Inmigración Lo que ocurre en el Mediterráneo central no es capricho de Salvini

La actual emergencia que afrontan las personas migrantes y refugiadas que tratan de alcanzar Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, que parte principalmente de Libia con destino a Italia, ha empezado a recibir cobertura mediática y política tras el cierre de puertos anunciado por el nuevo ministro de Interior italiano, Matteo Salvini. Su discurso antiinmigrante y xenófobo ha cristalizado en medidas que, ante la inacción de las instituciones y gobiernos europeos, atentan contra la vida de las personas que buscan llegar a suelo italiano en tránsito desde Libia. Sin embargo, lo que hace Salvini es poner de manifiesto una política de contención migratoria que los gobiernos europeos, en concreto el italiano, han impulsado desde hace cerca de dos décadas en el país libio, cuando éste se convirtió en el principal lugar de tránsito de las personas en desplazamiento de África hacia Europa.

Fue a partir de los 2000 cuando el Gobierno de Silvio Berlusconi empezó a restringir las entradas de personas migrantes, provenientes en su mayoría de países de África subsahariana, a través de acuerdos con el derrocado líder que gobernó el país durante más de 40 años, Muamar el Gadafi. Ambos dirigentes llegaron a una serie de pactos en materia de migración entre los años 2000 y 2004 por los cuales se proporcionaba material logístico a Libia a cambio de contener los flujos migratorios reforzando el control de sus fronteras, y en los que se incluía financiación para la construcción de campos de detención de personas migrantes en territorio libio que se han mantenido y reproducido hasta la actualidad. Migreurop, el observatorio de fronteras formado por activistas europeos y africanos, informa de que entre 2004 y 2005 Italia ya financió la creación de dos centros de detención en las ciudades de Sebha y Kufrah.

Por ello, acuerdos como el vigente Memorando de Entendimiento (MoU) de febrero de 2017 al que llegó el anterior Gobierno de Paolo Gentiloni con las autoridades libias tampoco inaugura una nueva política migratoria, sino que intensifica la tomada hace años. Se trata de un acuerdo que reedita el “Tratado de Amistad” que asumieron una década anterior, en agosto de 2008, Berlusconi y Gadafi para impedir las llegadas a Europa de personas migrantes a través del desembarco en suelo libio de aquellas que transitaban a través de la ruta del Mediterráneo central. No solo a través del refuerzo de los guardacostas libios, sino con la participación activa de los buques italianos en estas devoluciones contrarias al principio de no-devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951 que todos los estados europeos han ratificado, y por cuya vulneración de derecho comunitario la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Italia hace seis años.

Se estima que en el año 2009 al menos 1.400 migrantes fueron interceptados en el mar por las autoridades italianas y devueltos a Libia, donde muchos estuvieron detenidos durante varios meses y otros tantos fueron devueltos a sus países de origen. Como denuncia Amnistía Internacional en su reciente informe “La oscura red de colusión de Libia. Abusos contra refugiados y migrantes con destino a Europa” de 2017, este tratado podría considerarse “el primer paso hacia la institucionalización de la detención ilegal de migrantes en Libia”.

Libia, modelo de la externalización de las fronteras

Bajo el régimen de Gadafi, el Gobierno italiano, siempre respaldado por la UE, asumió acuerdos de cooperación condicionados al control migratorio sin que ningún gobierno europeo denunciara la vulneración de derechos humanos que éstos suponían para las personas en tránsito retenidas en Libia. Tras el derrocamiento de Gadafi en 2011, estos acuerdos bilaterales se han ido intensificando hasta la actualidad con autoridades e incluso milicias criminales libias, ya que que desde entonces no existe un interlocutor válido que controle todo el territorio libio, sin que tampoco ninguna institución o gobierno comunitario denuncie los efectos de estas políticas para las personas migrantes y refugiadas devueltas o retenidas en Libia en centros de detención. Estos acuerdos no se hacen públicos, por lo que las autoridades libias actúan con total impunidad, y se asumen con líderes locales o milicianos que actúan en colusión con las redes de contrabando y tráfico de personas en el Mediterráneo.

Elaboración propia a partir de datos extraídos de la OIM. *La proyección de 2018 (realizada a partir de los datos de enero a mayo de 2018) puede variar por el aumento de las salidas en temporada de verano.

