificar los incidentes denunciados por Rompiendo el Silencio pero no había conseguido su objetivo. Sin embargo, un gran número de las denuncias son muy específicas y fáciles de investigar.

En un comunicado, Rompiendo el Silencio señala que desde su fundación hace once años ha recibido recibido peticiones de la fiscalía del Estado para que la ONG entregara información de distinto tipo. "Durante este tiempo hemos facilitado toda la información posible y continuaremos haciéndolo, sin revelar la identidad de nuestros testigos”, defiende la organización.

“La política (de la ocupación) la dicta el gobierno y los altos mandos del Ejército y nosotros nos oponemos con fuerza a los intentos de acusar a los soldados de sus repercusiones”

Además, la ONG indica que la cuestión no es identificar a este o aquel soldado sino acabar con la política general sobre la que se sustenta la ocupación. “La política (de la ocupación) la dicta el gobierno y los altos mandos del Ejército y nosotros nos oponemos con fuerza a los intentos de acusar a los soldados de sus repercusiones”. No obstante, la fiscalía ha decidido recurrir ante los tribunales para conseguir su objetivo. Fuentes del ejército dicen que “no conocen” esta denuncia o que se trata de una demanda “secreta” sobre la que no están autorizadas a pronunciarse, de acuerdo con Makor Rishon.

El hecho de que esta vez sea la fiscalía del Estado y no la fiscalía militar la que haya iniciado el litigio obedece a que se considera que Rompiendo el Silencio es una “organización civil” a pesar de que la mayoría de sus miembros son reservistas que en muchos casos continúan realizando milicias una vez al año. Sin embargo, la fiscalía militar afirma que se ha tomado el litigio con “retsinut gdola”, es decir “con gran seriedad”.

Uno de los argumentos mencionados por la fiscalía militar es que considera “muy grave” que alguien que conoce que se comete un delito no lo denuncie. “Es como si alguien se entera de un asesinato y no lo denuncia”. No obstante, un abogado israelí responde que se trata de un argumento cínico en la medida de que los excesos del ejército en los territorios ocupados son públicos y los mandos no hacen nada para acabar con ellos.