Secuestros. Desapariciones. Asesinatos. Son tres trazos duros con que Francisca Chica Ramírez, líder del movimiento campesino en Nicaragua, nos comienza a perfilar el momento que afronta la sociedad civil movilizada en su país. "Lo que pide el pueblo es lograr una democracia verdadera y justicia para las víctimas. Tenemos el compromiso que tenemos con la lucha cívica y pacífica para que no se repitan las dictaduras que se han vivido en Nicaragua", recalca de buen inicio la activista, cara destacada de la Articulación de Movimientos Sociales del país centroamericano. Ramírez visitó hace unos días Barcelona para participar en el acto “Nicaragua: la lucha campesina, ambientalista y feminista”, celebrado en La Bonne y convocado por SOSNicaragua-Barcelona y las Feministas Autoconvocadas Barcelona.

Cerca de un año después de las protestas contra la reforma de la seguridad social encabezadas por el movimiento estudiantil y que tomarían cuerpo de revuelta popular, al sumarse a ella amplias franjas de la sociedad civil descontentas con el gobierno de Daniel Ortega ("un pueblo cansado de sumisión y mentiras", describe doña Francisca), la represión política marca la cotidianidad en el país. "No hay un día en que el pueblo de Nicaragua se sienta en libertad. Tan sólo llevar una bandera es delito. Se convierte en terrorismo. La libertad de expresión está totalmente cerrada. Si publicas una crítica en Facebook, en tres o cuatro horas, te detienen o te desaparecen. O te asesinan", explica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que el Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra manifestantes durante las protestas del 18 de abril al 20 de mayo del año pasado. Desde entonces, más de 40.000 personas se han refugiado en Costa Rica. Chica Ramírez es una de ellas. "Donde había nacido quería morir y el desplazamiento forzoso ha sido difícil", reconoce. "En Costa Rica somos miles de exiliados nicaragüenses. Encuentras a 50 viviendo en una casa y sólo cinco trabajan. Pero buscan en otra parte para que todos puedan comer. La solidaridad es lo que nos genera esperanza", valora.

Su familia hacía medio año que ya se había exiliado. Francisca Ramírez aún se mantuvo unos meses más en Nicaragua, “de lucha en la calle”, hasta el pasado septiembre. “La persecución de los paramilitares, las amenazas... eran constantes”, explica. “Cuando empezaron a encarcelar a las caras visibles, las que siempre estaban organizando movilizaciones, no quedó otra opción que salvaguardar la vida y que no se nos llevaran presas. Porque esta es la obsesión del régimen: encarcelarnos, torturarnos y asesinarnos”. 561 son las personas que contabiliza asesinadas por el Estado de Nicaragua a raíz de la ola represiva iniciada en abril pasado.

Grupos de policías nicaragüenses en una protesta contra el presidente Daniel Ortega, en Managua. REUTERS/Oswaldo Rivas

El exilio se ha convertido en el mecanismo para no hacerla callar y “llevar la voz de los que tienen encerrados, precisamente, para que no se expresen. Entre ellas, a muchas mujeres”, explica doña Chica. “El régimen Ortega-Murillo [por Rosario Murillo, vicepresidenta del país y esposa del presidente] me obligó a salir de mi país por hacer el trabajo que estamos haciendo, pedir lo que el pueblo de Nicaragua exige: libertad y justicia”, reivindica.

Seis años de persecución política

Francisca Ramírez llega explicando que se ha despertado asustada. "He soñado que estaba en mi pueblo", comparte. Se sienta y, con ella, se sientan, también, seis compañeros del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía encarcelados. No sólo los lleva estampados en la camiseta. Los hace presentes en las denuncias y demandas que lanza. Más de 770 personas han sido encarceladas por razones políticas en Nicaragua, según los datos que maneja la disidencia.

Son miles los campesinos y campesinas que han dejado Nicaragua y, así, muchas las tierras que han quedado vacías de cultivos. Una situación que, de mantenerse, hará que "no sólo haya una crisis económica, sino alimentaria", advierte la líder campesina. "No estamos cultivando nuestras tierras porque no hay garantías de que nuestros derechos serán respetados en Nicaragua, donde el odio hacia el campesino es preocupante; un odio que se explica porque somos actores autónomos, no subordinados a los intereses del Estado; un odio que se evidencia en las condenas a 200 años de prisión impuestas a líderes campesinos”, denuncia.

Doña Chica destaca que, dentro del clima de represión generalizada, el control que tiene el ejército en las zonas rurales lo hace aún más duro en estos territorios. “Matan a los campesinos en sus propias tierras o se los llevan, los desaparecen, y las familias los encuentran tres o cuatro días después. Asesinatos. Con ensañamiento. En el norte del país ha habido muchos asesinatos de personas que participaron en las protestas", denuncia.

