La televisión estaba encendida en casa de los Palma cuando Ricardo justo llegó. Transmitía los informativos, que repetían una y otra vez la misma noticia: el senador e ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, fue asesinado. El hijo menor de la familia se encontró en casa con su hermana Marcela, que lo recordó “plano, neutro, sin manifestar ninguna emoción”. Ella lo intuyó nervioso, pero no le dijo nada. Después de escuchar qué se decía en los noticieros, él caminó hacia su habitación. Marcela se levantó y lo buscó. Lo abrazó y ambos empezaron a llorar.

Ricardo Palma Salamanca –el “Negro”–, militante y combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante la dictadura, tiene una vida digna de película. Una historia llena de épica e intriga que llegó a su final esta semana, tras el rechazo de la Corte de Apelación de París de extraditarlo para cumplir su condena en Chile.

La decisión, que cayó como un jarro de agua fría al gobierno de Sebastián Piñera, que había hecho gestiones directas con su homólogo francés, Emmanuele Macron, para que intercediera en el caso, llega dos meses después de que la Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) del país galo entregara al “Negro” el asilo político. Ya entonces, los partidos de la derecha y el Ejecutivo recibieron la noticia con una rotunda disconformidad.

Marcado por la violencia

Ricardo Palma Salamanca tenía sólo tres años el 11 de septiembre de 1973, cuando las imágenes del golpe de Estado de Pinochet y los bombardeos a La Moneda dieron la vuelta al mundo. Procedía de una familia de militancia comunista, activos seguidores de la Unidad Popular de Salvador Allende. Su domicilio fue allanado tras el golpe, sus padres perdieron el trabajo como profesores y los cinco quedaron completamente desamparados y sin recursos. A principios de los 80, en plena adolescencia de Ricardo, llegó la detención y tortura de sus dos hermanas, ambas dirigentes del movimiento estudiantil a la época.

La violencia marcó la infancia del “Negro”, que ya de pequeño quería ser militar. Apenas se asomó su juventud decidió ir más allá de su militancia en el Partido Comunista y se vinculó al FPMR, que por entonces era parte de su aparato militar. Con 16 años, llevó a cabo su primera acción como combatiente: hacer estallar un explosivo en un instituto la noche antes de la visita del ministro de Educación.

Pero su acción más celebrada, por unos, y a la vez más repudiada, por los otros, ocurrió seis años después, en 1991. El objetivo: el senador y estrecho colaborador de Pinochet, Jaime Guzmán. 

Un informe entregado en 1992 por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) contiene la supuesta declaración de Ricardo Palma Salamanca tras ser detenido, un año antes. El documento, que fue revelado por la prensa hace un año, detalla la confesión extrajudicial del frentista que, sin embargo, nunca fue ratificada con su firma. De hecho, la defensa siempre defendió que esa declaración fue obtenida bajo tortura. El texto muestra las dudas políticas y reparos sobre la misión que le encargaron y los imprevistos que tuvo para ejecutarla.

“Nuestras reuniones [con Raúl Escobar Poblete, quien participó con él en la acción y le dio las instrucciones] fueron más frecuentes, siendo informado en una de éstas, que la acción a realizar era el ‘ajusticiamiento’ de Jaime Guzmán. De inmediato le doy a conocer mi opinión, mostrándome adverso a la acción, por cuanto yo pienso que Guzmán está desarmado, es senador y además representa la lucha que dimos por la democracia. Él me dice que es válido, pero que se trata de una orden, la cual yo acepto”, señala la declaración del “Negro”.

Su única condición fue no ser él el encargado de disparar: “Emilio me dijo que eso estaba acordado y que se iba a hacer así. ‘Bueno’, le dije, ‘pero yo no quiero tener una participación directa en eso’. ‘No’, me dijo, ‘si yo soy el encargado. Tú me cubres las espaldas’. Ese era mi papel”, se escucha en el audio de su interrogatorio, difundido en los medios también hace un año.

Sin embargo, los planes no se cumplieron y ante los imprevistos y el riesgo de frustrar el operativo, Palma disparó, según explicó en la cuestionada declaración.

La muerte de Guzmán

El 1 de abril de 1991, después de que sonara el timbre que marcaba el fin de la clase de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago, todo estaba listo. Guzmán, profesor de la asignatura y senador durante el primer período de la transición, que había empezado sólo un año antes, salió del aula para dirigirse a la sala de profesores. En las escaleras se escondían Escobar, alias el “comandante Emilio”, y Palma Salamanca. Guzmán detectó su presencia y empezó a sospechar. Los “rodriguistas” cambiaron sus planes: decidieron esperarlo fuera del campus universitario. 45 minutos después Guzmán abandonaba el recinto en un Subaru Legacy de color gris, conducido por su chófer. Cuando el vehículo pasó por delante de una parada de bus, Escobar y Palma le dispararon seis balas cada uno. Guzmán recibió el impacto de dos. A las pocas horas, moría en el Hospital Militar.

