JERUSALÉN.- El ministerio de Exteriores de Israel ha pedido a los embajadores europeos acreditados en Tel Aviv que sus países se abstengan de ayudar financieramente a las ONG que trabajan para resolver el conflicto israelo-palestino. Esta es una de las medidas que ha adoptado el gobierno de Benjamín Netanyahu en esa dirección en los últimos meses.

El primer ministro está decidido a entorpecer al máximo el trabajo de las ONG de derechos humanos que se esfuerzan en combatir la ocupación. Así lo han manifestado varios ministros públicamente, mientras que los partidos políticos que sostienen al gabinete han iniciado trámites parlamentarios para endurecer las condiciones en las que operan las ONG.

Los proyectos de Casa Judía, formación ortodoxa y nacionalista, se convertirán pronto en leyes ya que el Gobierno tiene la mayoría necesaria para aprobarlas

Dos proyectos de ley de la Casa Judía, una formación ortodoxa y nacionalista que cuenta con la cartera de Educación entre otras, se presentaron el pasado mes de junio ante la Kneset (Parlamento) y pronto se convertirán en leyes puesto que el Gobierno cuenta con una mayoría suficiente para aprobarlas.

Se trata del proyecto de ley titulado “Obligación de informar del apoyo de una entidad política extranjera” y del proyecto de ley titulado “Agentes extranjeros”. Estas iniciativas limitarán sensiblemente la financiación de numerosas ONG que resultan molestas al Gobierno por dedicar su esfuerzo a denunciar la ocupación.

Apoyo de las ONG de derechas a terroristas

Las iniciativas chocan frontalmente con el tratamiento que reciben las ONG de derechas, como en el caso de Honenu. El Canal 10 de la televisión hebrea reveló recientemente que esta organización afín a los colonos ha estado ayudando económicamente a terroristas judíos y a sus familias sin que el Ejecutivo haya movido un dedo para impedirlo.

La organización Honenu, que está exenta de pagar impuestos, recibe cuantiosas ayudas de particulares identificados con el sector más radical del sionismo

Concretamente, en el reportaje se mencionaba un caso
en el que Honenu proporcionó ayuda financiera a un terrorista condenado por el asesinato de siete palestinos en mayo de 1990. También se señalaba el caso de la ayuda dispensada a un grupo de terroristas que trataron de plantar una bomba en una escuela palestina del sector ocupado de Jerusalén en 2002.

Se da la circunstancia de que Honenu está exenta de impuestos en Israel y en Estados Unidos. El grupo recibe en territorio estadounidense cuantiosas ayudas de particulares identificados con el sector más radical del sionismo. Una organización de rabinos progresistas de Estados Unidos ha solicitado a las autoridades americanas que investiguen las actividades de Honenu.

Multas y mayores impuestos a las progresistas

Por su parte, la Alianza por la Sociedad Civil Global (CIVICUS), ha denunciado los planes del Gobierno contra las ONG progresistas. CIVICUS ha expresado su alarma por la situación y ha manifestado que el ejecutivo “quiere silenciar y deslegitimizar” a las organizaciones independientes de la sociedad civil que operan en el país.

Los proyectos de ley se han puesto en marcha para "debilitar" a las ONG "en el contexto del conflicto israelo-palestino"

Los dos proyectos de ley mencionados “pretenden limitar el acceso vital a la financiación internacional”, afirma CIVICUS, y exigen a las ONG identificarse como “agentes extranjeros” en ciertas circunstancias, lo que les causará graves perjuicios. Se llamará “agente extranjero” a cualquier ONG que reciba más de 50.000 dólares anuales de Estados o de organizaciones foráneas que reciban más del 50% de sus presupuestos de la administración.

A las ONG israelíes que se encuentren en este caso se les retendrá el 37% de las ayudas provenientes de organizaciones extranjeras en concepto de tasas, lo que mermará significativamente el montante de las ayudas recibidas. Los proyectos de ley prevén así mismo cuantiosas multas para las ONG que no se atengan a la ley.

CIVICUS sostiene que “estas estipulaciones son intrínsecamente contrarias a la responsabilidad legal de Israel de proteger y promover el derecho a la libertad de asociación al amparo de la ley internacional”. También cree que esos proyectos de ley se han puesto en marcha para “debilitar” el trabajo de las ONG en lo tocante a los derechos humanos “en el contexto del conflicto israelo-palestino”.

Bloqueo a las denuncias contra la ocupación

Estas iniciativas legislativas se venían barajando desde hace mucho tiempo debido al malestar que existía en el Gobierno de Netanyahu a causa de las actividades de las ONG progresistas que reciben buena parte de su financiación de países europeos, en algunos casos también de España. El Ejecutivo israelí cree que los demoledores informes de estas organización contra la ocupación causan un gran daño a la imagen de Israel en el mundo.

“El Gobierno quiere hacernos callar, quiere impedir que denunciemos la ocupación, que salgan a la luz los datos de la ocupación para que no se conozcan en Occidente”

Poco después de las últimas elecciones legislativas de marzo, cuando ya se había formado el Gobierno, el diputado de la Casa Judía Yinon Magal presentó la proposición de ley de “Agentes extranjeros”, y desde entonces los diputados de la derecha no han cesado de discutir el contenido de la proposición, cuya aprobación es solamente cuestión de tiempo.

“El Gobierno israelí nos considera ‘traidores’ y ‘agentes extranjeros’ que trabajamos contra Israel, cuando en realidad simplemente denunciamos la ocupación”, comenta un empleado de una ONG afectada. “El Gobierno quiere hacernos callar, quiere impedir que denunciemos la ocupación, impedir que salgan a la luz los datos de la ocupación para que no se conozcan en Occidente”.

“Pedimos a Europa que muestre solidaridad con nosotros, y decimos a los europeos que de la misma manera que aportan sus ayudas para proyectos de investigación en Israel, también la aporten para las organizaciones de derechos humanos”, comenta el empleado de la ONG.