Erdogan incluyó en su lista negra de golpistas a un fiscal fallecido hace dos meses

MADRID.- El hostigamiento de las autoridades de Turquía a los supuestos golpistas no tiene límites, hasta el punto de perseguir muertos. De entre todos los detenidos y funcionarios suspendidos, los jueces y fiscales son uno de los objetivos prioritarios de la caza de brujas liderada por el presidente Recep Tayyip Erdogan. La fijación es tal que tan sólo unas horas después del intento de golpe la agencia semipública Anadolu ya había publicado una extensa lista con los representantes del aparato de Justicia turco señalados como responsables del golpe. La relación de nombres y apellidos es realmente larga, lo que alimenta las sospechas sobre si la asonada tuvo realmente tal nómina de cómplices. Más aún cuando uno de los incluidos en el listado había fallecido hace dos meses.

El fiscal Ahmet Biçer murió el pasado 23 de mayo de un ataque al corazón. Las autoridades turcas le señalaron como uno de los responsables del golpe del pasado día 15

Desde los acontecimientos del pasado viernes 15, día de la asonada, Medel ha denunciado la persecución a la que están siendo sometidos sus colegas turcos y las "terribles situaciones" que éstos relatan cuando pueden dar algún tipo de información. La organización, que teme por su integridad física, no tiene noticias de varios de ellos.

Policías custodian a dos militares turcos detenidos. - REUTERS

"Es exactamente lo que nos temíamos"

Por todo ello, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia, como miembros de Medel, y junto a la asociación de Turquía YARSAV, reclaman al embajador turco en Madrid, Ömer Önhon, que pida a su Gobierno "la liberación inmediata de los jueces y fiscales detenidos" y que le recuerde su compromiso con la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho. Ankara decidió el pasado jueves suspender la Convención Europea de Derechos Humanos.

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales tienen previsto, dentro de su compaña por la liberación de sus compañeros turcos, entregar el próximo martes 26 en la embajada de Turquía de la capital sendas cartas en las que denuncian "la suspensión de 2.745 jueces y fiscales y la detención y encarcelamiento de, al menos, 200, entre ellos un juez del Tribunal Constitucional". A todos ellos se suman los 262 jueces y fiscales militares suspendidos en las últimas horas.

Desde Bruselas también se apunta que "las listas que ya estaban disponibles
justo después del intento de golpe, indican que algo estaba preparado, que en cierto momento tendrían
que ser utilizadas"

Las asociaciones denuncian en la misiva que "la rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces y fiscales hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas medidas". "Sin lugar a dudas", subrayan, "las mismas se incardinan en los intentos durante estos últimos meses de desestabilizar e incluso depurar la Judicatura y la Fiscalía por parte del Gobierno". 

Estado de emergencia, medidas restrictivas, pena de muerte...

Las críticas internacionales ante la magnitud de la caza de brujas poco importan a Erdogan y su Gobierno. Este mismo viernes, el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, dejaba claro que Turquía estudiará la reintrodución de la pena de muerte sin tener en cuenta la reacción de la UE o las consecuencias de ello ante su posible ingreso en el bloque comunitario.

El Gobierno turco aumenta de siete días a un mes el periodo de detención provisional y se reserva el derecho de poder restringir las reuniones de los detenidos con sus abogados 

"Hemos regulado la pena de muerte ─abolida en 2004─. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera", declaró el ministro, que para defender su posición aseguraba que tras la asonada militar se han producido manifestaciones masivas en las que la gente ha pedido la reinstalación de la pena capital