El ataque fue reivindicado al día siguiente por el FPMR a través de una llamada que reveló que Guzmán era parte de una lista de nombres que el Frente pretendía “ajusticiar” por su implicación con el régimen pinochetista. Un año más tarde, el grupo armado se adjudicó públicamente la muerte del senador en un artículo publicado en su revista. Lo acusaron de ser “uno de los principales autores intelectuales e ideólogos del golpe de Estado y el genocidio posterior”.

En los siguientes meses, Escobar logró escapar a México, donde vivió durante décadas con una identidad falsa. Palma Salamanca, en cambio, fue detenido en 1992. Juzgado y condenado a cadena perpetua, lo vincularon con otros procesos judiciales como el secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño de El Mercurio, el principal diario conservador del país.

Más de 17 años después, todavía no se sabe con toda certeza quién ordenó el asesinato de Guzmán que, a diferencia de otros, generó rechazo en la sociedad y terminó por fortalecer a los sectores más duros de la derecha y a la figura de Pinochet.

La fuga del siglo

“El Negro” pasó cuatro años entre rejas, en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Salió gracias a otra histórica operación del FPMR: una jugada maestra hollywoodiana que se conoció como “la fuga del siglo”.

Desde la clandestinidad, el “comandante Emilio” organizó el secuestro de un helicóptero de turistas para rescatar, desde el patio de la cárcel, a cuatro “rodriguistas” –entre ellos, su excompañero Salamanca– que escaparon colgando de un canasto amarrado al helicóptero.

En el libro El gran rescate (2014), escrito por el propio Palma Salamanca, él mismo relata su recuerdo de ese día: “Todo se achica, pierde la imponencia que tiene desde abajo, la cárcel se ve inmunda, pequeña, espantosamente lejana, ridícula para la melancolía y el dolor que alzaban sus murallas durante todos esos años”, escribió.

Tras la fuga, vivió una larga temporada en México como fotógrafo. El mismo país que había elegido su par Raúl Escobar, que en marzo de 2017 acabó detenido por la policía azteca en una operación contra un grupo de secuestradores en el que, según la justicia mexicana, participaron exmiembros de ETA. Cinco días antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, el gobierno mexicano concedió su extradición a Chile.

“El final de un largo camino”

La caída de Escobar obligó al “Negro” a moverse rápidamente: abandonó México y llegó a Francia, donde solicitó asilo político en junio de 2017. Un año después, la Ofpra se lo concedió. Ese hito marcó un precedente para la solicitud de extradición que requirió la justicia chilena cuando conoció sus intenciones de convertirse en refugiado político. “La Convención Internacional de los Refugiados establece un principio universalmente aceptado y establecido que es la ‘no devolución’, es decir, frente a la solicitud de extradición, la condición de refugiado tiene mayor valor”, explicó a Público el abogado de Palma Salamanca en Chile, Alberto Espinoza.

Y, de hecho, así fue. Dos meses después de la decisión de la Ofpra, ha llegado la del tribunal francés que implica el cierre definitivo del caso. “Es una decisión muy valiosa. Valora la Convención contra la Tortura deslegitimando el proceso en el cual se condenó a Ricardo Palma Salamanca atendiendo que la confesión que prestó fue obtenida bajo tortura”, relató el letrado.

Para él, es “trascendente” porque el caso de Jaime Guzmán “se ha sustraído del ámbito de la jurisdicción y los tribunales para colocarlo en el ámbito político”. En este sentido, Espinoza señaló las “presiones” ejercidas por el presidente Piñera y su ministro de Relaciones Exteriores que “han puesto de relieve que en Chile el principio de separación de poderes está debilitado”.

El punto final de esta historia lo protagonizó el propio Ricardo Palma horas después de conocer la noticia: “Soy hombre libre desde 1996, desde que escapé desde las cárceles del Estado volando junto a tres hombres más. Hoy sigo libre pero las condiciones actuales me han devuelto la tranquilidad perdida hace décadas por haber sido miembro de la resistencia en contra de la mentira, la barbarie y la traición”, dijo en un comunicado.

“Es el final de un largo camino, el final de una forma de relacionarse con la realidad [...] Que esta fiesta sea la reivindicación de los que no alcanzaron a llegar al final de la ruta. Por todas las ignominias e injusticias de una historia compartida y construida por todos”, se despidió.