El ministro portugués del Interior, Miguel Macedo, ha dimitido este domingo por considerar que perdió 'autoridad' tras ser desmantelada una trama corrupta que incluía a varios altos cargos públicos dedicada a la concesión de visados a extranjeros. Macedo, en una breve declaración a los periodistas sin derecho a preguntas, subrayó que no tiene 'ninguna culpa ni responsabilidad personal' en este caso, pero decidió igualmente asumir su 'responsabilidad política'.

La operación policial para desmantelar la trama corrupta fue conocida el pasado jueves, cuando fueron detenidas once personas por su relación con esta red, entre ellas tres altos funcionarios. Los agentes llegaron, incluso, a registrar las instalaciones del Ministerio del Interior en el marco de esta operación. Macedo confirmó que tenía intención de dimitir ya el pasado viernes, pero aceptó replantearse su salida durante el fin de semana a instancias del primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, quien finalmente aceptó hoy su decisión.

'Me marcho para defender al Gobierno, la autoridad del Estado y la credibilidad de las instituciones', insistió el ya extitular de Interior, quien llevaba en el cargo desde el principio de legislatura, en junio de 2011. Explicó que, 'pese a no tener ningún tipo de responsabilidad personal, en el plano político los criterios son distintos. El ministro de Interior ejerce funciones en áreas de exigencia y debe tener una autoridad fuerte para hacerlo de forma eficaz. Esa autoridad quedó disminuida y, en esta cartera, el ministro nunca puede ver su autoridad disminuida'.

El ministro aseguró que respeta la investigación en curso y subrayó que 'quien haya infringido la ley debe ser responsabilizado'. Los tres altos cargos públicos detenidos -este fin de semana ya declararon ante el juez- en esta operación son el director nacional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), Manuel Jarmela Palos; la secretaria general del Ministerio de Justicia, Maria Antónia Anes, y el presidente del Instituto de Registros y Notariado, António Figueiredo.

El Servicio de Extranjeros y Fronteras pertenece directamente al Ministerio del Interior y tiene como objetivo asegurar el control de las personas en las fronteras, de los extranjeros en territorio nacional, combatir la criminalidad relacionada con la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos y gestionar los documentos de viaje y las peticiones de asilo. La presión sobre Macedo fue creciendo a medida que medios locales recordaron la amistad personal que le unía con uno de los altos cargos detenidos, António Figueiredo, y la relación profesional que mantuvo con la hija de éste -también investigada en este caso- antes de entrar en el Gobierno en 2011.

Se estudia la atribución de unos visados especiales (conocidos como 'Visos Gold') a extranjeros, un instrumento creado en octubre de 2012 por el Ejecutivo con el objetivo de fomentar la inversión foránea en el país en un momento de crisis. Esta vía garantiza la autorización de residencia a todo ciudadano extranjero que transfiera un millón de euros a Portugal, que cree al menos diez puestos de trabajo o que compre inmuebles por un valor mínimo de 500.000 euros. El documento otorga derecho a circular libremente por el espacio Schengen de la Europa sin fronteras, lo que supone una ventaja clave para muchos inversores.

En estos dos años Lisboa autorizó más de 1.600 de estos permisos de residencia para extranjeros -en torno al 80% fueron concedidos a chinos- con una inversión estimada en más de mil millones de euros. Este sábado, el semanario Expresso informaba de que la policía encargada de la investigación de este caso comprobó que miembros del Servicio de Informaciones de Seguridad portugués (agencia de inteligencia del Estado) 'limpiaron' de escuchas la oficina del presidente del Instituto de Registros y Notariado, António Figueiredo, en estos momentos arrestado. La propia agencia admitió a medios oficiales haber realizado una 'limpieza electrónica' en la sede de esta entidad recientemente a petición de su presidente, aunque afirmó que se trata de una actividad habitual en los organismos públicos.