Cuando en los últimos cinco años la ruta del Mediterráneo central se ha vuelto la más transitada y mortífera para acceder a Europa (como muestran los datos del gráfico), la UE y los gobiernos europeos han apoyado –y continúan haciéndolo- políticas que favorecen el proceso de externalización de las fronteras europeas en países de origen o tránsito de las personas que se desplazan, como Libia, sin preocuparse por la garantía de los derechos humanos en dichos países con los que asumen los acuerdos.

Como denuncian desde hace más de una década organizaciones como Amnistía Internacional, CEAR, Médicos sin Fronteras, CONCORD Europe o Human Rights Watch (HRW), estas políticas permiten las devoluciones sumarias a Libia de las embarcaciones en el Mediterráneo (sin respetar el derecho a solicitar asilo de las personas que se desplazan), las detenciones arbitrarias en los centros de detención libios (financiados con fondos europeos), la omisión del rescate de las embarcaciones en peligro en la ruta marítima (impuesta sobre las ONG que realizan operaciones de socorro) y los retornos a los países de origen de los que escapan las personas migrantes y refugiadas. Todo ello a través del adiestramiento de las autoridades libias, tanto de los guardacostas que efectúan las devoluciones hacia Libia como de los agentes que controlan los centros de detención, ambos grupos responsables de los maltratos y las torturas a las personas migrantes.

La aplicación de estas políticas explica que, pese a que la ruta central continúa siendo la más mortífera del Mediterráneo para acceder a Europa, se produzca una disminución de muertes y desapariciones a partir de 2018, relacionada con la aplicación de acuerdos como el MoU y con los retornos a suelo libio. Hasta 2017, ACNUR informa de que 19.333 personas fueron devueltas a Libia por sus guardacostas y, de enero a abril de 2018, se ha producido el desembarco de 4.500 migrantes y refugiados. Además, como ha admitido la Comisión Europea este año, el Gobierno de Italia también destina recursos para instalar un Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Libia con el objetivo de que el país pueda establecer su propia zona de búsqueda y rescate, lo que permitirá que la Guardia costera libia pueda interceptar a más embarcaciones y realizar más retornos a suelo libio.

Los centros de detención en Libia, una idea de la UE

Tal y como reportan desde hace años ONG y agencias humanitarias, existen más de 20 centros en Libia en los que se priva de libertad a personas interceptadas en su ruta migratoria a través del país norteafricano. Los gobiernos europeos fueron los primeros interesados en la construcción de estos centros, ya que desde principios de los 2000 facilitaron su levantamiento con apoyo financiero al régimen de Gadafi. El Gobierno de Berlusconi fue uno de los más activos para la activación de estos campos, como el donado a Gadafi en la región de Bou Rashada.

En la actualidad, se estima que cerca de 20.000 personas refugiadas y migrantes están retenidas en las instalaciones de la Dirección para Combatir la Migración Ilegal de Libia (DCIM), unidad que depende del Ministerio de Interior. Sin embargo, como reconoce el Consejo de la UE, hay decenas de centros controlados de facto por milicias locales. El proyecto Global Detention Project (GDP) ofrece una lista más detallada de las instalaciones de detención operativas y en desuso en Libia, tanto las que controla la DCIM como otros lugares administrados por grupos criminales, milicias u otras personas privadas (interesadas en el contrabando de migrantes). En total, el proyecto reporta el uso de 50 centros de reclusión de personas migrantes operativos en el país y uno (Kufrah) temporalmente cerrado.

Imagen de los centros de detención reportados por el proyecto GDP en Libia. Fuente: GDP.

Naciones Unidas expresa desde 2017 su preocupación por la situación de las personas migrantes y refugiadas en Libia, y apunta a los gobiernos europeos, y en especial a Italia, como cómplices de esta desprotección al asistir a las autoridades libias para retornar a estas personas a Libia. Tras la visita de los supervisores de derechos humanos de la ONU a cuatro centros de detención de la DCIM en Trípoli, el ACNUDH emitió una declaración pública el 14 de noviembre de 2017 en la que confirmó que "las mayores intervenciones de la UE y sus estados miembros no han hecho nada hasta ahora para reducir el nivel de abusos que sufren los migrantes (…) Nuestro monitoreo, de hecho, muestra un rápido deterioro en su situación en Libia”.

