El Gobierno está esperando desde el mes de agosto a que EEUU le diga si está espiando las comunicaciones de España. Así lo ha asegurado esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien pese a que ha dicho que no le 'consta' que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) nos esté interceptando, también ha explicado que después de que el semanario alemán Der Spiegel colocara a nuestro país entre uno de los objetivos del espionaje estadounidense el pasado mes de agosto, pidió una explicación formal a la embajada estadounidense en Madrid que aún no ha llegado.

'No hemos tenido respuesta sobre ese tema', reconoció Margallo esta mañana. El titular de Exteriores también afirmó que en el caso de que EEUU reconociera que España ha resultado afectada por el ciberespionaje masivo de la NSA, entonces el Ejecutivo trasladaría al embajador su 'posición'. Una posición que, sin embargo, no ha desvelado.

La actitud del Gobierno español con respecto al escándalo del espionaje destapado por el extécnico de la CIA, Edward Snowden, ha sido la de mantenerse en completo silencio. El pasado mes de septiembre, cuando los papeles de Snowden difundidos en primera instancia por el diario británico The Guardian apuntaron además que Reino Unido había puesto en marcha un sistema de ciberespionaje similar al estadounidense en connivencia y colaboración con la NSA, Público no obtuvo respuesta cuando se puso en contacto con los ministerios de Interior y Exteriores para preguntarles si tenían constancia de que nuestras comunicaciones estuvieran siendo intervenidas.

Las explicaciones de Margallo sobre el tema llegan un día después de que Le Monde haya comenzado a publicar nuevos documentos de Snowden que prueban cómo EEUU interceptó 70,3 millones de comunicaciones en apenas un mes y que sus embajadas estaban siendo pinchadas por la NSA. 

La respuesta de la Unión Europea también ha sido bastante fría pese a que se descubriera que EEUU espiaba a las representaciones europeas en Washington o que Londres controló los teléfonos móviles y cuentas de correo de los políticos que se acercaron al G-20 celebrado en la capital británica en 2009. El pasado 24 de septiembre, la comisaria de Interior, Cecilia Malström, mostró su malestar porque las explicaciones dadas por las autoridades de EEUU hasta el momento no habían sido esclarecedoras. 

Esta mañana, durante un desayuno informativo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, fue un poco más claro que Margallo y advirtió de que 'cualquier actuación que en territorio nacional afectara a ciudadanos españoles puede ser objeto de persecución'. 'En su momento, si así se acreditara', sería objeto de persecución judicial.