La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha confirmado esta mañana, durante el vuelo que lleva al presidente del Gobierno a Túnez, la 'retirada temporal' de la representación diplomática española en Libia. Jiménez ha aclarado que no se trata de una ruptura de relaciones diplomáticas ya estas 'no se rompen con personas, sino con países'.

 José Luis Rodríguez Zapatero visita Túnez con el doble objetivo de conocer cómo las autoridades y sociedad del país perciben la transición democrática que se ha iniciado tras la caída del presidente Zine el Abidine Ben Ali el pasado 14 de enero y ofrecer 'asesoramiento' en ese proceso.

España retirará, por tanto, todo el personal diplomático en la zona, aunque la embajada permanecerá abierta 'con personal local'. 'No tenemos nada que hacer en estos momentos allí', ha justificado la titular de Exteriores.

Las instruccuiones que dio Jiménez al embajador, Luis García Cerezo, fueron que permaneciera en el país hasta que hubiera salido el último ciudadano español que deseara abandonarlo, circunstancia que, ha aclarado, se producirá hoy mismo.

Los últimos 15 españoles (entre personal de la embajada, Geos, etcétera) abandonarán Libia en un avión de las fuerzas armadas.

Jiménez ha informado también de que, el pasado viernes se envió un avión con ayuda humanitaria a la frontera entre Túnez y Libia con 30 toneladas de ayuda, de la que podrían beneficiarse 10.000 personas. El Gobierno, en coordinación con ACNUR y Cruz Roja internacional, prepara un segundo vuelo del que, por el momento, no se ha detallado cuando partirá.

Por otro lado, Trinidad Jiménez ha defendido que España aplicará las sanciones a Libia manteniendo los pasos lógicos en este tipo de cuestiones: el Consejo de Seguridad  de la ONU aprobó el viernes las sanciones, el lunes fueron aprobadas por la Comision europea y, posteriormente, se dio el visto bueno al reglamento que da pie a la aplicación concreta de las sanciones de cada país.

En relación a la finca de de 6.500 hectáreas ubicada en Málaga, entre los municipios de Marbella y Estepona, que según diversas informaciones pertenecía a Gadafi, fuentes gubernamentales han aclarado  que se compró hace 20 años y, después de varias comprobaciones, se ha concluido que no es propiedad del sátrapa libio, sino de un banco del país.

Con todo, España ha decidido 'congelar' la finca de forma preventiva para que los Gadafi no hagan uso de sus propiedades.

El Ministerio de Economía y Hacienda está investigando si la familia del líder libio posee cuentas bancarias en España pero, de momento, no parece que dispongan de ellas.