Los gobiernos de Hungría y Polonia utilizan Pegasus para aplacar a la prensa y la disidencia

Acceder a tus llamadas. Descargar las fotografías o vídeos. Grabarte y tener el control de tus micrófonos de forma invisible y secreta. Es el modus operandi del softaware Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO. Tan pronto como entra en un dispositivo lo infecta todo sin dejar rastro.

Este martes, el escándalo Pegasus ha regresado al epicentro mediático tras la reciente investigación revelada por la revista The New Yorker, que detalla cómo decenas de políticos, abogados y activistas catalanes, así como sus familiares, habrían sido víctimas de ciberespionaje masivo entre 2019 y 2020. Carles Puigdemoent y Oriol Junqueras han anunciado en la Eurocámara que emprenderán querellas individuales y colectivas en España y otros cinco por ello. Y ya ponen todo el peso sobre la implicación del "Estado español". El Gobierno de Pedro Sánchez niega cualquier vinculación, pero el huracán ya está sacudiendo la política española y el diálogo Madrid-Barcelona.

Todo ello coincide con la misma jornada en la que el Parlamento Europeo ha puesto en marcha un comité especial que investigue esta praxis ilegal dentro de la UE así como sus contradicciones con las legislaciones europeas. Y señalan especialmente a los Gobiernos de dos países: la Hungría de Víktor Orbán y la Polonia de Mateusz Morawiecki, los dos países que acumulan años vulnerando la separación de poderes y los derechos fundamentales. De hecho, Budapest y Varsovia suman cinco años bajo el Artículo 7 de los tratados por sus ataques recurrentes a los valores europeos.

El Parlamento Europeo ha puesto en marcha un comité especial que investigue esta praxis ilegal

Diferentes ONG, miembros de la sociedad civil y centenares de eurodiputados llevan años denunciando en Bruselas la ofensiva de Orbán —que acaba de sellar su cuarta victoria consecutiva en las urnas— para acallar a la prensa independiente y estrechar el círculo contra la oposición. Hungría fue de hecho el único país de la UE que apareció en la investigación inicial del escándalo Pegasus, que salió a la luz el año pasado y que revelaba que más de 50.000 teléfonos de todo el mundo habían sido objeto de este software espía. Entre ellos el del presidente de Irak, Sudáfrica o Francia. Así como el de miles de periodistas y activistas de todo el globo. El experto en ciberespionaje John Scott-Railton ha advertido este martes en la Eurocámara que estos sistemas están siendo cada vez más habituales en sistemas democráticos.

El propio Gobierno de Orbán reconoció poco después de que el escándalo saliera a la luz la compra de Pegasus, una herramienta muy costosa y sofisticada de la que se han valido los gobiernos autócratas de todo el planeta para cercar a las voces críticas. Su entramado es tan complejo que estaría al alcance de muy pocos y su paso definitivo pasa por el propio Gobierno hebreo.

Orbán y Morawiecki niegan que su uso de Pegasus tenga como objetivo vigilar a sus adversarios políticos

Budapest alega que su adquisición y empleo se ajusta a la ley, una confesión que asumió poco después y de forma idéntica el Ejecutivo polaco. Ambos se excusan en que su cometido es luchar contra el terrorismo, la corrupción y el crimen organizado.

Orbán y Morawiecki niegan que su uso de Pegasus tenga como objetivo vigilar a sus adversarios políticos o a los periodistas independientes. Pero las víctimas de este ciberespionaje tienen otra historia que contar.

El periodista húngaro Szabolcs Panyi lleva años investigando los vínculos del Gobierno de Orbán con los servicios de espionaje rusos y poniendo el foco en los casos de corrupción que relacionan al hombre fuerte del Fidesz con oligarcas y personalidades de poder. El propio Panyi fue objetivo de este software ilegal. En una comparecencia en el Parlamento Europeo, fechada el 1 de febrero, el periodista e investigador relató cómo el Gobierno húngaro utiliza este programa desde 2018 para perseguir a periodistas, activistas, abogados, empresarios o miembros de la oposición.

Como él, los dispositivos de los jóvenes húngaros Adrien o Daniel, que investigaban casos de corruptelas o se manifestaban contra el Gobierno, fueron hackeados. Y ellos, detenidos, relata. "El Estado de Derecho en Hungría está tan deteriorado que no habrá consecuencias legales contra estas vigilancias ilegales", explicó ante la comisión de Libertades Civiles (LIBE).

Una de las grandes trabas hacia la rendición de cuentas es el vacío legal y el ostracismo que rodea todo lo relacionado con lo ciber y con el espionaje. Bruselas tiene poco o ningún margen de maniobra y exige a los Estados miembros que hagan prevalecer las legislaciones de privacidad, protección de datos y de derechos fundamentales. Pero se trata de un dardo envenenado porque en muchas ocasiones son los propios Gobiernos nacionales los que están implicados y su apetito para llegar hasta el final del caso es, por razones obvias, nulo. Así, para personas como Panyi la situación e indefensión se torna especialmente complicada porque "las víctimas son proyectadas como una amenaza para la seguridad nacional" y denunciadas por ello.

En la misma comparecencia, la fiscal polaca Ewan Wrzosek narró su experiencia como miembro de la Justicia perseguida por Pegasus. Desde su llegada al poder en 2015, el Partido Ley y Justicia (PiS) ha mermado la independencia judicial del país, provocando un choque directo, frontal y sine die con Bruselas. "Polonia es el último país donde el programa Pegasus ha sido utilizado por razones políticas", señaló Wrzosek.

La propia Comisión Europea ha sido objetivo de ciberespionaje de este software israelí

Junto a la fiscal, Amnistía Internacional ha confirmado el uso de Pegasus en Polonia contra el senador Krysztof Brejza cuando se presentaba a las elecciones parlamentarias de 2019 por un partido de la oposición. "Estas averiguaciones son alarmantes, pero no sorprendentes. Suscitan honda preocupación no sólo por la clase política sino por la sociedad civil de Polonia en general, especialmente teniendo en cuenta el contexto de preocupaciones hondas y persistentes en torno al historial gubernamental en materia de derechos humanos y el Estado de derecho", advierte al respecto Anna Błaszczak, la directora de Amnistía Internacional en el país.

La propia Comisión Europea ha sido objetivo de ciberespionaje de este software israelí. La agencia Reuters avanzaba hace unos días que varias personalidades del Berlaymont habrían sido atacadas con Pegasus. Entre ellas el comisario de Justicia Didier Reyenders. La incógnita es ya establecer el quién y con qué intenciones.