Cultivan, pero dejan con hambre a la gente del lugar. Producen, pero no para dar de comer. Gobiernos, fondos soberanos y especuladores han acelerado en los últimos meses la compra o el arrendamiento masivo de tierras cultivables en los países pobres, iniciado tras los disturbios del hambre de 2008. Como esos inversores ponen entre rejas gigantescas extensiones de tierras arables, en lugares donde hay malnutrición, para luego llevarse las cosechas o especular con ellas en bolsa, la tendencia inquieta a las ONG y a la ONU. Estas organizaciones han impulsado el primer intento diplomático para atajar ese nuevo latifundismo mundial.

El relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, disparó la alarma durante una reunión de estados, agencias internacionales y ONG celebrada en Dublín el lunes y el martes pasado. Unos 20 millones de hectáreas de tierra arable del mundo pobre ya tiene un candado puesto por algún Gobierno extranjero, fondo soberano foráneo, o inversor especulativo. Otros 30 millones de hectáreas son objeto de negociación actualmente.

El hambre no deja de crecer: 1.020 millones de personas la sufren

E informe que presentó a la Conferencia de Dublín, De Schutter intenta que el nuevo Plan de Acción Global sobre derecho a la alimentación integre dos prioridades: 'dar primacía al derecho a la alimentación por encima de la creación de un mercado de títulos de propiedad o de arrendamiento de tierra' y 'reforzar los derechos' de los agricultores, ganaderos y cazadores o pescadores tradicionales locales sobre su suelo.

Cara a la Asamblea General de la ONU de septiembre, De Schutter tiene previsto proponer una moratoria sobre todas esas inversiones a gran escala en tierras arables, cuyo objetivo es puramente especulativo o de seguridad para países ricos o emergentes.

Lo que está en juego es de magnitudes que De Schutter califica de 'insensatas'. Los disturbios del hambre de 2008, debidos a una burbuja especulativa en los mercados internacionales de alimentos, demostraron que el dogma agrícola de los últimos 40 años superproducción, subvenciones a la exportación y mercado libre no funciona a la hora de dar de comer al hambriento.

El África al sur del Sáhara es el principal objetivo de los especuladores

Desde entonces, el tema parece haber desaparecido. Pero el último informe de la FAO señaló que el hambre sigue creciendo, con 1.020 millones de personas desnutridas en el mundo en 2009, cifra récord. Si los nuevos latifundistas globales logran sus objetivos, la situación empeorará.

En Madagascar, las sociedades india Varun y surcoreana Daewoo, dueños de cientos de miles de hectáreas, han tenido que renunciar a sus proyectos de expansión por la presión popular. Pero el ejemplo no cunde. La República Democrática del Congo ha cedido diez millones de hectáreas a la Unión de Granjeros de Suráfrica.

En Madagascar, la presión popular ha puesto freno a la voracidad foránea

En Mali, las autoridades han concedido 100.000 hectáreas a Libia, para un arroz que los malienses no comerán. En Sudán, Corea del Sur adquirió 690.000 hectáreas para plantar trigo. Por no hablar de la inmensa concesión obtenida por un fondo neoyorquino, Jarch Capital, tras pactar con señores de la guerra en regiones rebeldes de Sudán.

La presión comercial sobre la tierra, según los expertos, se ejerce principalmente sobre África subsahariana, sobre todo en Camerún, Etiopía, Ghana, Madagascar, Tanzania y Sudán. Son lugares con hambre o desnutrición crónica, después de décadas de destrucción de la agricultura familiar local a causa de la ayuda y de las exportaciones subvencionadas del Norte.

El sureste asiático entra en esa corriente que las ONG ya califican con un nuevo concepto: el de land grabbing o acaparamiento de tierras. El año pasado, el grupo saudí Bin Laden firmó el arrendamiento de 500.000 hectáreas para producir arroz y llevárselo a su país. Y también hay rejas ya sobre superficies inmensas en Filipinas, Laos, Camboya o Pakistán. Ucrania,

El 35% de estas tierras produce agrocarburantes, en lugar de alimentos

El Banco Mundial, a partir de una muestra de 389 de estos latifundios en 80 países, ha detectado que un 37% está destinado a pastos o a producir alimentos o piensos transportables, cuyo destino son los mercados internacionales.

Por otra parte, un 35% apuntaba a la producción de agrocarburantes. Para De Schutter, 'Incentivar las [energías] renovables en los transportes acelera el acaparamiento de tierras', cuando 'derecho a la alimentación y lucha contra el cambio climático deberían conjugarse'.

Uno de los principales centros de agronomía del mundo, el CIRAD de Francia, ha estudiado lo ocurrido en Madagascar, y ha constatado que las autoridades accedieron a vender tierras a los inversores porque éstos prometían una utopía de 'zonas francas' competitivas, con 'ciudades llave en mano', adosadas a las plantaciones. Frente a esa ilusión, sólo la evocación de que 'la tierra de los ancestros' no se vende fue útil a la hora de parar la especulación.