Son muchas las organizaciones civiles y humanitarias que han denunciado públicamente las condiciones de estos centros desde la época de Gadafi y también las violaciones tanto físicas como psicológicas a las que son sometidas las personas migrantes que son obligadas a ingresar en estos lugares. La mayoría de testimonios reportan golpes y palizas de los guardias, insalubridad, falta de alimentos y agua, falta de acceso a una atención médica, entre otras vulneraciones de sus derechos humanos. En 2018, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) continúa registrando violaciones graves de derechos humanos y abusos tanto dentro como fuera de los centros de detención, perpetuadas por agentes estatales, grupos armados, contrabandistas, traficantes y otros grupos. En muchos casos, la UNSMIL recabó datos sobre homicidios y torturas de las cuales nadie se responsabiliza, porque se producen en centros no oficiales.

Fondos de cooperación condicionados

La estrategia de externalización de la UE y sus estados miembros no sólo se dirige a los países africanos de tránsito hacia Europa como Libia, sino que se está extendiendo hacia los países de origen de las personas migrantes o susceptibles de demandar asilo al exterior de sus fronteras. El Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF por sus siglas en inglés), a pesar de financiarse a través de los fondos de desarrollo de la UE, parece tener el objetivo político de contener la migración irregular hacia Europa ya que la mayoría de los fondos van destinados a países como Libia (158 millones), Níger (190 millones) y Etiopía (158 millones), considerados socios estratégicos de la UE para evitar las salidas hacia Europa puesto que son los principales puntos de origen o tránsito en la ruta del Mediterráneo central para las personas migrantes de origen africano.

Las responsabilidades europeas

La UE y los gobiernos europeos, como sostienen la mayoría de ONG, organismos de Naciones Unidas, tribunales populares (TPP), juristas europeos e italianos y otras organizaciones de derechos humanos, deberían cumplir la legalidad propia e internacional y dejar de cooperar y financiar a terceros países como Libia donde la vida o libertad de las personas migrantes y refugiadas están en peligro.

El proceso de externalización, acelerado en la última década desde los despachos de los líderes europeos, busca alejar y ocultar las muertes de las personas migrantes que tratan de alcanzar Europa, más allá de las aguas del Mediterráneo. Por ello, la reducción de las muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo central de este último año se corresponde con más muertes, desapariciones y maltratos silenciados en suelo libio.

Tanto la UE como sus estados miembros, en particular Italia, tienen responsabilidades directas sobre las graves violaciones de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas a las que deniegan la entrada y el acceso al asilo, y se encuentran detenidas en Libia o devueltas desde allí a los países de origen de los que escapan (los llamados retornos “voluntarios” asistidos por la OIM). Además, son responsables de los reportados maltratos y las torturas en los centros de detención libios, de las muertes ocultas en el desierto del Sáhara, y de las muertes y desapariciones diarias en la ruta del Mediterráneo central.

Es la falta de información, también buscada por las autoridades europeas al no hacer públicos los acuerdos, la que da popularidad al discurso xenófobo y antiinmigración en Europa y que permite al actual vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, cerrar los puertos italianos a miles de personas atrapadas en el Mediterráneo, dejándolas morir ante la inacción de los dirigentes europeos, responsables silenciosos de los crímenes asociados a la externalización de fronteras. Es este discurso contra la persona migrante con el que se pretende justificar, al fin y al cabo, las políticas de externalización europeas.

Pero, ¿hasta cuándo Europa se puede permitir no responsabilizarse de los crímenes en las fronteras? Como sostienen la mayoría de organizaciones y analistas, la única salida comprometida con el respeto de los derechos humanos supone avanzar con firmeza hacia una política migratoria europea común que incluya la apertura de vías legales y seguras de entrada a Europa para evitar las muertes en las rutas irregulares cada vez más peligrosas, -a través de las cuales las redes de contrabando sostienen su negocio-, y para proteger el derecho a pedir asilo en países que lo recogen, como los europeos. Los canales legales, como ha defendido la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), contribuirían a reducir las muertes en el mar, los abusos perpetrados por las redes de contrabando y el riesgo de que las personas sean víctimas de trata, en especial las mujeres.