A finales de julio, un grupo de vecinos de un barrio humilde de la Ciudad de México, Iztapalapa, compró un pastel, hinchó unos globos y colgó pancartas de "Feliz cumpleaños" en una avenida, el día que se cumplía un año que llevaban esperando que la alcaldía arreglara un bache que había provocado varios accidentes.

El estado de las calles es un argumento que usan ciudadanos de la capital del país para justificar por qué no quieren pagar más impuestos. "Cada neumático me cuesta 200 euros. Si las calles estuvieran perfectas, no me importaría que me quitaran parte de mi patrimonio", comenta M.T., un empresario mexicano de origen español que prefiere no identificarse por seguridad, sobre por qué se opone a que le cobren más impuestos. Tiene 50 años y reconoce que gracias a que se licenció en una universidad privada, pudo emprender una profesión de la que salió un patrimonio por un valor de siete cifras.

Los mexicanos viven con normalidad que en el país haya millonarios. Dan por sentado que existen, aunque no les pongan cara ni nombre. El más conocido es Carlos Slim, hoy 12º hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Carlos Slim es tan rico, que, si su patrimonio se dividiera en partes iguales entre toda la población de Segovia ciudad, todos los segovianos serían millonarios. La lista de la publicación estadounidense la completan otras diez familias de México, un país en el que menos del 1% de la población llega a los 1.500 euros al mes. Con la crisis económica de la covid-19 se estima que habrá 6,1 millones de nuevos pobres en el mejor de los casos — casi toda la población de la Comunidad de Madrid —,12 en el peor de ellos, según un informe de BBVA Research.

Sin embargo, ni el Sars-Cov-2 ha conseguido romper el tabú de los impuestos a las grandes riquezas en el parlamento mexicano. Un año más, diputados y senadores no debatirán si se gravan las grandes herencias con un impuesto de sucesiones o las grandes fortunas con un impuesto al patrimonio. El primero, despareció en 1961; el segundo, nunca ha existido, de hecho, solo tres países de América Latina lo tienen: Colombia, Uruguay y Argentina.

Lo que más se le acercó fue una propuesta que saltó a los medios en septiembre, cuando trascendió que senadores del partido mayoritario, Morena, plantearon regular un impuesto a las herencias. "Pero no tienen el aval del grupo", explicaba el senador de la formación Ricardo Monreal, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido, dijera que no se deberían aumentar los impuestos.

El poder legislativo —que históricamente nació como un poder independiente para autorizar los gastos del gobernante— desechó esta solución, que iba en la línea de lo que han propuesto organizaciones internacionales. Oxfam o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sugieren gravar las grandes fortunas o rentas más altas para paliar la crisis económica de la covid-19.

"Aunque hay separación de poderes, no somos un grupo de sueltos. Nosotros hicimos campaña con el presidente y ofrecimos lo mismo que él", explica Monreal a Público, en relación a la promesa de campaña, en 2018, de no tocar durante los tres primeros años de mandato el elefante en la habitación que en el país es la reforma fiscal.

Ninguna otra formación política lo ha hecho. "Si se refieren a Carlos Slim, que el presidente hable con el, es su amigo", comenta Martha Cecilia Márquez, la senadora del principal partido de la oposición, Acción Nacional. "Primero inviertan el dinero que tenemos en obras viables", dice la del Partido Revolucionario Institucional Núvia Magdalena Mayorga. Ambas parlamentarias forman parte de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la cámara alta.

País poco recaudador

"¿Me quitan un 2% y le dan una parte a los más pobres? No lo harán. Mejor se lo doy yo directamente", dice M.T., dando por supuesto que su patrimonio gravado se desviará por el camino. No tiene ninguna fe en el poder transformador de los impuestos.

La corrupción es un poderoso argumento a favor de los que se niegan a contribuir más. Pero antes de robar, se tiene que recaudar, y México recauda poco. En 2018, los ingresos procedentes de tributos equivalían al 16,1% del PIB mexicano, menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE (34,3%) y siendo el 5º país con menor recaudación de América Latina y el Caribe. Los impuestos a las grandes fortunas o son impensables o se cuestionan porque caen en la doble tributación o se ven muy difíciles de implementar.

"No tenemos estadísticas de riqueza ni registro del patrimonio", afirma el economista experto en desigualdad Carlos Brown. Para el, tiene sentido limitar el patrimonio que los millonarios mexicanos pueden dejar en herencia a través de un impuesto porque, en México, "riqueza es familia y es control del Estado", explica. En 2014, el 37,5% de los millonarios mexicanos heredó su fortuna, mientras que un 25% lo era gracias a conexiones políticas, según la economista Caroline Freund, en su libro Rich People Poor Countries: The Rise of Emerging Market Tycoons and their Mega Firms (Gente rica países pobres: El ascenso de los magnates en mercados emergentes y sus mega firmas).

Brown menciona a Carlos Slim, que compró la compañía de telecomunicaciones estatal, Telmex, cuando se privatizó en 1991; Ricardo Salinas, el segundo hombre más rico del país según Forbes, que se hizo con el paquete de medios que el Estado privatizó en 1993; o el tercero de dicha lista, Germán Larrea, el principal accionista y director ejecutivo de una de las grandes mineras en México.

Los tres formaron parte de la comitiva que acompañó al presidente de México en su visita a Washington, el pasado 8 de julio. López Obrador los presentó ante su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump, como empresarios con dimensión social: "No solo están pensando en la acumulación de ingresos", le dijo, "sino también en que nos vaya bien a todos".