Ante la pasividad de la administración Trump en su respuesta al aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos, los demócratas en el Congreso quieren tomar el mando de la situación: el congresista Rubén Gallego presentará la semana que viene en la Cámara Baja una propuesta que reclamará que el Estado garantice con fondos públicos la cobertura completa de todas las personas afectadas por el coronavirus.

Según confirman a Público fuentes del equipo de Gallego, esto incluye tanto las pruebas de detección del virus como los tratamientos además de a todas las personas que estén en suelo norteamericano, tengan seguro médico o no y estén en el país de forma irregular o como turistas.

La propuesta llega tras la pasividad y falta de respuesta mostradas por la administración del presidente Donald Trump ante el aumento de casos en el país, que se enfrenta a una más que posible epidemia. Ya son más de 230 contagios en una veintena de Estados y se han contabilizado 14 muertes.

El punto de inflexión en la manera de afrontar esta crisis por parte del gobierno norteamericano llegó el pasado miércoles. Ese día, el vicepresidente Mike Pence, nombrado por Trump como coordinador del grupo de emergencia del coronavirus, ofreció una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que se limitó a afirmar que las aseguradoras privadas sufragarían los costes de las pruebas y tratamientos del coronavirus e ignoró las preguntas sobre qué pasará con las personas sin seguro médico, con las que tengan uno de escasa cobertura o con quienes estén en el país de forma irregular.

El Covid-19 sin sanidad pública

En Estados Unidos no existe un modelo de sanidad pública como en Europa. Sólo existe un seguro financiado con fondos públicos para personas con pocos recursos y jubilados, pero sus coberturas no son completas. Así que, de los 327 millones de habitantes del país, 28,6 millones (entre ellos 4,3 millones de menores de edad) no tienen ningún tipo de cobertura médica y otros 40 millones tienen una cobertura muy limitada.

Ya el día antes de que Pence diera la rueda de prensa, y ante la inacción del gobierno, más de 800 expertos e instituciones firmaron una carta que remitieron precisamente al vicepresidente y a los responsables de las agencias federales implicadas en el coronavirus, alertándolos de que "será fundamental que los responsables políticos garanticen un acceso amplio y asequible a las pruebas y los tratamientos. Los esfuerzos de control serán menos eficaces si hay personas que no buscan un diagnóstico o una atención adecuada debido a los grandes gastos que supondrían para su bolsillo o por los copagos. Si se desarrollan terapias o vacunas", zanja la carta, "debe asegurarse de que sean asequibles y estén disponibles para todos, incluso para quienes no estén asegurados".

"La transmisión sostenida del coronavirus en Estados Unidos parece hoy inevitable", añade la carta, "la extensión y el impacto de la epidemia es difícil de predecir y dependerá de forma crucial de la reacción de los actores políticos. Una respuesta exitosa deberá proteger la salud y los derechos humanos de todo el mundo en Estados Unidos, la carga del coronavirus no debe recaer injustamente sobre los más vulnerables".

Ante esta situación, Estados como el de Nueva York, donde viven 20 millones de personas, anunciaron esta semana que, llegado el caso, se plantearían declarar la situación de emergencia, una acción que les permitiría destinar fondos públicos para realizar los gastos necesarios para cubrir a toda su población.

En este contexto se produce la propuesta del congresista por Arizona Rubén Gallego, quien trabaja a contrarreloj para presentarla la semana que viene, según confirma a Público un portavoz.

"El coronavirus podría propagarse aún más rápidamente si la gente evita las pruebas y el tratamiento debido a los costes médicos astronómicos", ha asegurado Gallego esta semana en un comunicado.

"Nadie debería verse obligado a poner en riesgo su propia salud y sus vidas y la salud y las vidas de quienes lo rodean, por no poder permitirse una atención médica decisiva", afirmó.

Antecedentes del empleo de fondos para gastos sanitarios

El empleo de fondos públicos para cubrir los gastos sanitarios de la población tiene un antecedente cercano en Estados Unidos: en 2015 el Congreso aprobó liberar fondos públicos para que el gobierno federal pagara las facturas de los hospitales privados por la atención de enfermos de ébola.

Si el Estado no llegara a garantizar con fondos públicos la atención médica de toda la población del país ante la probabilidad de una epidemia de coronavirus, "sería un riesgo enorme porque significa que muchas personas no podrán permitirse pagar si quiera la prueba para saber si están contagiados", asegura Eagan Kemp, de la ONG Public Citizen.

Kemp denuncia el riesgo de poner esta situación en manos de compañías privadas: "Dado que las compañías de seguros se centran en obtener beneficios, les interesa pagar lo menos posible por la atención de los pacientes", explica.

"En cuanto a una situación de pandemia", prosigue, "la mayoría de los tratamientos seguirían estando cubiertos por el seguro privado de una persona, pero es posible que no se cubran ciertas pruebas y es probable que la estancia en el hospital siga siendo costosa, dados los copagos y los deducibles".

Los deductibles de un seguro médico es la cantidad que uno tiene que ir abonando de su propio bolsillo cada año para tener derecho a ser cubierto por el seguro que tiene contratado. De modo que un deductible alto (que permite un seguro más económico) implicaría que una persona tenga que pagar de su propio bolsillo varios miles de euros antes de empezar a estar cubierta por el seguro.

"Y puesto que estamos a primeros de año", apunta Kemp, "mucha gente aún no ha alcanzado su deducible y por lo tanto pagará aún más para recibir atención hasta que lo haga. Así que seguro que habrá muchas personas que no podrán pagar su deducible y por lo tanto se endeudarán si reciben atención médica", denuncia.

El coste de las pruebas y el tratamiento

Según un informe de la Kaiser Family Foundation, en 2019, el 82 por ciento de los trabajadores con seguro médico a través de su empleador tenían un deducible anual, frente al 63 por ciento de hace una década. El deducible promedio de una persona soltera con seguro del empleador ha aumentado 162 por ciento en ese tiempo, pasando de 533 dólares (470 euros) en 2009 a 1.396 dólares (1.233 euros) el año pasado.

Tampoco dio información Mike Pence en su rueda de prensa del miércoles cuánto costaría la prueba o el tratamiento del coronavirus. El Miami Herald contó en febrero el caso de Osmel Martínez Azcue. Tras regresar de un viaje a China, Martínez Azcue empezó a encontrarse con síntomas de gripe y acudió a un hospital de Miami. Tras hacerle un análisis de sangre y otro de saliva para detectar el coronavirus, dio negativo y lo enviaron para casa. Días después le llegó una factura de 3.270 dólares (2.890 euros).

Martínez Azcue aseguró al Herald que tenía un seguro privado limitado que, en principio, le cubría 1.870 dólares de esa suma pero no la cuantía total. Con todo, la aseguradora le informó de que incluso para ello Martínez Azcue debería aportar un informe de su salud de los últimos tres años para probar que su gripe no estaba relacionada con condiciones médicas preexistentes. Si finalmente no puede aportar ese informe o si la compañía considera que puede existir un vínculo entre algún proceso anterior y esta gripe, puede rechazar cubrir ese gasto.

"Cuando los pacientes intentan ir al médico o al hospital a menudo no saben cuánto les va a costar, por lo que reciben una factura mucho más alta de lo esperado", afirmó el pasado miércoles a la revista Time Christopher Whaley, economista de la salud de la Corporación RAND. "En una situación normal, eso ya es caótico y desafiante para los pacientes. Pero cuando se añade a esa situación una potencial pandemia, entonces es aún peor".