El informe especial '301' es un examen anual de la situación mundial de los derechos de propiedad intelectual, su protección y su ejecución, llevada a cabo por el Departamento de Comercio y la Oficina de Presidencia de EEUU. El informe refleja la voluntad de la Administración estadounidense de fomentar y mantener un sistema eficaz de protección de los DPI y su cumplimiento en todo el mundo.

El informe es el resultado de consultas con las partes interesadas, gobiernos y representantes de cada uno de los países. En esencia, agrupa a los países entre aquellos a los que hay que vigilar estrechamente y a los que hay que atender para que mejoren sus sistemas.

En su edición 2009, España figura como uno de los países a los que hay que seguir vigilando. EEUU insta a que el Gobierno español adopte medidas rápidas y significativas para abordar el problema de la 'piratería' en Internet. El informe apunta a que el Gobierno español ha realizado escasos esfuerzos para cambiar la errónea percepción extendida entre los ciudadanos españoles de que 'el P2P para compartir archivos es legal'.

Además, aunque las autoridades policiales españolas han adoptado algunas medidas contra los piratas en páginas web, en el ámbito judicial no se han podido ejecutar sentencias que permitan proteger eficazmente los derechos de propiedad intelectual, al carecer los jueces y fiscales de las herramientas jurídicas necesarias.

Así, EEUU insiste en que en España es necesario dejar claro que el 'P2P para compartir archivos es ilegal' y no debería ser 'autorizado'. Además, apunta a que algunas sentencias judiciales apuntan precisamente a lo contrario: 'a legitimar dicha actividad ilícita'. Con respecto al apartado español, el informe concluye en que EEUU seguirá trabajando en estrecha colaboración con España para abordar estas cuestiones de vigilancia de derechos de propiedad intelectual durante todo el año.

El informe destaca los esfuerzos sostenidos por Corea y Taiwán, que este año han sido eliminados de la lista de vigilancia. Sin embargo, señala graves problemas en países como China y Rusia y añade su creciente preocupación en países como Arabia Saudí, Argelia, Canadá o Indonesia.

La lista de vigilancia prioritaria se ha completado este año con países como Argentina, Canadá, Chile, India, Israel y Venezuela, entre otros. Los países que generan preocupación, pero que el Informe señala que sus sistemas de protección de derechos comienzan a mostrarse efectivos, destacan Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Finlandia, Grecia, Italia, México, Noruega, Perú, Polonia, España y Turquía, entre otros.