“La persecución que el mundo conoce de abril en adelante, el movimiento campesino la vivimos desde 2013", afirma. Es el año que Ramírez se situó al frente de la lucha para frenar la construcción de un canal interoceánico que era presentado como la competencia del canal de Panamá y que generaría un gran impacto ambiental al atravesar el lago Cocibolca, una de las principales reservas de agua dulce de la región. “El gran capital aplaudía el proyecto y engañaba a un sector de la población de Nicaragua, al decir que el canal interoceánico era la salida de la pobreza”, lamenta la activista. “La concesión canalera nos expulsaba de nuestras tierras y nadie dijo nada. Nadie se pronunció por la violación de nuestros derechos. A los campesinos nos enviaban a morir en la miseria, por lo que no hubo otro camino que organizarnos y resistir”, relata. El movimiento campesino frenó el macroproyecto de capital chino. Pero la amenaza de las políticas extractivistas a su forma de subsistencia y de vida no ha desaparecido.

Si bien en los años de lucha y sangrienta represión para defender al territorio el campesinado, lamenta doña 'Chica', no contó con ningún otro sector que le apoyara, el 20 de abril del año pasado, al conocer los primeros asesinados en las protestas en Managua, el movimiento campesino salió a la calle y se sumó a las movilizaciones. “El régimen de Ortega cuando sintió que el pueblo se había revelado, lo que hizo es llamarnos a un diálogo. Pero sólo lo hizo para prepararse con paramilitares y asesinarnos en todas las protestas”, explica. “Ortega hizo un plan de limpieza, con armas de alto calibre, contra la ciudadanía que exigía justicia y que, como mucho, contábamos con una piedra o una bandera azul y blanca”, añade.

Desconfianza en el diálogo abierto

Praga, Madrid, Barcelona. Vendrá Bruselas. También París. Ramírez continúa la gira europea para denunciar la violación de derechos humanos en Nicaragua y pedir a la comunidad internacional que deje de oxigenar al régimen de Ortega. La noticia de que el Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros a sancionar a los responsables, es recibida como una primera victoria. Por ahora, simbólica. "Esperamos que la Unión Europea juegue un papel en ayudar a la sociedad nicaragüense a salir cuando antes de este régimen criminal. Y que no se trate de un mecanismo para salir adelante económicamente y políticamente, sino para ayudarnos a conseguir justicia", enfatiza la líder social.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. REUTERS/Oswaldo Rivas

La resolución llega en un momento en que las conversaciones con el gobierno de Ortega para desatascar la crisis se reanudan. Pero Francisca Ramírez se las mira con desconfianza. El movimiento al que pertenece es uno de los actores que se levantó de la mesa negociadora. "Ortega tiene a los líderes campesinos condenados a 200 años de cárcel y tiene encarcelados a los líderes estudiantiles que estaban en la mesa de diálogo. Sólo lleva a la mesa de negociación a los actores que le parece. Esto genera mucha desconfianza en la ciudadanía, porque vemos otros intereses, no las demandas del pueblo", plantea. El empresariado (los que “miraban las masacres que nos hacían y siempre callaron”, condena Chica Ramírez, recordando los años de lucha para frenar la construcción del canal interoceánico) es, actualmente, la otra parte que se mantiene sentada con el gobierno de Nicaragua.

"Hoy más que nunca, tenemos razones para desconfiar y pensar que sólo velan por los intereses económicos y no por los derechos humanos y para lograr alcanzar reparación. Y si no hay reparación, habrá repetición. No queremos que se repita la historia de Nicaragua y por eso tenemos mucho miedo de los actores que hoy se sienten interesados en encontrar una solución a Daniel Ortega", explica la activista, mientras insiste en que, quien ha cometido crímenes de lesa humanidad, no se puede mantener al frente de un gobierno.

El texto del Parlamento Europeo pide, entre otras medidas, suspender la participación del país centroamericano en el acuerdo de de asociación con la Unión Europea, la celebración de elecciones libres y con observación internacional, frenar el acoso contra los y las líderes de la oposición y la liberación de las personas presas por razones políticas. Esta es, insiste doña 'Chica', la prioridad. Un gesto que la oposición considera imprescindible para negociar y desatascar la crisis en Nicaragua.

"Ortega, hoy, miente como siempre ha hecho. Como cuando dijo que en Nicaragua había un gran desarrollo económico y, en realidad, sólo lo ha habido en su círculo. La población cada día estaba más pobre y los sectores campesinos teníamos cerrados muchos espacios económicos”, denuncia la líder campesina, para quien, “con el famoso diálogo que ha abierto, quiere engañar a la comunidad internacional, mientras hay grupos paramilitares que Ortega mismo armó, que toman las calles y matan con impunidad”. “Lo que tenemos en Nicaragua es un Estado criminal”, remacha.