La Campaña No al TTIP ha cubierto este martes la estatua de El Oso y el Madroño de Madrid en protesta contra el polémico Tratado de Libre Comercio entre Washington y Bruselas, coincidiendo con la celebración de la octava ronda de negociaciones del acuerdo en la capital belga.

Miembros de Ecologistas en Acción han tapado la estatua con una gran tela para después desplegar una pancarta contra el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) que la UE y EEUU negocian con sigilo, a pesar del creciente rechazo de plataformas y movimientos sociales en España, y fundamentalmente en otros países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido.  Las críticas sobre la opacidad de las reuniones o el peso de las empresas en estos encuentros han provocado que la Comisión Europea intensifique sus esfuerzos por vender un acuerdo que, a juicio de quienes lo rechazan, restará soberanía a los estados para entregársela en bandeja a las multinacionales.

"Lo peor es el Consejo de Cooperación Reguladora que incorpora el TTIP", asegura a Público Concha García, de Ecologistas en Acción. García explica que este organismo sentará a los gobiernos nacionales y supranacionales en la misma mesa que a las corporaciones a la hora de adoptar nuevas regulaciones o de revisar las ya existentes, que estas podrán bloquear la aprobación de normativas que afecten a sus expectativas de negocio.

"Con este proceso se impulsarían procesos de toma de decisiones para 'eliminar barreras' al comercio y las inversiones", lo que "acomodaría legislativamente los intereses de las corporaciones por encima del interés público, amenazando la capacidad y el derecho de legislar a nivel nacional, regional o local", según la nota de prensa difundida por los activistas.

Más de 300 organizaciones participan en la Campaña No al TTIP, que esta semana también se ha desplazado a Bruselas para coordinar la estrategia de oposición al acuerdo. Además del Consejo de Cooperación Reguladora, el tratado incorpora un mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS) que ha sido rechazado por un 97% de los europeos, en una consulta orquestada por la Comisión en la que han participado 150.000 ciudadanos.

El ISDS permitirá a las multinacionales demandar por cifras millonarias a los estados en los que realicen inversiones ante tribunales de arbitraje privados, y no ante las justicias nacionales, de considerar sus inversiones afectadas por los cambios regulatorios que realicen estos países. Para los opositores, esta cláusula significa una nueva pérdida de soberanía para los 28, y el tratado en su conjunto supone un nuevo mecanismo de las multinacionales para lograr mayores beneficios, rebajar estándares y cimentar las políticas neoliberales que en los últimos años han aplicado los gobiernos de ambos lados del Atlántico.